Rumbo a la devastación de México (I)

por | Mar 25, 2013 | 0 Comentarios

Opinión / Columna
Betty Zanolli Fabila
El Sol de México
25 de marzo de 2013

¿Qué tipo de autoridad, de gobierno, de políticos y sobre todo de sociedad son aquellos que permiten, toleran o, peor aún, fomentan el otorgamiento de concesiones mineras para la extracción de minerales a cielo abierto, la industria más agresiva y destructiva, la de mayor impacto social, cultural pero sobre todo ambiental, prácticamente que haya existido, una industria cuyo «gran rendimiento» es el de obtener el metal necesario para fabricar un anillo de oro a partir de la remoción de 18 toneladas de tierra y desechos tóxicos?

La pregunta surge demasiado tarde, pero aún peor sería resignarse a la atroz realidad que nuestro país enfrenta luego de que durante las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón fue concesionada a la industria minera -predominantemente en su modalidad de cielo abierto- más de una cuarta parte de su territorio nacional, casi 52 millones de hectáreas. Prueba de ello es que tan sólo durante la administración calderonista el ritmo de crecimiento de las concesiones mineras así otorgadas fue de 2,500 por año -6 millones de hectáreas anuales-, lo que hoy explica que existan 27,210 títulos de concesiones vigentes y que entre 2007 y 2008 el número de empresas nacionales y de participación extranjera inscritas en el Registro Público de Minería haya aumentado en un 48%. Obviamente nadie en su sano juicio puede oponerse a que un país progrese a partir de modernizar y diversificar su economía y de promover la inversión de capital, pero de la misma manera nadie podría creer que esto pueda ser posible si su costo implica la inminente devastación de su territorio, la desposesión agraria y la desarticulación social de gran parte de su pueblo, la afectación irreversible de su medioambiente y biodiversidad así como la severa destrucción de su patrimonio cultural.

En Canadá, de donde procede el mayor número de empresas mineras que han recibido tales concesiones del gobierno mexicano, se ha prohibido la minería a cielo abierto (MCA) de la misma manera en que 2011 fue el último año en que la Unión Europea permitió el empleo del cianuro, letal compuesto esencial para su operación. ¿Por qué mientras en dicho país y en Europa sí se han tomado las medidas mínimamente necesarias para resguardar su territorio, población y medioambiente de esta calamidad a través de una política restrictiva en la materia en México ocurre todo lo contrario, a tal grado que dicha industria ocupa ya el tercer lugar de nuestra economía? ¿Por qué el 25% de nuestro suelo ha sido prácticamente regalado a inversionistas nacionales y sobre todo extranjeros a costa del despojo patrimonial material e inmaterial de campesinos y comunidades indígenas pero sobre todo, y lo más grave, para ser devastado de modo irreparable?

Mediante el empleo de un poderoso equipo de excavación, de cargas explosivas, de cintas transportadoras y tuberías de distribución la MCA remueve las capas superficiales de la tierra transformando radicalmente la geomorfología del lugar en su afán por allegarse de magras cantidades de minerales (particularmente oro) para cuya obtención requiere de la lixiviación del terreno removido con elementos y compuestos químicos -principalmente arsénico, mercurio, plomo, cadmio, cobre y sobre todo cianuro- así como de cantidades descomunales de agua. Derivado de ello, este proceso provoca una inimaginable transformación geológica, medioambiental y humana en toda la extensión donde opera. Enumeremos sólo algunos de sus catastróficos efectos: la afectación morfológica del suelo destruye la fertilidad de las áreas cultivables y altera irremediablemente los cursos y depósitos de aguas superficiales y subterráneas; la contaminación del aire con los polvos generados, vapores de combustibles así como de cianuro, mercurio y azufre; el impacto irreversible en la flora, fauna y microclima de la región; el desperdicio y contaminación promedio de 300 mil metros cúbicos diarios de agua por mina que nunca más serán potables; la enorme contribución a los gases invernadero que la MCA emite continuamente a la atmósfera, además de la drástica y fantasmagórica modificación visual del entorno que a partir de ahora estará caracterizado por mega cráteres estériles con una superficie promedio de 160 hectáreas y más de medio kilómetro de profundidad, todo lo cual provoca mayor pobreza, conflictos sociales, destrucción del patrimonio privado, social y federal, así como geológico, paleontológico, arqueológico, nacional y universal en ciertos casos, sin contar el desarraigo y la severa e irreversible alteración en la organización económica, social, política e ideológica de las comunidades asentadas en la zona.

Ante semejante panorama ¿puede tener aún sustento jurídico la concesión minera otorgada por el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía con fundamento en la «utilidad pública» que caracteriza a la exploración, explotación y beneficio de los minerales según establece el artículo 6 de la Ley Minera cuando si a algo afectan estas actividades es a la sociedad, al interés público no sólo del pueblo mexicano sino de toda la Nación y aún de la humanidad?¿Por qué los legisladores continúan sin reformar la Ley Minera? ¿Por qué el Servicio Geológico Mexicano y los respectivos representantes ante él de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Energía, y sobre todo de Medio Ambiente y Recursos Naturales no han intervenido para impedir que la MCA siga proliferando en nuestro país a costa de la devastación nacional en todos los órdenes?

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