Mariel Ibarra y Claudia Guerrero

Luego de las declaraciones del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, sobre que el crimen organizado es quien controla la explotación de minas de carbón en esa Entidad y por las condiciones de seguridad con la que trabajan los mineros, el PRD en la Cámara de Senadores busca constituir una Comisión Especial para el tema.

La vicecoordinadora de la bancada, Dolores Padierna, presentará este martes un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para crear este grupo de trabajo a fin de investigar las condones laborables en las que trabajan las personas que extraen en carbón.

En las consideraciones, la senadora señala que el Estado de Coahuila es el principal productor de carbón del País con una extracción que alcanza más de 11.2 millones de toneladas, pero resalta que con ello va aparejada una situación crítica en materia laboral.

El Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila realizado por la CNDH, señala que el número de quejas recibidas se ha incrementado porque los siniestros con consecuencias fatales atribuibles a la falta de condiciones de seguridad e higiene han ido en un aumento.

De acuerdo con el informe, en los últimos cinco años se han registrado 124 muertes vinculadas a la extracción del carbón en Coahuila, de las cuales 80 han ocurrido en los llamados pocitos.

«La explotación de los llamados pocitos de carbón presenta una situación crítica pues las condiciones de trabajo son inhumanas. La situación en la que operan, no cumplen con la norma oficial mexicana 032, por lo que se deduce que operan en condiciones de ilegalidad», se cita del informe.

La senadora alerta que de manera contradictoria, la existencia de los pocitos es muy rentable pues el costo de su mantenimiento es casi nulo y señala que por las condiciones de trabajo, los dueños abusan de la población que necesita de un empleo, ofreciendo trabajos en condiciones precarias y esclavizantes.

«A la luz de las declaraciones del ex Gobernador de la entidad Humberto Moreira que señala que la problemática descrita se agrega una vinculación con el crimen organizado, tenemos la obligación, por elemental solidaridad y en defensa de la justicia con los trabajadores mineros de conocer a fondo la situación laboral en las minas y denunciar los abusos y generar una mejor legislación en beneficio de todos los afectados», se indica en el punto de acuerdo.

La Comisión Especial que se plantea tendría por objeto de generar un diagnóstico y proponer mejoras a la Ley Minera, y tendría una duración hasta que se concluyeran los trabajos o al término de la presente Legislatura.

Se propone que los integrantes sean determinados por la Junta de Coordinación Política.