Veracruz
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Minería tóxica*
Eckart Boege y Emilio Rodríguez
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental LAVIDA
El “boom minero” implica, desde el punto de vista de las economías nacionales, la cabal recreación de “economías de enclave”, como expresión extrema de espacios socioproductivos estructuralmente dependientes
Horacio Machado, Maristella Svampa y otros en 15 mitos y realidades de la minería trasnacional en Argentina
El desarrollo es un banquete con escasos invitados, aunque sus resplandores engañan, y los platos principales están reservados a las mandíbulas extranjeras
Eduardo Galeano
A mediados de 2010 se logró constituir la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental como un espacio de discusión, análisis y defensa del ambiente en el estado de Veracruz. No partimos de cero. Redes, grupos, organizaciones y comunidades sostenían ya desde tiempo atrás la defensa ambiental de sus territorios. La lucha urbana popular, la academia comprometida con la sociedad, la creatividad artística y estudiantil también formaban parte importante en nuestras filas. Ese mismo año asumimos en colectivo la tarea de frenar el Proyecto Minero Caballo Blanco de la empresa canadiense Goldgroup Mining Inc que se perfilaba como la primera mina a cielo abierto de oro y plata en nuestra entidad, y la primera en el mundo frente a una planta nuclear.
Parte vital de esta lucha fue acercarnos a redes y organizaciones con experiencia en el campo. Como integrantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, buscamos y encontramos a organizaciones que nos compartieran su experiencia y conocimientos; a la postre, esa búsqueda nos llevó a formar parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).
Teníamos una labor complicada: la empresa minera acababa de adquirir el cien por ciento de las acciones del proyecto, y con ello, el trabajo que por 12 años las empresas mineras antecesoras habían realizado con el gobierno del estado y con las comunidades aledañas al proyecto, para adquirir la licencia social ofreciendo empleos y desarrollo. Ese mismo año Fidel Herrera Beltrán se iba de la gubernatura declarando “Veracruz tiene tanta suerte pues además de ganarse el premio mayor de la Lotería, ahora nos sacamos la mejor mina de oro del mundo”.
 FOTO: Archivo |
A inicios de 2011 se presentó una coyuntura que nos llevó a elevar el perfil del caso para sostenerlo en la opinión pública estatal, acercarnos a la Cámara de Senadores para exponer el problema y crecer en número como opositores al proyecto minero. Mientras el accidente nuclear en Fukushima, Japón, llevó a varios países a clausurar sus programas en la materia, para nuestro país significó voltear a ver el desempeño de la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV).
Descubrimos que la empresa minera trabaja de manera ilegal, pues no cuenta con los permisos ambientales para la apertura de caminos y traslocación de especies. Los académicos se dieron cuenta de que la empresa le mintió a la autoridad ambiental con el tipo de clima de la zona, con lo que hizo caso omiso de la NOM-120 y no presentó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de exploración. Ingresamos una denuncia ciudadana contundente en febrero de 2012 pero hasta el momento no tenemos respuesta.
Sabíamos que la MIA de explotación era inminente; la empresa declaraba a sus inversores como año de extracción del mineral el 2012. A finales de 2011, después de que la empresa presentó el estudio en las oficinas centrales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), articulamos esfuerzos en torno al limitado proceso de consulta pública y reunión pública informativa que ofrece la autoridad ambiental.
Los argumentos de los científicos que analizaron la MIA para opinar la no conveniencia de aprobar el proyecto fueron contundentes. La empresa no mostró los riesgos acumulativos al devastar un macizo forestal importante para el centro de Veracruz. El lugar en que se abriría un enorme tajo de 320 metros de profundidad alberga un santuario de cícadas protegidas con ejemplares adultos que podrían tener unos dos mil 500 años de edad. Estas plantas están asociadas con vegetación relictual de encinos tropicales del pleistoceno y con sitios arqueológicos (fortalezas prehispánicas) por lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha definido este sitio de interés arqueo-botánico, lo que convierte a esta zona como “restrictiva” para cualquier cambio de uso del suelo.
