Buenos días Chiapas… El secretario General de Gobierno, doctor Lalo Ramírez Aguilar, dejó en claro que en esta administración gubernamental federal y estatal, no existe ninguna autorización para la explotación minera en Chiapas; razón por la que en los próximos días la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural y la PROFEPA, realizarán una inspección en la Sierra para iniciar acciones en contra de la explotación ilegal que pudiera existir.
Es más, dijo que el Gobierno del Estado respalda a las organizaciones que legalmente se han coordinado para defender sus recursos naturales y manifestó su rechazo a la explotación minera, luego de una reunión de acercamiento con ejidatarios de la región Serrana; donde también –aclaró- que dichos grupos no tienen nada que ver con los llamados “grupos de autodefensa”, que operan en los estados de Michoacán y Guerrero.
Un trabajo de Gustavo Castro Soto, denominado “La Actividad Minera en Chiapas, un recuento del 2000 al 2012”, donde se involucra a las organizaciones Otros Mundos, AC/Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4); señala que las condiciones laborales son pésimas y se emplea a pocas personas, la contaminación del agua con una extracción en grandes cantidades no sólo deja a las comunidades sin acceso al agua sino además muy contaminada con metales pesados.
La deforestación por la actividad minera a cielo abierto altera el clima, erosiona los suelos, se pierde biodiversidad y las plantas medicinales; así como la pérdida de cosechas y la imposibilidad de acceder a una alimentación adecuada, el ruido, las detonaciones, el polvo, la contaminación del aire, los deshechos, los accidentes, la pérdida del paisaje, entre otras consecuencias, hacen que la población se levante en resistencia.
Además, indica que la PROFEPA, SEMARNAT y otras, han mostrado total complicidad con los intereses de las inversiones mineras; no hay inversión minera donde no se registre algún tipo de conflicto que ha llegado no sólo a la expulsión, amenazas, hostigamiento, persecución, desplazamiento de población, sino hasta el asesinato de líderes campesinos e indígenas, como el caso de Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y del Frente Cívico de Chicomuselo.
De acuerdo al trabajo de investigación de Gustavo Castro Soto, entre 2000 y 2012 se entregaron 51 concesiones mineras a igual número de diferentes propietarios; 41 son propietarios mexicanos y el resto extranjeros, entre Canadá y Chile. Muchas de esas concesiones ya expiraron, otras empresas han cambiado de nombre y otras empresas o particulares han vendido sus permisos.
En el 2010, se creó la empresa minera Brigus Gold con la fusión de Apollo Gold y Linear Gold, misma que tiene su sede en Halifax (Canadá), compañía de exploración de oro y con proyectos en Canadá, México y República Dominicana. En México, ha completado una transacción con Cangold para vender el 75% del proyecto de Ixhuatán, Chiapas, proyecto que abarca un área de más de 98 mil hectáreas, incluido el depósito de oro Campamento.
Agrega que entre 2000 y 2006, durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, se llevaron a cabo prácticamente todos los proyectos mineros de exploración; mientras que en la administración de Juan José Sabines Guerrero, se otorgaron todas las concesiones de alrededor de 50 años de duración.
“En estos dos períodos, del 2000 al 2012, los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, otorgaron para Chiapas prácticamente todas las concesiones. En este periodo el total de actividades y/o concesiones para la exploración y explotación han sumado 153, actividades que han realizado particulares mexicanos, gobierno federal y empresas tanto mexicanas como extranjeras. Estas actividades se han realizado sobre Un millón 528 mil 853.24 hectáreas de territorio chiapaneco, equivalente al 20.85% del territorio de la entidad”.
La exploración y explotación se desarrollan en 50 municipios que tienen concesiones mineras, como son: Acacoyagua, Ixtapangajoya, Amatán, Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Bochil, Cacahoatán, Catazajá, Chamula, Chiapa de Corzo, Chicoasén, Chicomuselo, Cintalapa, Coapílla, Copainalá, El Bosque, Escuintla, Frontera Comalapa, Huixtán, Ixtacomitán, La Concordia, Las Margaritas, Mapastepec, Marqués de Comillas, Mazapa, Monte Cristo de Guerrero, Motozintla, Ocozocoautla, Pantepec, Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, San Cristóbal de las Casas, Siltepec, Solosuchiapa, Suchiate, Sunuapa, Tapachula, Tapilula, Tecpatán, Teopisca, Totolapa, Tuzantán, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán, Villa Corzo y Villa Flores.
Hasta el año 2050, 54 proyectos mineros están concesionados por 50 años en 24 municipios, Acacoyagua (6), Amatenango del Valle (1), Ángel Albino Corzo (3), Chicomuselo (2), Cintalapa (2), Coapilla (1), Copainalá (1), Escuintla (3), Frontera Comalapa (2), Ixtacomitán (1), La Concordia (1) Mapastepec (2), Mazapa de Madero (1), Motozintla (4), Ocozocoautla (1), Pichucalco (2), Pijijiapan (2), Rayón (2), Siltepec (4), Solosuchiapa (5), Tapachula (4), Venustiano Carranza (2), Villa Comaltitlán (1) y Villa Flores (1), señala la investigación.
Oficialmente, las concesiones fueron para empresas de tres países: Canadá, Chile y México. Muchas veces no declaran los minerales que pretenden explorar o extraer, pero al menos 13 declarados como los más importantes son: oro, plata, plomo, cobre, zinc, barita, antimonio, wolframio (tungsteno), hierro, titanio, magnetita, molibdeno y sal.
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La pregunta del día
¿Darán marcha atrás a las concesiones mineras otorgadas en los gobiernos de Salazar y Sabines?

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