México, 9 de Abril de 2014
BOLETIN DE PRENSA
COMUNEROS DE ZACUALPAN SOLICITAN DESTITUCIÓN Y DESLINDE DE RESPONSABILDIADES PENALES Y ADMINISTRATIVAS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA AGRARIA DE COLIMA
Un grupo de Comuneros y Comuneras de la Comunidad Indígena de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, presentaron una queja al Titular del Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria, Mtro. Raúl Armas Katz, y ante el Titular de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, Julián Alfonso Olivas Ugalde, por las omisiones y actuaciones presuntamente delictivas de los servidores públicos de la Procuraduría Agraria de Colima.
Comuneros y Comuneras de Zacualpan presentaron una queja el 7 de abril del presente año en las oficinas de la Procuraduría Agraria como de la Secretaría de la Función Pública en la Ciudad de México, con el apoyo de tres abogados de la REMA como representantes legales, donde exponen los Antecedentes, Hechos, Pruebas y Testimonios que señalan actos presuntamente delictivos y violaciones adminstrativas por parte de la Delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rivera y de su hijo el Visitador Agrario, Carlos Soulé Díaz; así como de la Visitadora Agraria, Miriam Verónica Casas Zavala y del recién destituido Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, Carlos Guzmán, “por las acciones, omisiones y excesos en que incurrieron.”
Los Comuneros y Comuneras también solicitan en el documento que “Se determine lo que en derecho corresponda y se nos restituya en el goce de nuestros derechos violados, se reconozca nuestra Asamblea como válida, se registre ante el RAN, además de destituir y sancionar a los servidores públicos, a la Delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rivera y al Visitador Carlos Soulé de la misma institución”.
En el contexto del conflicto por determinar su territorio libre de minería, y enfrentados a intereses de funcionarios de la Procuraduría Agraria, el empresario minero y el destituido Comisariado de Bienes Comunales, los Comuneros y Comuneras presentaron Antecedentes, Hechos, Pruebas y Testimonios con sus respectivas fuentes de verificación. “Bajo protesta de decir verdad”, los comuneros y comuneras señalaron las presuntas violaciones a las leyes por parte de los funcionarios públicos mencionados; quienes presumiblemente violan las “garantías sociales como indígenas mexicanos y de los derechos humanos consagrados a favor de las comunidades indígenas en el Artículo 1º y 2 de nuestra Carta Magna y en diversos tratados internacionales firmados por México ante las Organizaciones Internacional del Trabajo (OIT), de las Naciones Unidas (ONU) y de los Estados Americanos (OEA), y ratificados por el Senado de la República, en diversas fechas, ocasionados a nuestras personas, a nuestras familias, a la comunidad indígena ancestral nahua propietaria y usufructuaria de la riqueza de la comunidad indígena de Zacualpan.”
En el documento que entregaron a las Secretarías, los comuneros y las comuneras determinan: “Sirven de fundamento lo establecido en la Ley Agraria y sobre todo en los artículos del 24 al 27 y del 134 al 139 de la Ley Agraria, además de lo dispuesto por los artículos del 55 al 75 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, pues no es posible que siendo la Procuraduría Agraria un organismo público de naturaleza federal con funciones de servicio social y encargada de velar por la defensa de los derechos de los, comuneros y otros sujetos agrarios, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la Ley Agraria y su reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten o de oficio, sea la propia Delegada de la Procuraduría Agraria la que violente el marco legal agrario que nos rige y el Código Penal ya citado, ya que conociendo de las omisiones que el Comisario de Bienes Comunales realizaba y estando ella en una de las asambleas no verificó que esta se hiciera conforme a derecho, siendo que ella debe en representación de esa institución de cuidar por la legalidad y protección de nuestros derechos como campesinos e indígenas, tratando siempre de convencer a los comuneros de que se cambiara el régimen de propiedad y no defender nuestros derechos, estando todo el tiempo en una posición terca y reticente, por más que nosotros le hacíamos ver que estaba mal, e insistiendo en que el punto de la mina siguiera considerando en las convocatorias cuando ya habíamos dicho No.”
Los y las demandantes tipifican estas acciones y omisiones en base al Código Penal Federal que en sus Artículos 215 y 219 tipifican los actos de omisión o acción como la intimidación o abuso de autoridad, entre otras, a los servidores públicos, con dos a nueve años de prisión, además de multas y otras sanciones; y por tanto demandan que sea investigados los funcionarios que aquí se exponen.
