- Fuente: Vanguardia
- 13 agosto 2012
- Precarias condiciones laborales de mineros son solapadas por autoridades, apuntan activistas
- Foto: Archivo Vanguardia
Saltillo. Los accidentes en las minas de carbón de la Región Carbonífera de Coahuila, que causan 15 muertos promedio por año, desde hace mas de 100 años, «son una política laboral del Estado», señaló hoy el grupo de apoyo a los mineros encabezado por el Partido de los Comunistas.
«Se ha creado el mito de que esos accidentes son fortuitos, que no pueden evitarse y que el minero que tenga miedo pues que no entre a la mina o al pocito. La realidad es que el minero de carbón es super explotado y el medio en el que vive, aparte de condicionarlo para ese trabajo, lo obliga por necesidad a prestar ese servicio por un salario miserable arriesgando su vida, su salud y la seguridad de su familia», afirmaron en un comunicado.
El Partido de los Comunistas mantuvo una larga lucha por el rescate de los cuerpos de 63 de los 65 mineros que perecieron en Pasta de Conchos. Allí, recordaron «se sentó el precedente de un asesinato industrial», por el que fue presentada una demanda en un tribunal internacional por el Sindicato Nacional Minero en contra de IMMSA (Industrial Minera México SA ) de Germán Larrea.
Además de esa demanda se emplazó a huelga en 3 minas que se encontraban en pésimas condiciones y ponían en riesgo la integridad física de los trabajadores.
Al no cumplir con la demanda del Sindicato, estalló la huelga en Cananea, Sombrerete y Taxco, minas propiedad de Larrea, y «huelgas que no se han resuelto y que el Estado, poniéndose al lado del patrón (IMMSA) ha violado el derecho de los trabajadores, permitiendo la entrada de esquiroles para explotar las minas, y en el caso de Pasta de Conchos, donde la Secretaría de Minas suspendió indefinidamente la concesión, ha permitido el beneficio del carbón en el 50% de la mina en la parte de la lavadora de carbón, concesionándole indebidamente IMMSA a Rogelio Montemayor Seguy esa parte de la mina, violando la Constitución, pues solo el Estado tiene la capacidad para emitir las concesiones del subsuelo y el uso del suelo».
Los accidentes en las minas de carbón, apuntaron, son ocasionados «por la negligencia de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, que no actúa contra los concesionarios que violan todas las normas de seguridad e higiene», ocasionando siniestros lamentables y la pérdida de vidas humanas.
Hicieron notar que AHMSA, por medio de su director Alonso Ancira Elizondo, señala que la mina 7 que se encuentra en terrenos del municipio de Progreso es una de las minas más seguras y con equipos modernos, «sin embargo en el mes de marzo del 2011 hubo una explosión que terminó con la vida de dos mineros y se hace suponer que no hicieron nada para prevenir otro accidente como el que se dio el pasado 3 de agosto donde pierden la vida 6 mineros. Esto hace de este siniestro un verdadero crimen industrial, con responsabilidad tanto para la empresa como para las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social».
Estos accidentes, junto al sucedido el pasado 25 de julio en una mina de La Florida, en el que murieron 7 mineros que no contaban con Seguro Social, concluyeron, «se confirma la política de muerte a que está sujeta la Región Carbonífera. En el sexenio de Humberto Moreira murieron 102 mineros y en lo que va del de Rubén Moreira 13. La pregunta es ¿hasta cuándo va a parar este genocidio?».
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kg
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