Durante la semana pasada se retomó en México un tema que para muchas personas especialmente autoridades no resulta del todo desconocido y es el que el crimen organizado en el Estado de Coahuila, principal productor de carbón del país,  haya incursionado en la minería ilegal a través de la extracción y explotación de carbón dándole ingresos millonarios de forma semanal.

De acuerdo a fuentes públicas, en términos generales, el esquema consistió en la explotación ilegal del mineral por parte del crimen organizado así como el lavado de dinero obtenido por esa actividad ilícita por medio de empresas legalmente constituidas a las que les vendieron el carbón a 600 pesos por tonelada (En México el tipo de cambio es de alrededor 13.09 pesos por un dólar) lo que representa un costo menor al del mercado formal para posteriormente ser comercializado ante la Comisión Federal de Electricidad a través de una Promotora para el Desarrollo Minero.
En México existen un gran número de dependencias involucradas en las actividades mineras, entre otras, la que autoriza la constitución de empresas (Relaciones Exteriores); La que otorga el registro fiscal de empresas y recaudación de impuestos y derechos (Hacienda y Crédito Público); Ante la que se presenta la solicitud de concesión minera, regulación y promoción de la actividad minera e inscripción y/o registro de empresas con inversión extranjera directa (Economía); La rectora de la regulación ambiental, fomento a la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, y bienes y servicios ambientales (Medio Ambiente y Recursos Naturales); La encargada de proporcionar seguridad laboral a los trabajadores (Trabajo y Previsión Social); La que autoriza y supervisa el uso de explosivos (Defensa Nacional) y; La que conduce la política energética del país (Energía). En el caso de las mineras del Estado de Coahuila, ¿las dependencias aquí mencionadas serían omisas en la detección oportuna de situaciones que debieron ser materia de su directa supervisión? Aún es temprano para una respuesta.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tiene documentos que consideran al sector minero como de riesgo para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo- situación que no veo prevista en las funciones que para el sector minero tienen las dependencias arriba mencionadas-  como ejemplo está el reporte de evaluación mutua a Francia por parte de GAFI publicado el 25 de febrero de 2011 donde se menciona que la minería ilegal de oro es un tema particular en la Guayana Francesa, ubicada en la costa norte de América del Sur entre Brasil y Surinam.

En el artículo “La minería ilegal: la otra cara del boom” publicada en Mining Intelligence Series del mes de julio de 2011, se dice que “Los mineros informales se caracterizan por sus niveles de pobreza, marginalidad y búsqueda de medios para su subsistencia, empero las operaciones ilegales donde trabajan a menudo corresponden a grandes explotaciones mineras donde utilizan equipos grandes. Si bien algunos mineros informales son simples buscadores de oro, la minería ilegal se desarrolla en varios niveles. Existe el minero artesanal independiente que extrae el mineral desde áreas donde no tiene concesiones o licencias. O el minero que tiene todas las concesiones y permisos para operar una mina artesanal o de pequeña escala, pero que explota y procesa cantidades significativamente mayores que lo que su licencia permite. Y existe una amplia zona gris de explotaciones semiformales con mineros que venden su producción en el mercado negro o se abastecen de suministros a través de fuentes no autorizadas”.
También se menciona que “Se estima que un 15%-18% de la producción total de oro en el Perú tiene su origen en la minería informal, lo que según cifras oficiales de producción en 2010 equivaldría a unas 780.000 – 950.000 onzas. Cifras no oficiales indican que la industria minera informal en Perú da empleo a 70.000- 80.000 trabajadores directos, pero según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) esta cifra podría llegar a los 100.000”; En Colombia, “se cree que grupos de la guerrilla como las FARC han recibido financiamiento parcial de la minería ilegal por lo menos durante tres décadas a través del control directo de minas y dragas, así como con la extorsión a mineros tanto formales como informales”.
Todo lo aquí mencionado nos deja claro que la minería ilegal es una realidad en algunos de nuestros países latinoamericanos, situación de alto riesgo para que la delincuencia organizada participe de forma directa en dicha actividad con la finalidad, entre otros supuestos, de lavar el dinero procedente de sus actividades ilícitas. Es preocupante que los esquemas de lavado de dinero se multipliquen aprovechando sectores que podrían estar fuera del radar de las autoridades, en ese sentido aplica la frase del militar, escritor, poeta y dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca al decir que “Hay delitos tales, que atentas las leyes se los dejaron sin pronunciarles sentencia, por no prevenir que habría quien los cometiese”. ¿Será este el caso en nuestra región? Le dejo a usted la respuesta estimado lector.
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