CIUDAD DE MÉXICO, 26 de agosto (Al Momento).- El presidente de la Comisión de Economía, diputado Mario Sánchez Ruiz del PAN, afirmó que cualquier reforma que se trabaje y apruebe el Congreso de la Unión respecto al sector minero deberá considerar “la corresponsabilidad ambiental y social del sector, con la sociedad y el Gobierno”.
Entre las reformas que, agregó, han modificado para bien las condiciones del sector, fueron la laboral, en el capítulo XIII Bis, de los Trabajadores en Minas, la cual busca implementar medidas, programas y acciones para aumentar la seguridad y prevenir y evitar fatalidades.
Mencionó que en términos de números, durante el 2012 la industria minera generó 309 mil 722 empleos directos registrados en el IMSS, además de un millón 600 mil empleos indirectos.
“La inversión en minería durante ese año fue de 5 mil millones de dólares, logrando un alcance social en entidades federativas en 24 de las 32; y lo más importante el aporte al PIB fue de 4.9 por ciento”, explicó.
Sánchez Ruiz destacó la importancia de realizar comparaciones con otros sectores económicos y su aportación al PIB, para darse mejor idea de la importancia y contribución a la economía del país, lo cual al final se ve reflejado en el bienestar de la sociedad.
Precisó que el PIB durante el 2011 fue de mil 153 billones de dólares, del cual, la industria automotriz aportó el 7.8 por ciento; el Petróleo, 5.8 por ciento; las remesas, 1.9 por ciento y la minería el 1.7 por ciento, creciendo a 3 por ciento durante el 2012.
“Es decir el sector minero se encuentra dentro de los primeros en aportación al PIB, lo que lo convierte en un sector importante y necesario para la economía de México”, reiteró el diputado.
Dio a conocer que hace un par de días se llevó a cabo un foro en el estado de Sonora, donde se reunieron el gobernador de la entidad, Guillermo Padrés; el Coordinador General de Minería de la Secretaría de Economía Federal, Mario Cantú Suárez; y Humberto Gutiérrez-Olvera Zubizarreta, presidente de Cammimex, quien pidió a los presentes que la regulación fiscal y legal no los vaya a sacar de la competencia y no implique una reducción de inversión.