La Red de Defensa de los Derechos Humanos, a través de su representante Israel Sanpedro, solicitó garantías al gobierno del estado de Puebla para que se respete la integridad física, psicológica y moral de las personalidades del ámbito académico y organizaciones sociales que acompañarán a los habitantes de la comunidad de Ixtacamaxtitlán en caravanas informativas respecto a los efectos nocivos de la minería para personas y medio ambiente, este 2 de noviembre.

En su misiva, dirigida al gobernador del estado, al procurador y al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Puebla, se señala que la oposición a la construcción de la mina a tajo abierto en el municipio de Ixtacamaxtitlán ha aumentado.

“De acuerdo con el portal municipiospuebla.com.mx en los últimos meses habitantes de Ixtacamaxtitlán han denunciado la inminente apertura de una mina a tajo abierto por parte de la empresa Almaden Minerals, luego de que se comprobara la existencia de atractivos niveles de oro y plata, tras la realización de más de 700 barrenos de más de 400 metros de profundidad”.

En la misiva se señala que de acuerdo con una lista obtenida por el periódico La Jornada, el Gobierno Federal otorgó 110 concesiones mineras que abarcan 113 mil 507.66 hectáreas en 19 municipios del norte poblano, de las cuales 59 son para extracción de oro, comúnmente asociado con metales como plata, plomo, cobre y zinc. Otras concesiones son para extraer cobre, plomo, manganeso y minerales no metálicos.

“Sin embargo, el Servicio Geológico Mexicano (SGM), dependiente de la Secretaría de Energía, en su publicación Panorama Minero de Puebla consigna que de 2005 a 2011 se expidieron mil 986 títulos de concesión —sin precisar para qué minerales— que comprenden una superficie de un millón 875 mil 538.31 hectáreas, lo que representa 55.11 por ciento de la cobertura estatal.

”La minería a tajo abierto está representada en Puebla, como en muchas partes de México, por empresas transnacionales canadienses, como Almaden Minerals, que tiene (mediante sus filiales mineras Gavilán y Zapata) 14 concesiones en los municipios de Libres, Tetela de Ocampo, Zautla y Guadalupe Victoria, con un total de 60 mil 305.49 hectáreas”.

Luego de lo anterior la Red de Derechos Humanos pide a las autoridades estatales: “I. Garantizar la integridad física, psicológica y moral de las personalidades del ámbito académico y organizaciones sociales que acompañaran a los habitantes de la comunidad de Ixtacamaxtitlan en caravanas informativas respecto a los efectos nocivos de la minería para personas y medio ambiente, este 2 de noviembre.

”II. Cumplimiento del pliego petitorio de los afectados y opositores de la minera Almaden Minerals: a) Audiencia pública con el gobernador C. Rafael Moreno Valle para que informe y explique el convenio firmado con la minera Almaden Minerals y de razones por las cuales se brindan facilidades a la empresa en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas de la Sierra Norte. b) Retiro inmediato de la maquinaria e ingenieros de la empresa Almaden Minerals”.

La carta de la Red de Derechos Humanos está signada por su representante, Israel Sampedro Morales, coordinador general de la Red de Defensa de los Derechos Humanos.