CUERNAVACA, MORELOS.-  Opositores a las minas a cielo abierto en el Estado de Morelos dijeron que es necesario que autoridades del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), y de Desarrollo Social (Sedesol) trabajen en las comunidades y poblados para evitar que la empresa Esperanza Silver de México, S.A. de C.V. compre a líderes comunales y ejidales a cambio de los permisos para su proyecto con el que pretende extraer plata y oro de sus terrenos.
De acuerdo con Ignacio Suárez Huape, integrante del Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, el ejemplo más reciente se presentó en la comunidad de Tetlama, en Temixco, donde pobladores que se oponen al proyecto advirtieron que la empresa canadiense cabildeó y repartió cantidades de 500 y mil pesos para que los comuneros votaran a favor de Matías Ramírez Cabrera, quien al final resultó electo.
“Creo que lo tienen que hacer es llegar antes que la minera a dar información para evitar la corrupción de las autoridades comunales y ejidales y alertando a la población de los daños a la salud pública que generará la apertura de una mina de este tipo”, dijo el activista.
Agregó que desafortunadamente la minera tiene cinco años trabajando en la exploración, “ya hizo todo un nicho y una base social para apoyarla. Será la gente la que evite que las autoridades comunales y ejidales acepten firmar estos convenios de trabajo y que por ende acepten emplearse a favor de la minera”.
Añadió que es preocupante que la empresa transnacional utilice a los pobladores como grupos de choque y de protesta para amenazar a activistas y cuestionar al Gobierno del Estado, que encabeza Graco Ramírez Abreu, en protestas como la del 19 de junio, cuando un grupo de habitantes de Tetlama, adeptos a la minera canadiense, se manifestaron en la Plaza de Armas de Cuernavaca.

«Es grave cómo una empresa transnacional se enfrenta directamente a las autoridades y amenaza a activistas a través de sus empleados; esto es extremadamente grave y tendrá que tener repercusiones.”   Ignacio Suárez Huape, activista