27 de Abril, 2013
La fracción del PRD en el Senado presentó una iniciativa que pretende
tipificar como delito el homicidio industrial, cuando los titulares y
operadores violan medidas de seguridad en minas.
México.- La fracción del PRD en el Senado presentó una iniciativa que
pretende tipificar como delito el homicidio industrial, cuando los
titulares y operadores violan medidas de seguridad en minas.
La propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) adiciona
el párrafo cuarto del Artículo 60 del Código Penal Federal y reforma
el numeral uno de la fracción I del Artículo 194 del Código Federal de
Procedimientos Penales.
La legisladora Dolores Padierna Luna explicó que la adición de un
nuevo párrafo al Artículo 60 del Código Penal Federal subsanaría el
vacío de normas penales adecuadas que establezcan el agravamiento de
las omisiones patronales en materia de seguridad en las minas.
«De esta forma quedaría establecido que los actos y omisiones culposos
causantes de un fallecimiento, constituyen una conducta grave
penalmente sancionable tanto del titular como del operador de las
concesiones de las minas por incumplir las medidas de seguridad a que
están obligados», explicó.
Padierna Luna indicó que la pena a la que serían acreedores va de
cinco a 20 años de prisión, así como la revocación de la concesión de
que se trate, así como la inhabilitación para obtener otras
concesiones de la misma naturaleza.
La integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara alta indicó que
su partido propuso que en el correlativo Artículo 194, fracción I,
parte final del numeral 1) del Código Federal de Procedimientos
Penales se especifique como delito grave el homicidio culposo previsto
en el nuevo párrafo cuarto del Artículo 60 del Código Penal.
«Con la aprobación de la reforma al Código Penal que se propone, los
trabajadores mineros afectados en accidentes causados por incumplir
las medidas de seguridad a que están obligados en las minas, serán
considerados como víctimas de un delito», expuso.
En consecuencia, subrayó, podrán gozar de los derechos que la
Constitución y la legislación penal les reconoce, protege y
garantizan, incluidos los que de manera específica contiene la Ley
General de Víctimas.
A decir de la perredista, el marco jurídico sobre una actividad tan
riesgosa como la minería, es asunto de vida o muerte, por lo que es
momento de restablecer la dignidad humana del trabador minero y de sus
familias.
«Generemos las leyes necesarias para que en México no existan
condiciones de trabajo como las que la Organización Naciones Unidas ha
llamado el nuevo esclavismo de nuestra sociedad contemporánea»,
aseveró.
Notimex
