Víctor Manuel Gómez Corona
Colima, México (02 de mayo de 2013).- Desprotegidos, abandonados y amenazados viven los habitantes de la población de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco; y zonas aledañas. En el lugar hay miedo, al menos 35 personas han sido asesinadas y tres más desaparecidas cuando se han quejado de las irregularidades que comete Peña Colorada, empresa que ha contaminado sus tierras y no ha cumplido con los acuerdos.
Esperanza Salazar Zenil, representante de Bios Iguana, advierte que las víctimas mortales podrían ser más, ya que muchas no se denuncian precisamente por el clima de incertidumbre y terror que se vive ante la presión de la empresa y de los mismos gobiernos, quienes han sido cómplices y además provocan que haya más pobreza en el lugar.
En entrevista con Avanzada, la ambientalista señala que además de las ejecuciones, muchos ciudadanos pudieron haber muerto -o morir en un futuro-, a consecuencia de la contaminación que genera la empresa minera, misma que parece que no existe, porque las autoridades no hacen nada para sancionarla o aclarar la situación.
35 Y CONTANDO…
Son al menos 35 personas las que han sido asesinadas por haberse quejado del trato que reciben de los gobiernos y la falta de acuerdos de Peña Colorada, dice la también integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), «pero es muy probable que haya muchos más, porque hay otros que seguramente no se denunciaron en ninguna otra parte; o que haya muchos desaparecidos y que también la gente por terror, no denuncie».
Manifiesta que muchas veces las empresas también lo que hacen es contratar los servicios de gente que está en el poder o se dedica a hostigar a los pobladores para que no se interponga en su camino. Hay muchísimo miedo, abunda, «si ven que están desapareciendo a tu familia o a amigos, y si es gente que está en el movimiento, que se ha quejado y públicamente ha dicho lo que está sucediendo, finalmente sí cumple su objetivo el que la empresa esté presionando».
Esperanza Salazar mantiene que en la lista que logró formar luego de varias investigaciones, aparecen personas de zonas cercanas de la lucha, incluso unos fueron autoridades del consejo de mayores de los poblados, «son gente que tiene poder de decisión que por eso los estuvieron presionando y finalmente algunos han desaparecido o sido asesinados».
Tras recordar que también a un integrante de la Comisión de Derechos Humanos lo desaparecieron, asegura que no hay estado de derecho en este lugar, y las autoridades y dueños del consorcio minero hacen lo que quieren aún a costa de las vidas y salud de los habitantes.
LAS VÍCTIMAS
Son treinta y cinco asesinatos no inventados, «ahí están los nombres. En la Red Mexicana de Afectados por la Minería se está haciendo este tipo de recopilación de información de las violaciones a los derechos humanos y la criminalización de las luchas contra la minería. Estamos tratando de recopilar los datos de los asesinados en el país», pondera la ambientalista.
La lista de asesinados reportada por REMA en las zonas aledañas a Peña Colorada se conforma por: Odilón de Jesús, Félix González, Juan Velázquez, Margarito Flores, Guadalupe Elías, Adán y Andrés Ciprián, Crescencio Chávez, Cirilo Villa, Abel y José Roblada, Rubén Fermín, Refugio, Melesio, Bartolo, Lucio y Ramiro Fermín, Felipe y Cleto Hermenegildo, Santos Prudencio Villa, Cleofas Aldama, Apolinar Flores, Espiridión y Gabino Jacobo, Francisco Quiñones, Nazario Aldama Villa, Concepción Gabiño Quiñones, Mancilla Roblada (hermano de Gaudencio), Avelino Monroy Sandoval, Alejandro Monroy de Níz, Raúl Delgado Benavides, Aristeo Flores Rolón, Miguel Delgado, Francisco Javier Nogales Núñez, Alberto Herrera Casillas, entre otros que seguramente no tuvieron la suerte de aparecer en algún medio.
Además hay tres desaparecidos: Agustín Mancilla Partida, Víctor Hugo Saldaña (visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos) y Celedonio Monroy Prudencio. Este último desde el 23 de octubre del año pasado fue secuestrado por encapuchados en su domicilio, en Loma Colorada, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.
AUTORIDADES INMISCUIDAS
Salazar Zenil indica que luego suele ser frecuente que en estos crímenes las autoridades estén inmiscuidas, «en el caso de Celedonio yo recuerdo que él estaba denunciando que la misma empresa ponía a su gente como autoridades del lugar para que les facilitara las cosas y no se quejara la gente. Hay una colusión muy clara de autoridades con la empresa».
