Ciudad de México.- La diputada federal representante del Estado de Zacatecas, Bárbara Romo, impulsó una iniciativa para obligar a los concesionarios de las minas en el país a que presenten y acrediten estudios de impacto ambiental.
La iniciativa fue presentada este jueves ante el pleno de la Cámara de Diputados federal, y adiciona un párrafo segundo al artículo 10 de la Ley Minera donde se propone que la Secretaría de Economía no podrá otorgar concesiones mineras, sin que el concesionario acredite que cuenta con la autorización en materia de impacto ambiental correspondiente.
La diputada Bárabara Romo argumenta que actualmente, casi 30 millones de hectáreas del territorio nacional se encuentran concesionadas o asignadas para la minería, a pesar de que esta es una actividad que contribuye de manera importante en la economía nacional, su desarrollo genera importantes impactos sociales y ambientales, por lo que se deben fortalecer los instrumentos jurídicos para fortalecer el carácter preventivo en el cuidado del medio ambiente y dar sustentabilidad a la industria minera.
El impacto ambiental de la actividad minera, explicó la legisladora, se evidencia con la modificación de la superficie terrestre, la eliminación del suelo y la resequedad en las zonas circundantes, la disminución de las actividades y rendimientos agrícolas, la eliminación de vegetación, destrucción y modificación de la flora y la fauna, así como, problemas en la salud de los vecinos, además de que el entorno queda afectado al perder su atracción paisajística.
Con esta adición a la Ley, los gobiernos de los Estados, tendrán una herramienta legal y de gestión pública que debe hacer cumplir la normatividad sobre el impacto ambiental.
Por último, la legisladora señaló: «La minería no es en sí la culpable; ella es sólo un instrumento y como tal podemos utilizarla para promover el desarrollo de los Estados, cuya actividad económica principal es la minería, como mi Estado. Podemos con la ayuda de la Ley y su aplicación, convertirla en una industria nacional que armonice el desarrollo ecológico y socioeconómico».
