Martes 18 de Febrero del 2014
GUILLERMO LUÉVANO BUSTAMANTE
ALTERMUNDI
Teódulo Rivera López, Blas Guzmán Gatica, Benito Arriaga Gatica, Juan García Puente e Isidro Rodríguez Ramírez eran mineros en Charcas, San Luis Potosí, y murieron en un accidente el pasado miércoles 12 de febrero de 2014.
Según la versión de la empresa, Industrial Minera México (de Grupo México), el mecanismo de un eje en el que se transportaban los trabajadores se reventó y desbalanceó la calesa, lo que ocasionó su caída de 750 metros al fondo del tiro.
México se ha vuelto un país minero. O, mejor dicho, lo han vuelto artificiosamente. La Cámara Minera de México presume que somos el principal destino de inversión en el ramo en América Latina y el cuarto puesto en el ámbito mundial. Si el país está colocado en ese rango es en virtud de ciertas prácticas emprendidas por el gobierno federal que han resultado muy convenientes para las empresas y desventajosas para los trabajadores. La ley minera vigente permite la entrega de concesiones de hasta 50 años, renovables, y con ínfimos pagos de impuestos.
Los últimos 20 años el gobierno federal ha concesionado a empresas mineras, principalmente extranjeras, el equivalente a 26 por ciento del territorio nacional. Sin embargo la actividad minera en este país representa apenas el 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto y sólo 0.3 por ciento de la población ocupada (datos de Juan Ramírez del Centro de Estudios de Investigaciones de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados).
Hace poco más de tres años en San Luis Potosí ocurrió otro accidente en Villa de la Paz con dos víctimas que perdieron la vida. En general son frecuentes los accidentes en las minas, podemos recuperar en la memoria cerca de diez accidentes mortales en los cinco años recientes en México.
El consorcio minero de Grupo México tiene ya una lista de agravios profundos contra los mineros en el país. Hace 7 años, el 19 de febrero de 2006, en la mina de Pasta de Conchos, Nueva Rosita, Coahuila, perdieron la vida 65 trabajadores. La negligencia de la empresa, propiedad de Germán Larrea y la displicencia del entonces secretario del Trabajo, Francisco Salazar, produjeron no sólo indignación y rabia en las familias de las víctimas y en la opinión pública, sino la acusación de que el accidente generó beneficios privados para el alevoso Larrea, tras las modificaciones a la legislación que le permiten ahora obtener beneficios del gas metano.
Los mineros suelen estar expuestos a numerosos riesgos. Históricamente la minería ha sido señalada como una de las actividades más riesgosas para la salud. Sin embargo, la vieja silicosis, causante de tantísimas muertes de mineros, palidecería hoy con el “accidente de trabajo” que por omisión o descuido es responsabilidad de las empresas, más voraces que nunca.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal sostiene que en 2013 realizó cuatro inspecciones a la mina de la tragedia más reciente. Pero las autoridades laborales hace ya mucho tiempo que son más protectoras de las empresas que de los trabajadores. El secretario Alfonso Navarrete no deja de demostrarlo.
Esta no ha sido una tragedia tan sonada como la de Pasta de Conchos, no ha causado las reacciones en la prensa comparables con aquella tragedia, pero también duele. La mina está en el municipio de Charcas, en el empobrecido Altiplano potosino, pero el luto es nacional. El conflicto es de jurisdicción federal, pero es de esperarse una actuación más decidida de las autoridades estatales en atención a las familias, a la población de Charcas, en honor a la justicia elemental, un llamamiento o condena del gobernador del estado, Fernando Toranzo, a la empresa. Pero nada, eso no sucede.
Duelen los trabajadores mineros que nos faltan, pero duele también la impunidad de los empresarios y la pachorra exacerbante de las autoridades del trabajo.
Twitter: @GuillerLuevano
http://www.lajornadasanluis.com.mx/2014/02/18/wquebradero.php
