GERARDO ROMO / CORRESPONSAL / Publicada el 30/03/2014 10:40:49 p.m.
Ejidatarios de Mazapil denunciaron que enfrentan presiones y amenazas de muerte en su litigio contra Gold Corp, dueña de El Peñasquito, la segunda mina de oro más grande del mundo.
Su historia comenzó en Cedros, Cerro Gordo y otras comunidades aledañas, donde en 2005 accedieron ante la minera canadiense a rentar 5 mil 700 hectáreas durante 30 años a 50 centavos el metro cuadrado.
«Se aprovecharon de nuestra ignorancia, exigimos lo que nos corresponde porque la tierra es de nosotros y es la más rica a nivel mundial», dijo el ejidatario Lauro Herrera.
«Nunca nos dijeron que sobre nuestras tierras había oro, nos engañaron, queremos lo justo», expresó otro campesino.
Mónico Morquecho, del ejido Las Mesas, explicó que después, en el 2006, la mina les ofreció 10 mil pesos por hectárea, y ahora subió la oferta hasta 2 millones de pesos para comprar sus propiedades.
El 28 de enero de 2011, un juez federal en materia agraria ordenó a la mina la restitución de 599 hectáreas a ejidatarios de Cerro Gordo, por considerar ilegal un contrato elaborado en 2005.
«Se determina la nulidad del acuerdo que autorizó el contrato de ocupación temporal entre el ejido y la sociedad Minera Peñasquito S.A de C.V, se condena a la parte demandada a no seguir perturbando al ejido actor con la ocupación ilegal de los terrenos que le pertenecen», señala la sentencia de la que REFORMA tiene copia.
Aunque la minera se amparó, el 16 de abril de 2013 el Magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Monterrey, Serafín Salazar Jiménez, negó el recurso y ratificó la sentencia a favor de los ejidatarios, pero a la fecha no ha sido acatada por la trasnacional.
«He recibido amenazas de muerte, por lo que responsabilizo a la minera de lo que pudiera pasarme a mí o a mi familia y a los compañeros ejidatarios», señaló Alfonso Herrera, abogado de los campesinos.
Bernardo Sandoval Agüero, ejidatario de Cedros, dijo que al negarse a vender su rancho, los ejecutivos de El Peñasquito lo presionaron para sacarlo de su propiedad.
«Mi rancho estaba tres kilómetros del tajo a cielo abierto que tiene la mina, me lo querían pagar a 200 mil pesos, yo me negué porque en el rancho yo trabajaba ganado de exportación, era muy próspero, de pronto un día la gente de la mina destrozó los cercos, se me perdieron unos 90 animales, hicieron zanjas para impedirme el acceso al rancho», narró el afectado.
Desde 2006 demandó a la mina por robo y allanamiento, proceso que está en curso, y aunque los abogados de la empresa quieren negociar para que retire las demandas, Sandoval señaló que seguirá adelante hasta que se haga justicia.
«El rancho ya se perdió, es un daño incalculable», concluyó.
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