Al cuarto para las 12 de la ratificación del Senado a la minuta aprobada el viernes pasado en la Cámara de Diputados, las empresas mineras realizan un feroz cabildeo para detener o atenuar la posibilidad del pago de un gravamen a título de compensación.
Este será de cinco por ciento a tasa anual sobre los ingresos acumulables netos de las compañías extractivas, y se pagaría en el mes de marzo de cada año.
La pretensión original de los autores de la iniciativa, los diputados priistas Adolfo Bonilla Gómez y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, era implantar una tasa de cuatro por ciento.
La corrección en el dictamen aprobado por las Comisiones de Hacienda y de Economía apuntaba a que «no reflejaba adecuadamente el beneficio económico obtenido por las empresas extractivas derivado del grado de aprovechamiento».
Los recursos obtenidos se colocarían en un Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable en Estados y Municipios Mineros.
Éstos los emplearía en la construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares; la pavimentación de calles y caminos locales; en rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público; obras que preserven las áreas naturales y obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo trenes suburbanos, Metro o equivalentes.
Los ingresos se prorratearán entre los municipios donde se abrieron las minas, las entidades federativas y el gobierno federal, en proporción de 30, 50 y 20 por ciento respectivamente.
La objeción de las empresas mineras es que el gravamen no contempla la posibilidad de deducción de las inversiones realizadas en la fase previa a que se alcance la madurez del proyecto, ni la depreciación de los activos físicos, que oscilan desde maquinaria y equipos hasta la instalación de molinos o la compra de transportes de carga.
De acuerdo a las firmas extractivas en todos los países del mundo se reconocen las diferentes etapas que incluyen desde la exploración hasta la explotación de una veta.
Sin embargo, a excepción de las empresas nacionales como el Grupo México o Peñoles, la mayoría de las compañías que participan en la actividad ha llegado a la etapa de madurez, es decir han adquirido las minas cuando éstas se ubican en pleno proceso productivo.
La exposición de motivos de la iniciativa que sorteó ya la aduana de la Cámara de Diputados habla de establecer un pago de derechos que hasta hoy no se ha causado en el país, excluyéndose a quienes aprovechen el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral.
Sin embargo, se condiciona el pago del 50 por ciento del tributo a quienes durante dos años continuos dentro de los primeros 11 años de vigencia de la concesión no realicen trabajos de exploración o explotación.
El pago reclamado, a título de compensación, no tendrá relación alguna con el entero de otros derechos que se causen sobre la actividad.
En la fase previa a la discusión se publicó un desplegado firmado por la Asociación de Ingenieros en Minas, Metalúrgicos y Geólogos de México («No más impuestos a las mineras») en el que se señalaba que en ocasiones las empresas extractivas deben construir caminos y abrir servicios que no sólo apuntan a su beneficio, sino al de las comunidades que circundan las minas.
Más allá, se señalaba que en países mineros como Chile, Canadá, Estados Unidos y Sudáfrica, la actividad goza de estímulos fiscales inexistentes en México.
Se subraya, además, que la minería es cíclica y que, paradójicamente, el gravamen se impone justo cuando se ubica en la etapa de vacas flacas.
Por lo pronto, el cabildeo en las horas previas para la aprobación definitiva de una reforma que alcanza a la Ley Minera y la de Coordinación Fiscal, se volverá vertiginoso.
El volado está en el aire.
BALANCE GENERAL
Hace unas semanas la Coparmex inició un procedimiento judicial, del que luego se desistirá para impugnar la forma en que se otorgan las representaciones empresariales en el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, al considerar que se privilegia a la Concamín.
La cúpula industrial tiene tres de cuatro representantes. El otro es para la Concanaco.
A su vez el sector obrero tiene otro tanto, con un representante de la CTM; dos de la CROM (Confederación Regional Obrera Mexicana), y el último del sector minero.
Bien, pues, aunque seguramente no apuntaba hacia allá el sindicato patronal, hoy se sabe que cada uno de éstos recibe 150 mil pesos nominales de honorarios, y se les entrega una partida de 40 millones de pesos para sus «necesidades técnicas».
El recurso se destina fundamentalmente al pago de 70 asesores… por más que incluye la posibilidad de viáticos para viajar y gastos de representación (léase comidas).
El asunto ha dado lugar a una denuncia ante la Auditoria Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Los tres consejeros de la Concamín son su actual presidente, Francisco Funtanet, y los expresidentes Salomón Presburger y León Halkin. El de la Concanaco es también su presidente, Jorge Dávila.
El Consejo Técnico sesiona sólo dos veces al mes.
TENEDORA K EN EL BANQUILLO
En la recta final del desenlace del caso Mexicana de Aviación está saliendo a la palestra la forma extraña en que la empresa Tenedora K se hizo de las acciones de la tenedora de la firma, Nuevo Grupo Aeronáutico, y de pasadita las de la empresa de mantenimiento de aviones MRO.
Como usted sabe, ésta pagó sólo mil pesos por el paquete. Sin ningún antecedente de la constitución de la firma encabezada por Jorge Gastelum, detrás de la cual se ubica el fondo estadounidense de inversión Advent, la pesquisa apunta bajo qué circunstancias autorizó el gobierno la transacción.
La Tenedora K le ha pedido a los posibles compradores hasta 11 millones de dólares por el traspaso de papeles.
Lo extraño del caso, además, es que en el papel una de las garantías a Banorte por un préstamo de mil 500 millones de pesos a Mexicana fue, justo, las acciones de MRO.
¿En dónde quedó la bolita?
MAL PRECEDENTE
Esta tarde la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles tendrá una reñida elección de presidente con dos candidatos en la palestra: José Méndez Fabre y Álvaro García Pimentel.
El primero, en opción de reelección, representaba a la casa de bolsa Finamex; el segundo representa a Merrill Lynch.
Lo curioso del caso es que Méndez Fabre quiere inaugurar una modalidad. El que se le nombre presidente ejecutivo de tiempo completo, lo que implicaría una remuneración hasta hoy inexistente en los organismos empresariales.
Los cargos, como usted sabe, son honoríficos.
La probabilidad chocaría en las funciones que realiza el director general del organismo, Efrén del Rosal.
Naturalmente, Méndez Fabre tendría que ganar más que éste. El problema es que su gestión ha sido gris. De hecho, el organismo ha perdido proyección y por tanto influencia. Su rival lleva 25 años en la actividad.
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