Por Gustavo Lozano*
Rema / M4

Desde hace unos 30 años hemos atestiguado iniciativas orientadas a reemplazar un entramado jurídico que en origen proveía formas de organización social y medidas para garantizar la dignidad humana, por otro que –vía la extracción irracional de los bienes comunes naturales– favorece la reproducción, acumulación y centralización del capital.

En todo este periodo los gobiernos de la República han entregado en concesión para la explotación minera cerca de 30 por ciento del territorio nacional a empresas mexicanas y extranjeras provocando la aparición de inéditos episodios de confrontación social que se han afirmado y extendido con vehemencia por todo el país.

Las luchas contra la minería no son viejas; lo novedoso es que muchos de sus actores han logrado formular una explicación amplia de sus reivindicaciones, estimulando entre ellos un vínculo identitario fuerte, característico de los movimientos sociales, que ha permitido que, más allá de su lucha concreta, se articulen en la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

Es, sin embargo, el repertorio de acciones colectivas lo que en esencia ha logrado configurar y fortalecer este fenómeno sociopolítico que nace en junio del 2008 con la contribución de diversas comunidades; organizaciones sociales, indígenas, campesinas y de derechos humanos; colectivos de educación y comunicación; estudiantes, y académicos, provenientes de 12 estados de la República. Y con la presencia de aliados internacionales en el marco del V Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) en Temacapulin, Jalisco, con el cual hay coincidencia en la crítica al modelo extractivo y en la lucha por la defensa de los bienes comunes naturales.

La Rema actúa fundamentalmente inspirada por la idea de que el poder para decidir reside en los ciudadanos. Esta convicción –indispensable para asegurar que el control sobre los territorios y la reproducción de la vida no queden subordinados a las autorizaciones técnicas o a la voluntad de los operadores jurídicos, políticos y/o económicos– permite que la Rema persista en transformar la realidad.

Ello, en el contexto de una sociedad desestructurada que genera individuos disociados y, por tanto, débiles, sin habilidades ni prácticas democráticas para afrontar el reto de la violencia estructural que sufren nuestros pueblos, violencia que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza, en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y en la discriminación metódica a las minorías. También en los graves problemas de contaminación y privatización del agua, en la desertificación de los suelos, en la pérdida de biodiversidad y soberanía alimentaria, en el cambio climático, en la militarización del territorio y en la criminalización de la protesta social. La Rema ofrece así un espacio particularmente apropiado para que las luchas y organizaciones en contra del modelo extractivo minero germinen.

Con sus enlaces en las Baja Californias, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y en territorio Wixárika, la Rema ha podido articular acciones para resistir los efectos del modelo de desarrollo –impidiendo proyectos contrarios al interés colectivo– y para construir autonomías locales que favorecen las condiciones de planes de vida que cada individuo o comunidad persigue.

Como parte de sus propósitos, la Rema busca concienciar sobre la afectación socioambiental causada por el modelo extractivo minero y construir estrategias conjuntas de defensa del territorio. Así, la Rema se concibe como un intrumento para fortalecer, nunca sustituir, a las luchas concretas; lo hace con asesoría técnica, de sus publicaciones de educación popular y de sus cursos de formación de activistas; también con acciones solidarias, y con la organización de encuentros nacionales, que han contado con personalidades del nivel del obispo de Saltillo, Raúl Vera, una voz crítica clave contra la minería.

La importancia del actual modelo de extracción minera para la economía mundial ha crecido significativamente y sus estrategias suelen ser trasnacionales. Por ello, por medio de la Rema, las luchas mexicanas contra la minería han buscado articularse internacionalmente. El resultado es el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) que desde principios de 2012 agrupa a casi 50 organizaciones de Panamá, Costa Rica, México, El Salvador, Honduras, Estados Unidos y Canadá. El mismo año de su surgimiento, el M4 lanzó una campaña contra la canadiense GoldCorp, a la cual además juzgó en el Primer Tribunal Popular Internacional de Salud por causar graves daños a la salud en las comunidades de Valle de Siria, en Honduras; San Miguel Ixtahuacán, en Guatemala, y Carrizalillo, en Guererro, México.

En contraste con expresiones políticas que buscan “atemperar” los efectos nocivos del modelo de desarrollo, el M4 es contundente y declara: “¡De Panamá a Canadá la minería no va!”

La Rema y el M4 no buscan la confrontación. Imaginan comunidades donde la gente pueda realizar su potencial más alto asegurando la cobertura de sus necesidades básicas y aumentando sus opciones vitales; comunidades que generen formas más amplias y hondas de satisfacción que la proporcionadas por el mero consumo de objetos materiales, donde la gente pueda interactuar con la confianza de que su entorno es un lugar seguro, educativo, libre y espiritualmente pleno, y donde la comunidad ética incluya, en un sentido amplio, a toda la naturaleza –la humana y la no humana.

*Escrito para La Jornada del Campo Nro 67