Gustavo Castro Soto Otros Mundos AC / Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) / M4
 FOTO: Misión de Observación Civil |
En cada proyecto minero hay algún tipo de conflicto con la empresa, misma que argumenta que los opositores no desean el desarrollo. También se dice que no debería haber oposición a la actividad minera porque todos usamos sus productos, lo cual es cierto. Sin embargo, el problema no es el mineral en sí mismo, sino el modelo que sustenta su extracción industrializada.
Para lograr el objetivo de mayor ganancia y acumulación de capital, la industria busca disminuir sus costos aumentando la pobreza: mejora su tecnología, abarata los costos de la materia prima, disminuye tiempos y distancias, paga menos a la trabajadora y al trabajador, evita impuestos, logra nulas regulaciones ambientales y legales, se aprovecha de tratados de libre comercio, obtiene créditos blandos, busca servicios baratos o gratuitos (agua, energía, infraestructura, etcétera), externaliza los costos sociales y medioambientales y logra subsidios, entre otras fórmulas.
La actividad extractiva –antes concebida como actividad minera, petrolera y gas– ahora implica toda la extracción industrial directa e indirecta sobre los bienes comunes naturales convertidos en “recursos naturales” por medio de precio y dueño: petróleo, gas, carbón, tierras, minerales, madera, agua (embotellamiento, represas de almacenamiento, etcétera), energía, pesca industrializada; material genético de plantas, animales y humanos; elementos químicos, captura –sumideros– de carbono, producción de oxígeno, monocultivos de la agroindustria y de las plantaciones forestales, granjas camaronícolas, etcétera. O la industria que extrae y sobreexplota la mano de obra, las tierras y los territorios; el agua, los minerales y la energía convertidos en tomates, soya, piña, madera y carne, entre otros.
De esta forma, el “modelo de la industria extractiva” es el conjunto de actividades a gran escala para sacar, extraer, obtener o separar elementos de la naturaleza, que le incorpora precio y dueño con el fin de obtener el mayor lucro posible, y que evita restituir, reparar, mitigar, compensar, consultar e informar, sin asumir los costos de dicha extracción. No toma en cuenta aspectos ambientales, ecológicos, culturales, políticos, sociales, económicos o locales. Elimina sus propias fuentes de reproducción y acumulación de capital; no toma en cuenta el tiempo para que los bienes comunes naturales se reproduzcan, ni considera el agotamiento y el daño irreversible sobre el medio ambiente. No considera las consecuencias a largo plazo, concentra tierras, fulmina territorios, expulsa pueblos y determina las inversiones de infraestructura pública y privada para facilitar la extracción. Sus intereses están por encima de los derechos humanos. Los actores de este modelo tienen nombre: las cada vez más grandes corporaciones supranacionales.
En este marco hablamos del “modelo extractivo minero” que el capitalismo transforma en una industria que aumenta el cambio climático, que no genera cadenas ni procesos económicos locales importantes para la gente, concentra grandes extensiones de tierra y despoja de sus territorios a muchos pueblos originarios. Transfiere enormes recursos y ganancias a las grandes corporaciones sin dejar casi nada, sólo pobreza y grandes consecuencias sociales y ambientales.
La industria extractiva minera gira en torno a la lógica y la estrategia del capital financiero trasnacional, pero también a las condiciones y actores político-económicos internacionales de cada país. Entre 1990 y 1997, a nivel mundial las inversiones en exploración minera crecieron en 90 por ciento. Y en América Latina el aumento fue de 400 por ciento, equivalente a una inversión acumulada de 17 mil 300 millones de dólares. Esta región se convirtió así en la principal receptora de capitales mineros en todo el mundo, a pesar de representar sólo 30 por ciento del total de las inversiones mundiales.
A fines de los años 90s sólo diez empresas controlaban el 50 por ciento de la producción mundial de cobre; tres empresas el 70 por ciento del hierro y seis compañías el 90 por ciento del aluminio. La proporción mundial de oro que cubría América Latina pasó de cinco por ciento en 1980 a 10.3 en 1990 y a 14.9 por ciento en 2004. En la actualidad, la extracción de plata durante 26 meses y la aurífera de seis meses es equivalente al tesoro colonial comprendido durante ¡120 años!, entre 1530 y 1650. Y con un mismo ritmo, cuatro años de extracción de plata y un año de oro es equivalente al tesoro colonial arribado a España desde la Conquista hasta la emancipación de las colonias americanas en 1808. Por su lado, México produjo 2 mil 747 millones de kilos de plata en 2002 (igual al 16 por ciento de la producción mundial, y a más de la producción del resto de América en una década) y hoy supera a toda la plata extraída de América y arribada a España durante la Colonia.
