Pendiente aún el cierre del proceso legislativo para modificar la Ley Minera a efecto de implantar un cobro de derechos a las empresas del ramo, el gobierno le comió el mandado al Congreso al plantear un escenario similar, vía la propuesta de reforma hacendaria.

 

La diferencia es que mientras en ésta se plantea que el pago alcance el 7.5 por ciento de las ganancias de las compañías, es decir sus ingresos por venta menos sus costos de extracción, en la que aprobó la Cámara de Diputados se habla de una tasa de cinco por ciento sobre los ingresos acumulables. Digamos que al final del día empresas como el Grupo México del «rey del cobre», Germán Larrea Mota Velasco; Industrias Frisco, del magnate Carlos Slim, o el Grupo Peñoles de Alberto Bailleres, para no hablar de la media docena de firmas canadienses, inglesas, estadounidenses y hasta chinas salieron ganando… perdiendo.

La diferencia entre la propuesta del gobierno y la que había planteado el PRI es de varios cientos de miles de pesos. La lógica diría que colocado el dardo en el ramillete fiscal planteado por la Secretaría de Hacienda, sería redundante, «excesivo» diría el grito en el cielo, mantener vivo el planteamiento original.

El problema para el país es que mientras la propuesta hacendaria recaudatoria no le fija destino específico a la recaudación esperada, en la planteada por los legisladores Adolfo Bonilla Gómez y Marco Antonio Bernal Gutiérrez se etiquetaba hacia escenarios específicos. Aunque la Federación se llevaba su tajada, el 70 por ciento de los recursos se integrarían en un Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable para Estados y Municipios Mineros.

Lo cierto, al margen de si se considera equitativo o no el derecho exigido, es que las firmas mineras viven en el paraíso, por más que para la Cámara Minera de México las aportaciones fiscales que cubren las empresas del ramo son superiores a las de otros países con vocación extractiva como Perú, Chile y Canadá. Los derechos por extracción que pagan las firmas del ramo, la mayoría extranjeras, representaron en 2011 apenas el 1.3 por ciento del valor total obtenido por las compañías. El año pasado el monto de tributos fue de tres mil 122 millones de pesos… más 844 millones 361 mil por derechos. Más allá, de acuerdo al artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, la contraprestación al gobierno por concesiones y asignaciones mineras durante los primeros dos años de vigencia de éstas es de solo 5.7 pesos por hectárea.

Esta se incrementa al tercer y cuarto año… para alcanzar 8.82 pesos.

El máximo llega después del décimo año, con otro monto simbólico de 124.7 pesos.

Además, las empresas del ramo no pagan ningún derecho por la producción de minerales, incluido el oro, cobrándoseles sólo por la extensión de los terrenos a explotar.

LA BARATA DEL SIGLO

En Perú, digan lo que digan, se le impone a las compañías extractivas una tasa de 30 por ciento sobre utilidades corporativas, además otro de tres por ciento a título de derechos… al margen, naturalmente, de la tributación sobre la renta.

En Chile la tasa sobre utilidades corporativas se abate 12 por ciento, pero las regalías se incrementan a nueve.

En Australia la proporción es de 29 por ciento de utilidades corporativas y cinco por ciento de regalías.

El marco fiscal para las empresas extractivas está vigente desde 1982.

La alternativa planteada por la reforma hacendaria habla, además, de un pago adicional de 0.5 por ciento por extracción de oro, plata y platino, para cubrir el deterioro ambiental provocado.

El cabildeo trabaja horas extra.

BALANCE GENERAL

La colocación en escena de la propuesta del gobierno en materia hacendaria ha dividido a las cúpulas empresariales en su actitud frente al gobierno. Mientras la Concamín aplaude el abanico que pulveriza a la clase media, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios califican de «recaudatoria» la propuesta, advirtiendo que nos acerca más a la posibilidad de recesión.

Lo cierto es que el empatar la tasa del IVA en las fronteras, eliminar la consolidación fiscal para empresas gigantes, incluidas maquiladoras, y la implantación de un tributo a las ganancias especulativas, estaban cantadas en uno de los compromisos del Pacto.

La Secretaria de Hacienda sólo siguió el guión.

El adendum que molestó a los grandes corporativos fue la reducción de las posibilidades de deducción a un máximo de 10 por ciento sobre los ingresos.

El choque llegó cuando desde Los Pinos se rechazó la posibilidad de elevar la tasa cero de alimentos y medicinas a la mitad de la general, en afán de evitar mayor insurgencia popular. La cúpula empresarial pensaba que por ahí se cargaría la recaudación.

Sin embargo, a cambio se planteó un tributo especial de un peso por litro de bebidas gaseosas, incluyendo polvo para aguas frescas, lo que abre un frente más a la protesta, éste de los cañeros.

Lo demás son cartas de canje: el IVA a colegiaturas y cobro de rentas, además del pago de hipotecas.

UNA PARA MVS

Finalmente la cadena MVS de la familia Vargas está en opción de desempolvar su viejo proyecto de Banda Ancha para Todos, que planteaba ofrecer vía su espectro en la banda de 2.5 gigahercios… por más que sus socios originales tendrán que ser reemplazados.

Aunque sólo podrá utilizar la tercera parte de lo que tenía, sigue firme la posibilidad de una velocidad 20 veces mayor a la que estamos acostumbrados, vía un esquema en que habría jugadores de mayoreo, es decir lo que técnicamente se llama carrier de carriers. Planteada hace tres años la posibilidad, con socios del tamaño de Intel, el gobierno panista anterior fue sordo a la propuesta mientras se desgarraba la garganta por gritar que la banda estaba subutilizada. La consigna era cerrarle el paso a cualquier intento de arreglo, tras negarle a la empresa el refrendo de sus concesiones.

Quienes quedan en el limbo son el resto de concesionarios de la banda, que utilizaban ésta para ofrecer servicio de televisión por cable, obligándoseles ahora a dedicarla integra para Internet.

ALSEA YA HABíA GANADO

Aunque la reacción a bote-pronto de los inversionistas tras el anuncio oficial de que la cadena de franquicias Alsea adquirió 362 restaurantes que pertenecían a la cadena Wal Mart, fue colocar a la venta sus acciones, lo que provocó una caída de tres por ciento en la cotización de éstas, lo cierto es que la ganancia ya se había descontado.

Desde la semana pasada, retirada de la pelea la cadena Sanborn’s del magnate Carlos Slim, y colocadas las fichas de la familia Vargas en la esperanza de recuperar espectro de la banda de 2.5 gigahercios, no había más contendiente de peso que la firma de la familia Torrado.

El imperio alcanzará los restaurantes Vip’s, El Portón, Ragazzi y la Finca, además de la gama completa de comida rápida: Domino’s Pizza, California Pizza Kitchen, Italiannis, Starbucks y demás etcéteras.

La compradora tiene un imperio que traspasa las fronteras.

Albertobarrancochavarria0@gmail.com

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