CUERNAVACA, MORELOS.- En el cierre del foro nacional Ley Minera desde una Perspectiva de Derechos Humanos y Movimientos Sociales que se realiza en el Senado de la República, colectivos de la organización civil pedirán a sus integrantes que trabajen en la elaboración de una nueva ley minera que ponga candados a las empresas transnacionales.
Esto, porque, de acuerdo con el profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y miembro del Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (Radar), Jorge Peláez, las empresas dañan los recursos ecológicos y ponen en riesgo sitios histórico-culturales como ocurre actualmente en la zona arqueológica de Xochicalco, ubicada en la entidad morelense.
“Deben meterle candados porque es una actividad (la minería) que consume más agua de los mantos freáticos. No deberían permitirlo. Las zonas arqueológicas, como la que está en Morelos, que son espacios de cultura donde no puede haber minería”, aseguró.
“Pugnamos por una nueva ley minera, porque la ley que fue reformada en 1991 ha permitido que a la fecha el 35 por ciento del territorio nacional esté concesionado y que no se respeten los derechos humanos. Por eso es imperativo reformar la ley, además porque el tema de la minería ha ocasionado conflictos a nivel nacional”, refirió el especialista.
En este sentido, insistió en que es necesaria la creación de un nuevo marco regulatorio, porque la minería es una de las actividades que menos impuestos pagan y por la cual el Gobierno federal no recibe alguna regalía en comparación con otros países, como Guatemala o Argentina.
También porque en algunas iniciativas que los propios legisladores han lanzado, sólo se toca el cobro en el pago de impuestos, mas no el freno a la autorización para más concesiones o los candados para las transnacionales que con su actividad no respetan a las comunidades ni al medio ambiente.
En su intervención, la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iris Vianey Mendoza, coincidió con el académico, al exponer que es necesario adoptar una perspectiva que tome en cuenta los derechos humanos y los movimientos sociales que denuncian atropellos económicos, sociales y políticos de las compañías mineras nacionales y transnacionales, y no sólo se privilegie la ganancia económica que dejarán en donde se instalen.
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