Minería mafiosa

La comunidad ha sido amenazada

Líderes indígenas denuncian explotación ilegal del suelo por grupos informales que cuentan con pistoleros e intimidan a los opositores

A Gaudencio Mancilla Roblada, líder nahua de la comunidad del Ejido de Ayotitlán, un grupo de hombres armados le dejó una amenaza: “Si vuelven a interceptar camiones o vuelven a frenar maquinaria que esté extrayendo material. Si un sólo incidente se vuelve a dar habrá consecuencias funestas”.

El comando armado fue a buscarlo el 17 de junio a su domicilio en la ranchería de Lagunillas y al no encontrarlo dejó el “recado” a sus familiares, informa el coordinador de Oficinas Regionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Eduardo Sosa Márquez.

Unos coterráneos de Mancilla le avisaron que, camino a su casa, habían visto dos camionetas sospechosas escoltadas por una patrulla de la policía municipal de Cuautitlán de García Barragán. Los pistoleros también visitaron las casas de los excomisariados ejidales Vicente Hermenegildo y Perfecto Rodríguez Ciprián, a quienes buscaron hasta las 3 de la madrugada. El primero huyó al monte y regresó dos días después.

El asesor jurídico del Consejo de Mayores del Ejido de Ayotitlán, Jaime Hernández Lamas, señala que el hecho es grave porque pone en peligro a las personas mencionadas, pero también porque así actuó el grupo armado que se llevó a Celedonio Monroy Prudencio la noche del 23 de octubre de 2012, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

Desde hace décadas, esta comunidad ha sufrido asesinatos impunes de sus integrantes y líderes que pugnan por el reconocimiento de su territorio y repudian la invasión minera, que mientras tanto siguió avanzando.

Gaudencio Mancilla recibió amenazas de muerte desde 2008 por oponerse a la explotación de la zona. El 22 de febrero de 1989 José Roblada, uno de sus hermanos, fue asesinado por la misma causa.

El asesor jurídico Hernández Lamas explica que el conflicto volvió a encenderse porque miles de camiones de volteo están extrayendo ilegalmente material ferroso de los lotes Piedra Imán y Cañada Verde, para llevarlos aparentemente al puerto de Manzanillo, Colima. La comunidad  tiene informes  de  que  lo  embarcan a China. Menciona que el presidente del comisariado ejidal, Abraham Isaac Chávez, calcula que al menos se han llevado mil 200 viajes de camiones de volteo, equivalentes a 36 mil toneladas.

Por esa razón, el 3 de junio los indígenas detuvieron la maquinaria en ambos predios. El día 17 fue cuando los sujetos armados se apersonaron en la casa de Mancilla Roblada para advertirle que las minas se abrirían al día siguiente y que no querían oposición. Se identificaron como el cuerpo de seguridad de la cooperativa Mineros Piedra Azteca, con sede en el vecino municipio de Casimiro Castillo y dejaron una tarjeta a nombre de Manuel Vega Michel, su representante jurídico.

Hernández Lamas supone que trataron de engañarlos porque dicha minera no tiene actividad en el Ejido de Ayoti-tlán y los predios están concesionados a la minera trasnacional Peña Colorada, que no puede hacer uso de ellos porque en 2006 el ejido obtuvo un amparo que lo impide.

“La calidad del hierro es altísima. De hecho, es tan buena la materia prima que la utilizan para fabricar el acero de la industria aeroespacial, para satélites, y ahí está a flor de tierra, no tienen que invertirle nada”, dice el asesor.

Añade que el presidente del comisariado ejidal, Abraham Isaac Chávez y el tesorero, Beatos Chávez Rosales, seccionaron el predio Piedra Imán y permitieron su explotación, con lo cual obtuvieron beneficios económicos que tienen escandalizados a los pobladores.

“Tienen una bonanza económica tal, que ya tienen hasta su propia maquinaria. Hacemos cuentas, y en los últimos 15 días debieron haber recibido cuando menos 30 millones de dólares”, afirma.

