Colima, México.- En México la minería ha sido alcanzada por la mano del crimen organizado, principalmente en el estado de Michoacán, en donde el cártel de los caballeros templarios obtiene ganancias millonarias a través de ésta actividad, ya que de acuerdo información de Michoacán 3.0, se calcula que en el 2013 llegaron a obtener mil millones de dólares debido a la exportación ilegal de más de 10 millones de toneladas de hierro principalmente.

En octubre del 2012, tras el asesinato de su hijo en manos de presuntos sicarios, el ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira declaró que había empresarios coludidos con el crimen organizado en minas de carbón en esa entidad, “ellos (criminales) tienen que vender el carbón a la Comisión Federal de Electricidad, como no lo pueden hacer directamente, utilizan coyotes, intermediarios que tienen concesiones de la extracción del carbón y lo venden, a su vez, a la CFE” afirmó.

A principios de marzo de este año, el secretario general de gobierno de Michoacán Jesús Reyna, advirtió que Colima está involucrado en el tráfico ilegal de minerales, ya que los grupos del crimen organizado utilizan el puerto de Manzanillo como el punto de salida del material, puesto que el puerto de Lázaro Cárdenas había sido fuertemente resguardado por elementos de la Marina y el Ejército Mexicano.

Además, y a pesar de que el gobierno de Colima niega tal situación, fuentes del periódico Reforma han registrado casos de minas ubicadas en el estado que han sido cooptadas por grupos criminales, en donde se estima que han extraído más de 100 mil toneladas de hierro, las cuales son exportadas hacia China.

En este mismo mes, se celebró una reunión entre el embajador de China en México, Qiu Xiaoqui, empresarios de aquel país y el gobierno de Mario Anguiano, tras la cual, Rafael Gutierrez Villalobos, titular de la Secretaría de Fomento Económico en Colima (Sefome) aceptó que los empresarios asiáticos se habían interesado en invertir en el estado en varias ramas de la economía, incluyendo la minería.

En el caso Zacualpan, el gobierno del estado ha mantenido un hermetismo sobre las empresas o actores involucrados detrás del proyecto minero que se pretende instalar, además, señaló la vocera de Bios Iguana Esperanza Salazar Senil, existen más de 360 consesiones en el estado y no se sabe claramente quiénes son los titulares de estas, “esto puede ser porque el gobierno está protegiendo a las grandes empresas mineras o personas involucradas” indicó.

La organización ambientalista no descarta la posibilidad de que existan grupos delictivos detrás del proyecto planeado en Zacualpan, porque aún no está claro debido a la poca o nula información que brinda el gobierno estatal, además mencionan que el empresario Rigoberto Verduzco Rodríguez propietario de la concesión, no tiene la solvencia económica para sostener el proyecto, por lo que advierten, “hay intereses oscuros detrás”.

Recientemente se emitieron una serie de acusaciones en los medios de comunicación en contra de los miembros de Bios Iguana, calificándolos de provocadores y de grupos externos que dividen a la comunidad de Zacualpan, además de que han sufrido amenazas de muerte, por lo que, a decir de Gabriel Martínez presidente de la organización, “es una estrategia para criminalizar la protesta”.

Mientras tanto, pese a las insistencias del empresario por instalar la mina en ese territorio, los habitantes de Zacualpan han decidido no otorgar ningún permiso de explotación, decisión que ya ha sido respaldada por el Congreso del estado y diversas autoridades, por lo que, en caso de no respetarse a la comunidad indígena, se estarían violentando sus derechos humanos y sus usos y costumbres, lo que tendría un costo político fuertemente negativo para el gobierno del estado.

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