Denuncia violencia en la Fiscalía: “es el cariño que dan cuando te agarran”; nada hacen contra el saqueo, señala abogado
Gaudencio Mancilla, líder comunero de Ayotitlán en conferencia tras su liberación. Foto Héctor Jesús Hernández
Darío Pereira y Alejandro Velazco | La Jornada Jalisco, retomado por Crónica de Sociales, 24 de agosto 2013.
24 de Agosto 2013.- Gaudencio Mancilla Roblada, líder nahua representante legal del Consejo de Mayores del Ejido Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, que fue detenido en las primeras horas del pasado jueves por agentes de la Fiscalía del Estado, en rueda de prensa luego de ser liberado de las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Guadalajara, dijo haber sido agredido por los agentes estatales con el fin de obligarlo a señalar a un grupo de funcionarios como artífices de una policía comunitaria en la localidad.
Mancilla Roblada indicó:
“La policía que me detuvo, me agredió y querían que señalará a personas para que se dijera que sí se está haciendo la policía comunitaria”.
Las personas a las que se le quería obligar a señalar como responsables de proveer de armamento a Mancilla Roblada son: César Díaz, de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara; Jaime Hernández Lamas, abogado del Consejo de Mayores; Alfonso Hernández Barrón, visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y Clemente Castañeda Hoeflich, diputado local por Movimiento Ciudadano.
Desde noviembre pasado Mancilla Roblada participó en reuniones de trabajo con el gobierno municipal de Cuautitlán de García Barragán, diputados locales y mandos del Ejército para estudiar la conformación de grupos de vigilancia comunitaria; sin embargo, la idea fue desechada después de que la mayor parte de la comunidad se mostrara en desacuerdo en el pasado mes de febrero.
A pregunta expresa sobre si cuando estuvo detenido sufrió algún tipo de tortura, respondió:
“De que hubo, hubo. Ese es el cariño que cuando agarra la policía es el que dan. Querían que yo dijera que esas gentes estaban llevando el armamento, eso es lo que querían y por eso fueron bofetadas y todo contra mí.
“Estoy estrenando ropa, también mi hermano (Bonifacio Macilla, detenido junto con él) porque mi ropa estaba llena de sangre entonces me tuvieron que comprar ropa para que no…”.
Agregó que una vez remitido a la delegación local de la PGR para desahogar el proceso de portación ilegal de arma de fuego –por lo cual pagó una fianza de cinco mil pesos y fue puesto en libertad– le fueron respetadas sus garantías y se siguieron las normativas del protocolo de protección de defensores de Derechos Humanos, al que está sujeto.
Gaudencio aceptó tener en su propiedad una pistola nueve milímetros para protección propia toda vez que en julio pasado un comando intentó secuestrarlo en su domicilio.
Respecto a la “propaganda” que la Fiscalía señaló haber encontrado en su vivienda referente a la creación de la policía comunitaria, Mancilla reiteró que se trata de los mismos documentos que fueron utilizados en los mencionados diálogos con las autoridades.
Sin embargo, para Gaudencio el trasfondo de su detención no se debe ni a la conformación de grupos de vigilancia comunitaria, ni la posesión del arma:
“Es totalmente falso esto porque la Fiscalía quiere cubrirse de todas las agresiones en mi contra (…) El asunto es de minas”.
Mancilla Roblada ha formado parte de los esfuerzos para detener la extracción ilegal de minerales y maderas de su comunidad, enclavada en la Sierra de Manantlán.
Por su parte, el abogado Jaime Hernández Lamas criticó que haya sido Gaudencio quien fue detenido por las autoridades estatales mas no se haya actuado en contra de las compañías que extraen los recursos que, calcula, representan ganancias semanales de hasta 30 millones de dólares.
Hernández Lamas lamentó:
“No se ha detenido un solo camión, a diario sacan al menos 30 camiones y no se ha detenido uno solo, no se ha cuestionado qué empresa es la que está haciendo eso ni quién las ha autorizado”.
Finalmente, Mancilla Roblada expresó la necesidad de que las instituciones gubernamentales se pronuncien y actúen en contra de la mina que es operada en la región por la compañía Peña Colorada.
Gaudencio Mancilla concluyó:
“Lo único que les diría es que tenemos un derecho como pueblos indígenas y lo que estamos haciendo es cuidar los recursos de nuestras comunidades. El gobierno debe verlo y debe frenar este tipo de anomalías”.