Boletín de Prensa
Antecedentes
El 1º de Diciembre pasado, el presidente de Bienes Comunales de Zacualpan Carlos Guzmán, promotor de la mina de oro, suspendió sin justificación legal alguna, la Asamblea en la que se trataría el punto de la mina, en la que él pretendía imponer con maniobras y con pagos que los comuneros votaran a favor de autorizar la instalación de la mina de oro en la comunidad indígena. Ese mismo día ante esta suspensión se llevó a cabo una Asamblea General de información de la Comunidad indígena que se opone a la mina, de la que se emitió la declaratoria que presentaba tres puntos principales:
1.-La destitución del actual Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia
2.-Rechazo total al proyecto de explotación de una mina de oro, plata, cobre y manganeso, del Sr. Rigoberto Verduzco Rodríguez, y
3.- Declarar el Territorio de Zacualpan Libre de Minería
Los comuneros solicitaron por escrito tanto al presidente de bienes comunales como a la Delegada de la Procuraduría Agraria, Ma. Elena Díaz Rivera, se convocara a una nueva Asamblea con estos puntos para el orden del día pero nunca tuvieron respuesta.
En el caso particular de la delegada de la procuraduría agraria María Elena Díaz, lejos de animar los buenos oficios para impulsar los procedimientos necesarios para alcanzar legalidad, se encargó de hacer “grillas” para tratar de dividir a los comuneros opositores a la mina, acusar a Bios Iguana A.C. de tener “intereses en el territorio” y ganar tiempo para introducir acciones que intenta condicionar, el acuerdo de “No a la mina” y al “cambio de autoridades comunales” siempre y cuando se revise y se depure el padrón de comuneros, así como cambiar el régimen de propiedad comunal a régimen de propiedad ejidal.
Estas maniobras de la delegada solo se enmarcan en el interés particular de que las tierras de los comuneros sean accesibles legalmente a la compra venta, para favorecer a los inversionistas mineros en la región, situación que en la actualidad no es posible legalmente bajo el régimen de propiedad comunal.
Todo este escenario en un ambiente de violencia verbal, física y de amenazas por familiares de presidente de bienes comunales Carlos Guzmán y acciones policiacas directas del comisario de la junta local municipal Enrique Carpio, generando un entorno de miedo e incertidumbre entre la población por la inusual y masiva presencia policiaca en franca posición de intimidación, que culminó con la detención de Gabriel Martínez Campos presidente de Bios Iguana A.C. por lo que la intervención oportuna del presidente de la Comisión de derechos humanos favoreció un clima de paz y tranquilidad para las fiestas navideñas y las fiestas patronales a Santo Santiago.
Los hechos del 2 de Febrero
Finalmente el presidente de bienes comunales emitió una convocatoria para el día 2 de Febrero, como segunda convocatoria sin haber realizado la primera, además ésta no contaba con ninguno de los puntos que los comuneros habían solicitado.
Este domingo 2 de febrero Zacualpan vivió momentos de tensión muy fuertes pues el día anterior Carlos Guzmán amenazó a través de perifoneo en la comunidad, que sólo se permitiría la entrada a la Asamblea a comuneros acreditados y que la delegada de la Procuraduría Agraria traería policía federal para detener a quienes no fueran comuneros e intentaran entrar. Así mismo corrió el rumor de que había denuncias penales contra integrantes de Bios Iguana, y que la Delegada traería órdenes para su arresto.
No sólo se contó con la presencia de la PGR, sino con policía municipal y del ministerio público federal que se paseaban frente a la casa de usos múltiples con sus armas largas intimidando a la población. La gente interesada quería entrar a la Asamblea a apoyar a los comuneros para que se modificara el orden del día y Carlos Guzmán no les permitía la entrada, hasta que la gente forzó a empujones la puerta y entró.
En otras reuniones, la misma Delegada mencionaba que las asambleas eran abiertas para toda la población que no podían ser a puerta cerrada, que no todos tendrían derecho a voto pero sí a voz, sin embargo ahora se retractó y dijo que era una Asamblea de Comuneros y que se tratarían los puntos que estaban en la convocatoria. Los comuneros rechazaron realizar la Asamblea si no se presentaba el punto de la destitución de autoridades y rechazo a la mina. La Delegada se negó, la comunera Epitacia Zamora se levantó y le dijo que ella no tenía derecho a imponer un orden del día, que la Asamblea era la que decidía. Una maestra le quiso entregar a la Delegada un documento referente a un contrato con la mina y ella le dijo que si no era comunera que la iba a sacar. La gente le comenzó a gritar que ella no era nadie, que ahí la autoridad máxima era la Asamblea y que ahí estaban en territorio de Zacualpan en donde ellos mandaban, y no en su oficina.
En un momento de desesperación la Delegada mandó llamar a la policía federal para que retirara a los que no eran comuneros, pero los mismos comuneros le pidieron a la policía respetara la Asamblea que ellos no tenían nada que hacer ahí y tuvieron que salir.
Estaban presentes personal de Conafor, y de la Secretaría de Educación que se regresaron con sus propios honores porque la gente no quiere en este momento “proyectos electoreros, quiere que le respeten su decisión”.
Finalmente la Delegada le dijo a la gente que la Asamblea se iba a suspender porque no había condiciones y que se iba a convocar nuevamente, los comuneros accedieron únicamente con la condición de que la siguiente convocatoria trajera exclusivamente los puntos de destitución del comisariado y No a la Mina, lo que la Delegada aceptó.
Premeditadamente Carlos Guzmán no llevó el libro de Actas y esa Acta no se realizó por lo que quedaron sin ningún acuerdo por escrito, los hechos acontecidos.
Mientras tanto afuera los hijos de Carlos Guzmán provocaban y amenazaban a integrantes de Bios Iguana de sacarlos a golpes si no se iban de la comunidad.
Es evidente el interés institucional de la delegada de la procuraduría agraria María Elena Díaz de querer imponer su voluntad personal al conjunto de comuneros de manera arbitraria, autoritaria, grosera, usar recursos públicos y el uso de la fuerza pública federal a su discrecionalidad, para intentar imponer a una comunidad indígena que goza de capacidad jurídica para tomar sus propias decisiones.
Usa el estilo de gritos y amenazas como recurso de persuadir a quienes disienten legal y moralmente con su autoritarismo e intentar imponer el acuerdo de “si a la mina”, poniéndose por encima de la propia asamblea comunal, ante la incapacidad de Carlos Guzmán de manipularla.
La Delegada de la procuraduría agraria quiere imponer la depuración del padrón de comuneros y el cambio de régimen de propiedad ejidal como condición de cambio de autoridades comunales, siendo ilegal este procedimiento.
