López Obrador encabezó en Huauchinango una asamblea informativa – Foto Rafael García Otero
Andrés Manuel López Obrador ratificó su respaldo a los movimientos sociales de la Sierra Norte que se oponen a la construcción de hidroeléctricas y a las operaciones de empresas mineras, durante una gira a esa región del estado, donde acusó que los proyectos se concretaron gracias al tráfico de influencias de los gobiernos encabezados por el PRI y el PAN.
Según cifras proporcionadas por integrantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en una asamblea informativa que López Obrador encabezó en Huauchinango, más de 25 por ciento del territorio estatal ha sido concesionado para detonar lo que denominaron “proyectos de la muerte”, los cuales comprenden nueve minas a cielo abierto y seis plantas hidroeléctricas.
López Obrador, quien es presidente del Consejo Nacional de Morena, afirmó que el problema a nivel nacional es similar, porque se han concesionado 50 millones de hectáreas para la explotación de minerales.
“Nuestro país tiene una extensión de 200 millones de hectáreas, lo que quiere decir que 25 por ciento del territorio nacional se entregó a empresas mineras; muchos campesinos e indígenas ni siquiera saben que el subsuelo de sus tierras ya fue entregado”, lamentó en su discurso.
En su cuarta gira del año a territorio poblano, el ex jefe de gobierno del Distrito Federal afirmó que la opacidad y la corrupción con la que se asignan los permisos de explotación dejan en la indefensión a los habitantes, quienes naturalmente luchan contra esos proyectos que provocan desplazamientos de pueblos enteros y amenazan el medio ambiente.
Ante cientos de seguidores que se reunieron en el jardín central de Huauchinango, expresó: “Eso es lo que tenemos que evitar, necesitamos parar eso y para lograrlo es urgente cambiar la política económica y no pensar que no se puede”.
El actual modelo, criticó, ha provocado el crecimiento de la pobreza, en la que actualmente se encuentra 53 millones de personas según el último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), frente a 53 multimillonarios que amasaron su riqueza a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en el que el gobierno federal comenzó a entregar los bienes de la nación.
“Por cada multimillonario en México hay un millón de pobres; esto ya no se puede permitir. No estamos en contra del hombre y la mujer que con esfuerzo y trabajo logran un patrimonio; estamos en contra de los traficantes de influencia, porque se hacen inmensamente ricos al amparo del poder público”, censuró el político tabasqueño, quien visitó Huauchinango y Zacatlán el sábado para tomar protesta a comités municipales de Morena.
Proyectos de muerte
La preocupación de los pobladores de Huauchinango por los proyectos mineros e hidroeléctricos la expuso en la asamblea Noé Tianguistenco, habitante indígena de Coacuila, comunidad que se ve amenazada por la instalación de un gasoducto en ese municipio serrano.
Antes de que López Obrador tomara la palabra, el líder indígena alertó que 817 mil hectáreas de territorio poblano han sido concesionadas a empresas privadas para la extracción de minerales.
Destacó el caso la empresa Frisco, propiedad del empresario mexicano Carlos Slim, quien pretende instalar su compañía en el cerro Espejeras de Tetela de Ocampo, donde ya iniciaron excavaciones pese a la oposición de los habitantes.
A la par, informó que la empresa canadiense Almaden Minerals pretende sacar oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán, donde la población ya se encuentra en alerta.
Noé Tianguistenco expuso que la activación de minas va acompañada de la instalación de plantas hidroeléctricas, ya que las primeras necesitan de las segundas para abastecer sus sistemas de energía eléctrica.
Ante esa situación refirió que los hermanos Germán y Genaro Larrea Mota, dueños de Grupo México, pretenden construir en Puebla tres hidroeléctricas que lejos de favorecer a la población la perjudicarán, destruyendo cultivos y desplazando poblaciones.
Por último, mencionó el conflicto social que la firma Gasoductos Mexicanos (Gasomex) provocó en Huauchinango el año pasado por profanar el cerro ceremonial sagrado de Yelotépetl, de la comunidad de Cuaxicala, donde realizó perforaciones sin consultar a los habitantes, “tratando de borrar nuestras raíces y tradiciones”.
Con preocupación, Noé Tianguistenco señaló: “Llegan estas empresas a ofrecer el progreso y desarrollo, como lo hacen algunos partidos políticos en campaña, pero lo que hacen en realidad es el saqueo, el desplazamiento y el divisionismo.
“Esas compañías brindan trabajos temporales de alto riesgo y con éstas llegan también los vicios y males sociales, alcoholismo prostitución y drogadicción, pero ante todo llega el desarraigo y la pérdida de identidad de nuestras comunidades indígenas”.
Defensa de Pemex
López Obrador defendió en Huauchinango y Zacatlán a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), donde convocó a la población a participar en la asamblea nacional que se realizará en la Ciudad de México el 8 de septiembre, para manifestarse contra la reforma energética de Enrique Peña Nieto por buscar la privatización de esa empresa pública.
En entrevista, se dijo abierto a reunirse con los dirigentes del PRD para definir un plan de acción común que impida ceder Pemex a los capitales extranjeros, pero les demandó compromiso para luchar contra la privatización y el aumento de impuestos.
“Si consideran esos planteamientos estamos por el diálogo con compromiso, porque lo otro es politiquería, es sentarnos para la foto y para simular y ya no estamos para eso”, manifestó en una gira de trabajo a Puebla, ante la invitación del líder nacional del sol azteca, Jesús Zambrano, a llegar a acuerdos.
López Obrador ratificó además el llamado que realizó el viernes al PRD de salir del Pacto por México, pues es un acuerdo que va contra los intereses de la nación, así como a expresar con claridad que no permitirá la reforma al artículo 27 constitucional que señala el dominio del Estado sobre los bienes de la nación.
Durante la asamblea de Huauchinango, el líder de Morena alertó que la reforma energética dejará en manos de la iniciativa privada 60 por ciento de los ingresos petroleros que actualmente se destina al presupuesto nacional.
Para cubrir el boquete que dejaría la privatización de Pemex en la finanzas públicas, agregó, Enrique Peña Nieto impulsará una reforma hacendaría que incrementaría la tasa del Impuesto al Valor Agregado de 16 a 19 por ciento y ampliaría su aplicación a alimentos y medicinas, alertó.
De paso, dio a conocer que otro de los gravámenes susceptibles a sufrir incrementos sería el Impuesto Sobre la Renta (ISR), con lo que “golpearían aún más a la pequeña y mediana empresa”.
