Esperanza Salazar Zenil, coordinadora de Bios Iguana, AC / Rema Colima.
Publicado: 20/04/2013 12:32
Aprovechando el conflicto territorial entre Colima y Jalisco, el
Consorcio italo-argentino-indio Benito Juárez Peña Colorada, SA de CV,
perteneciente a la empresa Ternium-ISPAT y Mittal Steel, opera desde
hace 44 años en total impunidad, causando severos daños ambientales,
violando los derechos humanos de las comunidades indígenas nahuas y
despojándolas de sus territorios, para explotar entre 250 y 300
millones de toneladas de hierro presentes en las entrañas de la Sierra
de Manantlán, incluida la Reserva de la Biósfera.
La comunidad nahua de esta región –con altos índices de pobreza y
marginación asociados a la explotación minera- ha sufrido
históricamente un despojo paulatino. A decir del Consejo de Mayores de
Ayotitlán, fue en 1920 cuando comenzó su desgracia. Ese año miembros
de la familia Arias, de la cabecera municipal de El Mamey (ahora
Minatitlán), Colima, asesinaron brutalmente a siete indígenas de
Telcruz y Ayotitlán, Jalisco, en el Rancho Timbillos, y despojaron a
sus familias de su tierra.
Para enero de 1963 el gobierno de Jalisco concedió a la comunidad
nahua 55 mil 332 hectáreas. Ese mismo año, se publicó una resolución
presidencial que cambió el régimen comunal por ejidal, dotándoles sólo
de 50 mil 332 hectáreas. Fue apenas en 1977 cuando se ejecutó la
resolución y por triquiñuelas de las autoridades de Jalisco y Colima
sólo les fueron entregadas 34 mil 700 hectáreas.
Sin el consentimiento de las comunidades indígenas, el consorcio Peña
Colorada fue creado en diciembre de 1967 como una paraestatal y en el
gobierno de Carlos Salinas se privatizó. Oficialmente se encuentra
registrada en el municipio de Minatitlán, Colima; sin embargo, con
casi cinco mil hectáreas que abarca el enorme complejo -según el
título de concesión 211011 renovado ante la Secretaría de Economía en
2000, con vigencia hasta el 14 de marzo de 2050- se ubica en el
municipio de Cuautitlán, Jalisco.
Peña Colorada es una mina de tajo a cielo abierto que extrae 16 mil
toneladas diarias de hierro, destruyendo cerros y contaminando miles
de metros cúbicos de agua que utiliza para la transportación del
material, a lo largo de 46 kilómetros de tubería que lo lleva al
puerto de Manzanillo. Evita así el transporte terrestre y baja los
costos de producción. Sin embargo, los costos ambientales y a la
salud, se facturan a nombre de la comunidad indígena.
La minera ha incumplido los acuerdos de pago por arrendamiento,
corrompiendo y controlando a autoridades municipales, estatales y
federales. Ha provocado accidentes para desplazar a comunidades y así
apropiarse de las tierras. Los indígenas sostienen que hay un cerco
policiaco en los poblados de Las Pesadas y El Platanar para impedir su
libre tránsito. Asimismo han denunciado el abandono del gobierno de
Jalisco para brindar los mínimos servicios públicos, y cuando la
comunidad hace cualquier trabajo para mejorar los servicios, la
policía de Colima llega a detenerlos e intimidarlos.
En octubre del año pasado, indígenas de Cuautitlán y la Red
Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) denunciaron que esta empresa
provocó un desastre ambiental y social, al romperse las cortinas
contenedoras de los lodos y residuos tóxicos de la mina, los cuales
inundaron casas, parcelas de cultivo y corrales de animales de nueve
comunidades de Cuautitlán y Cihuatlán, desembocando en el Río
Marabasco y contaminando la cuenca entera.
Los afectados declararon que sufrieron daños algunas viviendas de las
comunidades de Los Potros y El Puertecito de las Parotas, además de
que alrededor de 450 familias de poblados como El Mameyito, San
Antonio, Changavilán, Las Maderas, Rancho Quemado y La Piedra
resultaron afectadas en la infraestructura de caminos o la pérdida de
sus manantiales de agua potable. La denuncia, interpuesta ante
autoridades ambientales, del agua, judiciales y de derechos humanos,
no ha tenido respuesta.
Lakshmi Mittal, uno de los principales accionistas de Peña Colorada,
figura en la lista de los hombres más ricos del mundo; la comunidad
indígena de la Sierra de Manantlán aumenta su pobreza, así como la
lista de asesinados, desaparecidos y amenazados por defender su
territorio.
La lista de asesinados suma 35: Odilón de Jesús, Félix González, Juan
Velázquez, Margarito Flores, Guadalupe Elías, Adán y Andrés Ciprián,
Crescencio Chávez, Cirilo Villa, Abel y José Roblada, Rubén Fermín,
Refugio, Melesio, Bartolo, Lucio y Ramiro Fermín, Felipe y Cleto
Hermenegildo, Santos Prudencio Villa, Cleofas Aldama, Apolinar Flores,
Espiridión y Gabino Jacobo, Francisco Quiñones, Nazario Aldama Villa,
Concepción Gabiño Quiñones, Mancilla Roblada (hermano de Gaudencio),
Avelino Monroy Sandoval, Alejandro Monroy de Níz, Raúl Delgado
Benavides, Aristeo Flores Rolón, Miguel Delgado, Francisco Javier
Nogales Núñez, Alberto Herrera Casillas, entre otros que seguramente
no tuvieron la suerte de aparecer en algún medio.
Además hay tres desaparecidos: Agustín Mancilla Partida, Víctor Hugo
Saldaña (visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos) y
Celedonio Monroy Prudencio. Este último desde el 23 de octubre del año
pasado fue secuestrado por encapuchados en su domicilio, en Loma
Colorada, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.
Celedonio es un indígena nahua que representa a su comunidad ante el
Consejo de Mayores en Ayotitlán. Se ha destacado por defender su
territorio de empresas madereras y talamontes clandestinos que operan
armados. Asimismo ha denunciado en medios nacionales desde hace años
las violaciones de que ha sido víctima su comunidad por empresas
mineras, principalmente Peña Colorada. Desde el día del secuestro su
esposa, Blanca Esthela González Larios, teme por su vida, ya que
recibe constantes amenazas de que correrá la misma suerte que
Celedonio.
El 12 de septiembre de 2008 el Tribunal Latinoamericano del Agua, que
se llevó a cabo en Guatemala, emitió una resolución contra las
autoridades mexicanas por la degradación del medio ambiente en la zona
de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán.
El gobierno mexicano ha hecho caso omiso hasta ahora.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/04/20/123237039-la-mina-pena-colorada-devasta-territorio-nahua
