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La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa que reforma la Ley de Minas y de Coordinación Fiscal.
Con ello, todas las empresas del sector deberán pagar anualmente 5% de sus ganancias a los estados y municipios en donde se encuentran asentados los polos de extracción.
Lo anterior, con el propósito de desarrollar programas de educación, generación de infraestructura pública, agua potable y alcantarillado, menciona el documento.
La propuesta, presentada por los diputados del PRI, Marco Antonio Bernal y Adolfo Bonilla, será analizada el lunes próximo por la Comisión de Hacienda y Crédito Público y se espera sea aprobada por el pleno antes del 30 de abril, fecha en la que concluye el periodo ordinario de sesiones.
La propuesta refirió que actualmente las empresas mineras se ven beneficiadas por la Ley de Coordinación Fiscal y sólo cubren derechos por la explotación y el aprovechamiento; sin embargo, no son acordes con los ingresos que las empresas ganan tras la explotación del subsuelo, expuso.
«Consideramos que la forma de calcular y por tanto de cubrir los derechos para la explotación y aprovechamiento de los minerales en el subsuelo, no es acorde ni corresponde a la generación de riqueza que obtienen los titulares de una concesión minera», precisó el documento.
Por ello, añadieron, «se considera que el Estado no está obteniendo una retribución justa por el aprovechamiento de los recursos no renovables de la nación que se encuentran en explotación», indicó.
El documento aprobado por los integrantes de la Comisión de Economía expuso que en países como Australia, Brasil, Chile y en algunos africanos que son grandes productores de minerales metálicos, el promedio de pago por explotación minera es de cuatro por ciento de sus ventas totales.
En esos países, explicó, el promedio de pago inicia a partir de 1.5%, como mínimo, y hasta cinco por ciento.
A diferencia de esos países, en México continúa operando una base para el cálculo del pago que no retribuye adecuadamente al país por el aprovechamiento de los recursos naturales.
La iniciativa propuso que los concesionarios que lleven a cabo la explotación, y que por tanto produzcan y comercialicen minerales o sustancias sujetas a la regulación de la ley en la materia, cubran una compensación.
Los concesionarios, precisó, deberán cubrir por concepto de compensación un porcentaje de 5% sobre la cantidad que resulte de disminuir los ingresos acumulables de las empresas mineras las deducciones normales y propias de la actividad.
Así, agregó, el Estado mexicano obtendría una recaudación constante, conveniente y cierta para sus planes y proyecciones a mediano y largo plazos, y no se ahogaría a las empresas mineras imponiéndoles un derecho calculado sobre una base incorrecta.
Las ventas representan el final del proceso productivo, y no obstante, de ellas se recuperan todos los costos de extracción y producción de los minerales, agregó.
Así, 20% de la recaudación formará parte del fondo de participaciones que controla el gobierno federal y el porcentaje restante se destinará para constituir el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.
nlb
http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/04/18/san-lazaro-avanza-reforma-ley-minas