Según él, la extracción ilegal en los predios mencionados también ocasionó que la minera Peña Colorada amenace con cancelar los depósitos de 21 millones de pesos anuales que hacen en el fideicomiso para el desarrollo social del ejido de Ayotitlán que constituyeron a cambio de ocupar temporalmente los mismos, ya que a sus directivos les parece contradictorio que no puedan explotar la tierra mientras otros la aprovechan ilegalmente.

El 22 de junio Gaudencio Mancilla fue entrevistado por teléfono en el programa Territorios, de Radio Universidad de Guadalajara y ahí confirmó que el lunes 17, alrededor de las 19:00 horas, le avisaron  que los comuneros Pedro Ciprián Michel y Eusebio Jacobo querían hablar con él, pero le hicieron notar que los acompañaban hombres armados.

Además de la amenaza, los desconocidos le dejaron dicho con su familia que la mina estaba dando mucho dinero y que ya le habían dado una parte al tesorero del comisariado ejidal, Chávez Rosales. En el programa, el líder nahua pidió con voz entrecortada la presencia de militares en la zona, pues teme que le hagan daño a su familia.

También suplicó al rector de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla, y al líder moral de la casa de estudios: “No nos abandonen en estos momentos por favor. El licenciado Raúl Padilla le ha echado muchas ganas a esta tierra, por eso me acuerdo de él”.

Riqueza natural en riesgo

Al enterarse de la denuncia de Mancilla Roblada, la CEDHJ giró una medida cautelar a la Dirección de la Policía Municipal de Cuautitlán, al igual que a la Fiscalía General del estado, a fin de salvaguardar la integridad del líder indígena y su familia.

No obstante, el coordinador de oficinas regionales de la comisión, Eduardo Sosa Márquez, señala que apenas están reuniendo información para levantar una queja, ya que hasta el momento no se ha acreditado la intervención de servidores públicos en el acto intimidatorio.

El 21 de junio Sosa Márquez se reunió con Mancilla Roblada, quien reiteró que está dispuesto a  afrontar las consecuencias derivadas de su defensa de la tierra.

“Está pasando por un periodo de toma de conciencia de la responsabilidad que tiene –comenta al respecto el funcionario de la CEDHJ – y la está asumiendo con responsabilidad política e histórica… sabe que si flaquea en la defensa de su pueblo, se encontrarán más vulnerables. A él no le importa morir en esta lucha porque ‘si no le ha dado miedo la vida mucho menos le va dar miedo la muerte’… Lo veo convencido… No cejará su lucha y enfrentará todas las consecuencias que de ella provengan.”

Al respecto, el coordinador de los diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC) y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Clemente Castañeda Hoeflich, hace un llamado enérgico al titular de la Fiscalía General, Luis Carlos Nájera, para que vaya a la comunidad y aumente las medidas de seguridad, pues afirma que la vigilancia en la región es muy limitada.

Recuerda que el año pasado, cuando fue a Ayotitlán para informarse mejor de la desaparición de Celedonio Monroy, sólo había tres patrullas, una de ellas al parecer descompuesta.

“Hay un problema con la tala clandestina, con la explotación minera; hay un problema de reparto agrario y eso es lo que tiene que empezar a resolver la autoridad de manera inmediata”, enfatiza.

Y hace notar la presencia de extraños en esa zona de la Sierra de Manantlán:

“Cuando uno se acerca a la parte de Nayarit, en la zona norte, sí hay otras cosas. Se ven avionetas, gente que está en las gasolineras, en puntos de comunicación estratégicos, y el ambiente es distinto. ¿Es el narcotráfico o no es el narcotráfico? No lo sé. Ni siquiera me atrevería a decirlo, yo supongo que son zonas en donde muchas actividades delictivas se pueden llevar a cabo justamente porque no hay elementos de seguridad.”

El funcionario de la CEDHJ observa que, sin embargo, las amenazas no han debilitado a los pobladores sino que reforzaron su cohesión y solidaridad.