Los especialistas señalaron que estos ensambles ecosistémicos no pueden ser sustituidos por simples procesos de traslocación y reforestación en otros sitios. En la zona además se encuentra uno de los fenómenos biológicos más importantes del planeta: en un estrecho 20 kilómetros entre la montaña y la costa, todos los años migran hasta cinco millones de aves en el llamado “Río de rapaces”. La perturbación de la actividad minera sobre los ecosistemas y las aves sería mayúscula.
Especial preocupación se expresó por la cercanía del proyecto a la infraestructura de servicios ya existente en la zona: tres kilómetros respecto de la nucleoeléctrica Laguna Verde, dos kilómetros respecto de los gasoductos de Petroleos Mexicanos que alimentan la industria del norte del país, y a 500 metros de distancia de las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, así como de la única carretera estratégica que une el norte con el sur del país.
Ninguna nación en el mundo ha aprobado un proyecto de esta envergadura junto a una nucleoeléctrica y menos dentro de una zona donde llegan todos los años varios huracanes de intensidad creciente por el cambio climático. Desde varios sectores académicos, de la sociedad y del gobierno se ha opinado que, de aprobarse el proyecto, la seguridad nacional estaría en riesgo.
En resumen, para obtener menos de un metro cúbico de oro en total, se abriría un tajo de la magnitud de ocho estadios Azteca, se depositarían 80 mil toneladas de material “inerte” (residuos tóxicos) en un lugar llamado tepetatera, se utilizarían 70 hectáreas para el procesamiento de los minerales, se emplearían seis mil 500 toneladas de cianuro y 35 mil toneladas de explosivos. Esta industria extractiva no genera cadenas de producción permanentes, condición para poder detonar algún proceso de desarrollo económico para la región, en este caso Goldgroup promete 350 empleos directos por siete años, dejando a la deriva los seis mil empleos que brinda la ganadería, principal actividad económica de la zona. Tampoco hay ingresos directos para el municipio y el estado en materia de regalías.
Ante el peligro y los riesgos para la sociedad y los ecosistemas que implica la minería tóxica y en especial junto a la nucleoeléctrica, logramos convencer a la sociedad que este tipo de proyectos no son viables para Veracruz ni para México en conjunto. La argumentación fue contundente, y la sociedad civil, estudiantes, artistas, la academia, el Congreso y el gobierno del estado se manifestaron en contra del proyecto minero. La presión política social que se generó hizo que la Semarnat llevara a tope el plazo legal para dar el resolutivo. Un día antes de que se agotara el tiempo Goldgroup decidió retirar el estudio, para no tener un resolutivo negativo y así mantener la confianza con sus inversores, misma que pende de un hilo, pues sus acciones cayeron 80 por ciento durante el proceso de la consulta pública y evaluación del proyecto.
Hoy día nos mantenemos alertas al reingreso de la MIA por parte de la empresa canadiense y sus promotores en México, Minera Cardel y Candymin, y sostenemos nuestras exigencias a la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Secretaría de Economía:
1.- Reparación de los daños ambientales por la exploración del proyecto. 2.- Cancelación del proyecto minero por seguridad nacional y protección del patrimonio histórico natural. 3.- Declarar una veda minera-tóxica en el estado, por razones ambientales, sociales y económicas. A pesar de las altas ganancias de las empresas trasnacionales no hay ningún beneficio a la población local, regional, estatal ni nacional. 4.- Detener y cancelar el otorgamiento de concesiones en territorios indígenas y de Áreas Naturales Protegidas.
Los veracruzanos hemos vivido la transformación ambiental del estado, hoy día nos queda cerca del cinco por ciento de la cobertura forestal original. La industria petrolera, motor principal de nuestra economía, se ha sostenido con un costo ambiental muy alto. Nuestro estado, como el país, no soportaría una actividad tan riesgosa y costosa. Existen poco más de 206 mil hectáreas concesionadas de minería tóxica (oro, plata, cobre, fierro, azufre, etcétera) en el estado, en la sierra de Chiconquiaco y Sur. Inaugurar esta actividad en el territorio veracruzano sería poner en entredicho el futuro de las generaciones actuales y futuras. Veracruz no tiene vocación minera.
*La minería tóxica utiliza, libera y genera tóxicos, y puede ser a cielo abierto, subterránea o submarina.
http://www.jornada.unam.mx/2013/04/20/cam-toxica.html