Por tanto, el problema no son los minerales, ni las rocas, los metales, los no metales y otros bienes comunes naturales de la corteza terrestre, sino el sistema capitalista y su modelo extractivo que depreda la naturaleza, la tierra, los bienes comunes naturales, por la acumulación incesante de capital generando economías de enclave. Esta carrera es insustentable y habrá que combatirla.
Ganancias extraordinarias de la minería en México
Carlos Rodríguez Wallenius Profesor investigador de la UAM-Xochimilco
En México se vive un verdadero boom minero, impulsado por la gran demanda internacional y los altos precios de los minerales (la plata subió 800 por ciento en diez años), lo que invita a las grandes corporaciones a obtener ganancias extraordinarias, es decir, réditos mayores a los que usualmente se obtienen en otras ramas productivas. Y no es para menos, pues los gobiernos neoliberales (desde Salinas hasta la fecha) han puesto todas las condiciones para que los capitales mineros inviertan en nuestro país: modificaciones a la Ley Minera en 1993 y a la Ley de Inversión Extranjera en 1996, que facilitaron a las empresas extranjeras tener propiedades y concesiones en minas. También desde 1994 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte abrió las puertas a las compañías estadounidenses y canadienses.
Esta base normativa creó las condiciones para que desde los primeros años del siglo XXI se instalaran y expandieran una importante cantidad de mineras, sobre todo provenientes de Canadá. Ello se refleja en el espectacular incremento de la producción de minerales (el oro creció 266 por ciento en la década reciente), y en su propagación en casi todo el territorio nacional: en la actualidad hay 732 proyectos en exploración y por desarrollarse, 75 por ciento de ellos son canadienses, aunque también se ha dado un crecimiento de empresas mexicanas. De igual manera, se expresa en que las corporaciones tienen concesionado para exploración o explotación el 25 por ciento del territorio nacional.
Un elemento que facilitó la expansión de la minería en la mayor parte del territorio nacional es la liberación de las concesiones, que permite apropiarse de los subsuelos y de los minerales que existan en él. Las concesiones para realizar obras de exploración, explotación y beneficio tienen una duración de hasta 50 años, prorrogables otros 50. Además pueden aprovechar cualquier mineral que encuentren y hasta los veneros y escurrimientos de agua que provengan de la explotación minera son para las empresas.
El colmo es lo que el Estado mexicano cobra por los derechos de concesiones y asignaciones mineras: en el mejor de los casos van al erario público 222.54 pesos por hectárea concesionada al año, una verdadera bicoca para la magnitud del negocio.
Sin embargo, para las comunidades, los ejidos y las poblaciones rurales donde se asientan las actividades mineras y se remueven las toneladas de tierra, donde se contamina y destroza el entorno, los beneficios son mínimos, básicamente se reducen a la renta de las tierras en las que se realiza la actividad minera, y los apoyos y ayudas a la comunidades cercanas a las minas.
Respecto a la renta de tierras, resulta el principal mecanismo de distribución de recursos, puesto que los terrenos no son comprados por las empresas; los campesinos siguen siendo sus dueños (o del agujero que quedará). Los precios puedan variar mucho, por ejemplo en la minas de El Filo-Bermejal, en Mezcala, Guerrero, después de intensas movilizaciones de los ejidatarios de Carrizalillo, el precio de la renta pasó de mil 400 pesos a 32 mil anuales por hectárea. Pero en otras zonas la cosa está más triste: en la mina El Peñasquito, en Zacatecas, la explotación más grande de oro del país, la empresa GoldCorp logró convencer a los ejidatarios a rentarles 4 mil 700 hectáreas por unos cien millones de pesos por un periodo de 30 años.
El otro mecanismo es el de apoyos, ayudas o donaciones a las comunidades, que incluyen construcción y reparación de obras de infraestructura e iglesias, así como el patrocinio de festividades religiosas, escolares y deportivas. Estos apoyos son sumamente discrecionales pero multipublicitados por las empresas. Un ejemplo es el ejido La Griega, en Chicomuselo, Chiapas; allí la empresa Blackfire se comprometió a mejorar los caminos, hacer un tanque de agua, una clínica médica y una escuela, todo por trabajar en 284 hectáreas.
Si comparamos los ingresos que tienen las empresas por la venta de los minerales producidos en las minas frente a los gastos transferidos a las comunidades (tanto renta de tierras como apoyos diversos), se puede observar la expresión descarnada del despojo: GoldCorp da el 2.9 por ciento en la mina El Filo-Bermejal; Blackfire pretendía otorgar el 1.25 por ciento de sus ganancias y en Peñasquito GoldCorp transfiere el 0.065 por ciento por el oro que se lleva.
http://www.jornada.unam.mx/2013/04/20/cam-modelo.html
