Gerardo Rojas González
Jueves 06 Diciembre 2012 – 21 : 09
La mayor parte de las concesiones se encuentran en municipios como Chietla, Jolalpan, Izúcar de Matamoros y Libres
En Puebla existen 392 concesiones para la explotación de productos mineros y de no metales, con una extensión aproximada de 211 mil hectáreas, lo que representa el seis por ciento del territorio de la entidad, informó el investigador del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Naturales (Cupreder) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Samuel Contreras Sánchez.
Indicó que en los últimos seis años se otorgó más del 50 por ciento de las actuales concesiones en territorio poblano, de las cuales algunas datan desde 1935, lo cual pone en riesgo ecológico a decenas de comunidades de municipios de la sierra norte y mixteca.
En su ponencia durante el foro denominado “Extractivismo Minero: saqueo y resistencia social”, el especialista detalló que la mayor parte de las concesiones se encuentran en municipios como Chietla, Jolalpan, Izúcar de Matamoros y Libres.
“Todas las hectáreas exploradas y saqueadas tendrán grandes impactos negativos en aire, agua y subsuelo. Eso se verá con el paso del tiempo”, expuso.
Las empresas instaladas en Puebla son de explotación de material no metálico, y han causado daños irreversibles a la naturaleza y a la forma de vida de las comunidades cercanas, aseguró el especialista del Cupreder.
Por su parte, Carlos Rodríguez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Xochimilco, reveló que el narcotráfico comenzó a utilizar la industria minera como una actividad para el lavado de dinero y la acumulación de riqueza en diversas partes del país.
Estos grupos delincuenciales comenzaron a observar que las empresas mineras son poco vigiladas por el gobierno mexicano, por lo que han servido en algunos casos para conservar e invertir el capital económico en actividades empresariales.
Al finalizar, señaló que alrededor de los proyectos mineros en México circula una red de prebendas desde las empresas hacia las comunidades, los campesinos y las autoridades locales, con la intención de salvaguardar la inversión millonaria.
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