Y ante ello los habitantes están desprotegidos, abandonados y amenazados totalmente, añade al mencionar que falta información sobre los casos de irregularidades, incluso a nivel nacional tampoco ha habido un movimiento tan fuerte para que se sepa de todas las anomalías.
«No hay información, la organización que ha estado trabajando en estos asuntos me pasó parte de la información, pero hay miedo a decir las cosas y que haya represalias. Los defensores también están en riesgos de sufrir o desaparecer, y luego el gobierno va a decir que estaban involucrados con el crimen organizado y con eso se acabó», lamenta.
La presidenta de Bios Iguana platica que para dar con la cantidad de asesinados y determinar la devastación que ha generado Peña Colorada, anduvo haciendo investigación, pero la misma gente sabe que está impedido el paso;
«encontré una foto que no es publicable porque pertenece a la misma empresa, donde se ve la devastación impresionante».
CONTAMINACIÓN DESBORDADA
Por otro lado, la presa de jales que tiene la empresa desde hace más de dos años ya se estaba desbordando, recuerda, «y nos comentaba la gente de los alrededores que sus animales se estaban muriendo porque estaban tomando agua que se estaba saliendo incluso de la misma presa, y en ese momento se había autorizado la nueva presa. No sé cuál sea el avance, pero en dos años que van se siguen derramando cantidades enormes de agua contaminada hacia los ríos y mantos friáticos. En el lugar además se levanta el polvo del lodo seco, y ese polvo contaminado lo están respirando. Es un impacto muy fuerte».
Expone que «allá arriba», en Cuauhtitlán, el año pasado, un mes antes de que desapareciera Celedonio; las mismas comunidades de Ayotitlán denunciaron un problema serio cuando se reventaron las cortinas que contienen todos los lodos y piedras que se están almacenando, «entiendo yo que es otra especie de presa con sólidos. Y claro que todo eso es contaminación, se liberan muchas sustancias tóxicas, que con las lluvias va a dar a la población. El lodo se metió a sus casas y terrenos de cultivos».
Tras el incidente se hicieron las denuncias correspondientes ante Profepa, Semarnat y las procuradurías de Jalisco y Colima, «mismas que a la fecha no han dado respuesta», subraya Esperanza Salazar.
Además, agrega, el defensor Celedonio Monroy estuvo haciendo denuncias, «incluso años atrás acusó a la minera Peña Colorada por haber roto los acuerdos a la población. Había denunciado el trato que le daba el gobierno de Colima a la población. Por un lado el gobierno de Jalisco no brinda servicios porque está en la zona limítrofe, nadie se hace cargo de ella. Cuando la población exige un mínimo servicio llega la policía de Colima y los detiene. No les han dado oportunidad de desarrollarse ni siquiera por ellos mismos».
‘CHALECO BLINDADO’
Las autoridades al no hacer nada no sólo están siendo cómplices, insiste, «sino están provocando que haya más pobreza en la zona y la violación sistemática a los derechos humanos por parte de la empresa Peña Colorada. Los están cubriendo, el gobierno es como chaleco blindado.
Pero los problemas no terminan ahí, apunta la ambientalista:
«Tampoco sabemos exactamente qué problemas de salud tenga la población porque han estado alejadas y no se les da servicios, pero es muy probable que algunas gentes hayan muerto por contaminación. Así como aquí están llenos los hospitales de pacientes con cáncer y no sabemos de dónde viene la problemática.
El problema que están viviendo en la comunidad de Cuauhtitlán o Ayotitlán nos atañe a todos, insiste, porque es probable que el agua que estamos consumiendo aquí está totalmente contaminada, pero es difícil saberlo porque la Secretaría de Salud y Conagua no quieren hacer estudios.
Refiere que el metal que va hacia Manzanillo va a través de la tubería bombeada con agua, «entonces imaginémonos la cantidad de agua que se utiliza para mover 16 mil toneladas de hierro al día. Uno la cantidad y otra las condiciones en que queda esa agua, hay que ver qué se está haciendo con ella.
Otro dato es que también la Reserva de la Biósfera de Manantlán habían estado presionando para que Colima pagara una partida para la reserva, concluye Esperanza Salazar Zenil al adelantar que la lucha continuará, «pero la gente de la reserva no se quiere meter en problemas con la minera por el mismo miedo, se sigue blindando a la empresa como si no existiera, y la minera no está dejando nada bueno al estado».
