ROBERTO RAMÍREZ BRAVO
La división de la Crac
El gobierno del estado de Guerrero ha usado varios recursos para dividir a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (Crac-Pc) que durante 17 años ha tenido en sus manos la procuración y aplicación de justicia en los municipios donde ha operado en La Montaña y Costa Chica.
Para entender lo que está pasando en estos momentos, hay que regresar un poco en el tiempo. No mucho. En enero de este año, surgieron las autodefensas de Ayutla y Tecoanapa encabezadas por Bruno y Cirilo Plácido Valerio, quienes ya dirigían la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y se habían hecho notar por la defensa del agua para los pueblos de Tecoanapa.
Cuando aún corrían dentro y fuera del país las imágenes de los encapuchados armados, el gobernador Ángel Aguirre Rivero se reunió con ellos en Tecoanapa y les ofreció todo el apoyo. La acción pudo entenderse en el contexto de una situación crítica que buscaba ser desactivada mediante la vía del acercamiento y no la confrontación, menos el choque armado.
Pero ahí empezaron a verse las diferencias, porque mientras Aguirre se reunió con la Upoeg, no lo hizo con la Crac, que le había solicitado un encuentro mucho tiempo antes.
Después, la autodefensa –convertida en Sistema de Justicia Ciudadano– fue la primera en aceptar convertirse en Policía Auxiliar, como había propuesto el mandatario, o Policía Rural, como sugirieron los diputados, y la Crac lo rechazó, e incluso fue más allá: acusó a la Upoeg de prestarse al juego con el gobierno del estado y las mineras. Como los de la Upoeg provenían de la Crac, llegó un momento en que estuvo a punto de originarse la confrontación armada en San Luis Acatlán durante la asamblea en que se renovaron las dirigencias.
Cuando los anteriores coordinadores de la Crac fueron sustituidos por los actuales, y Eliseo Villar quedó como el representante, el discurso gubernamental cambió hacia la Crac. Incluso, en ocasión de la colocación de la primera piedra de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, el gobernador Ángel Aguirre externó la relación tan cercana entre él y el actual coordinador, y precisó que en su campaña, Villar le había regalado un becerro.
Esa cercanía tuvo dos frutos visibles: la donación del gobierno del estado de 8 millones de pesos a la Crac de Eliseo para proyectos productivos, y la credencialización de más de 900 policías comunitarios, mismos que serán identificados como parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuando en realidad se trata de una policía creada al amparo de la Ley 701 y el convenio 169 de la OIT, que otorgan a los pueblos indígenas el derecho tener su propio gobierno.
Pero los comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso, con sede en Ayutla, no participaron en esta credencialización. El coordinador Eliseo Villar había dicho que esa casa ya no pertenecía a la Crac, aunque ninguna asamblea avalara dicha exclusión.
Eso puede explicar por qué el gobierno federal (soldados y marinos) y el estatal, se fueron contra Nestora Salgado, coordinadora en Olinalá, y contra la casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla. El argumento de que la Crac-PC de Olinalá detuvo al síndico no justifica la acusación de secuestro que le enderezaron a Nestora Salgado, porque durante 17 años la Crac ha detenido y retenido en cautiverio y reducación a ciudadanos, y no pasa nada.
En cambio, no han realizado ninguna acción contra la Upoeg, que también en un primer momento detuvo a varios acusados de pertenecer al crimen organizado.
El gobernador Aguirre dijo ayer que los de la Casa de Justicia de El Paraíso ya no pertenecen a la Crac pues “así lo expresó su coordinador Eliseo Villar” y por tanto “no están al amparo de la Ley 701, como la auténtica Crac”. Es decir que Eliseo Villar, el que le regaló un borrego en la campaña, determina quién se acoge y quién no a dicha ley, y el gobernador acata. Y la sentencia se cumple.
En el fondo, sin embargo, lo que está en juego sigue siendo algo tan sencillo y tan primitivo como la explotación de las mineras. En Aquila, Michoacán, está el mejor ejemplo y la más clara explicación. Allá una empresa minera, Ternium, de capital extranjero, explotó durante años el subsuelo. Cuando la comunidad se organizó, la empresa difundió en medios de comunicación que le pagaba 18 mil pesos mensuales a cada comunero, lo cual no era cierto, pero originó que la delincuencia organizada les quisiera cobrar cuotas de 2 mil pesos a cada uno. Así nació ahí la autodefensa, que empezó a ser acosada por el Ejército y la policía, hasta que los comuneros detuvieron a 60 soldados. Lo que vino después fue la detención de los policías comunitarios, el desmantelamiento de la autodefensa, y la felicidad para la minera.
En Guerrero se repite el guión, y la Crac, que anunció su rechazo total a las concesiones mineras otorgadas en 2010 por el gobierno federal, se pulveriza.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/08/23/index.php?section=opinion&article=002a1soc