La REMA se suma a la solicitud de justicia para los Comuneros y Comuneras de Zacualpan.
Atentamente,
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)
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A continuación resumimos el documento presentado a las Secretarías:
(Nota: ver versión completa en documentos pdf abajo)
ANTECEDENTES:
Por órdenes del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, en junio de 2013 el entonces Presidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán Teodoro, presentó en Asamblea por segunda convocatoria el punto relativo al cambio de destino de las tierras y la instalación del proyecto minero del Sr. Rigoberto Verduzco Rodríguez, con la presencia de la Visitadora Agraria, Lic. Miriam Verónica Casas Zavala. La mayoría de los comuneros rechazaron la propuesta. En octubre en una nueva Asamblea se vuelve a rechazar. El entonces Presidente del Comisariado se niega a entregar copias de las Actas de las Asambleas. En el mismo mes se lleva a cabo una tercera Asamblea con la presencia de la Delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera. La mayoría de los comuneros volvieron a rechazar la propuesta. Guzmán Teodoro, violando la Ley Agraria y el Estatuto Comunal, no hizo las actas correspondientes, ni las registró ante el Registro Agrario Nacional (RAN). Todo ello a sabiendas de la Delegada Díaz Rivera. Por su parte, Rigoberto Verduzco Rodríguez, con el apoyo de Guzmán Teodoro, ofrecía $15,000 pesos a cada comunero para que autorizaran con su firma el proyecto minero. Quienes se negaron, recibieron amenzas.
En este contexto, a finales de octubre de 2013 mujeres indígenas de la Comunidad Indígena de Zacualpan se acercaron a Bios Iguana A.C./REMA para ser asesoradas sobre los riesgos de instalar una mina a cielo abierto de oro, plata, cobre y manganeso, a un km. de su comunidad. Así, se les otorgó asesoría jurídica e información sobre los impactos la mina para la salud, el medio ambiente, a la comunidad y principalmente para su manantial de agua de donde se abastecen ellos y casi 300,000 personas de las ciudades de Colima y Villa de Álvarez. Mientras tanto, más de 450 cartas de solicitudes de personas e instituciones del país y otros países solicitaron atender los reclamos de los Comuneros y Comuneras.
HECHOS:
En Noviembre de 2013 se llevó a cabo en el Jardín principal de Zacualpan una reunión informativa sobre los daños y afectaciones que podría causar una mina de oro. Al terminar se presentó el Comisario de Bienes Comunales, Carlos Guzmán Teodoro, para decirle a la gente que “Bios Iguana sólo quiere dividir a la Comunidad lo que dicen son puras mentiras y no los quiero en el pueblo”. Al día siguiente un convoy de soldados se presentó en la comunidad logrando intimidarlos.
En Diciembre, Carlos Guzmán convocó nuevamente a otra Asamblea pero al verse en desventaja canceló la reunión sin justificación. Más tarde diría que lo hizo por órdenes de la Delegada María Elena Díaz Rivera. Ese día la gente llevó a cabo la Asamblea con comuneros y avecindados donde decidieron conformar el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y determinaron destituir al Comisariado de Bienes Comunales y al Consejo de Vigilancia, así como declarar su territorio libre de minería. También acordaron solicitar a la Procuraduría Agraria que convocara a nueva Asamblea. Ese día asistió el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, Roberto Chapula de la Mora; dos Diputados locales, Mariano Trillo y Donaldo Zúñiga; la Diputada Federal Lorete Ortiz, y el Presidente Municipal de Comala, Braulio Arriguín. Cuando el jardín se vio rodeado de policía municipal con armas largas, la Diputada Federal Loreta Ortiz les pidió que se retiraran por causar intimidación a la población. Por su lado, el hijo del Presidente de Bienes Comunales, Rubén Guzmán Aranda, bajo efectos del alcohol, golpeó a Jesús Santos Quirino y le dijo “si tuviera ahorita una pistola, te mataba”. Santos Quirino confesó que el empresario de la mina, Rigoberto Verduzco Rodríguez, meses atrás no pudo comprarlo con dinero para ayudarle a convencer a la gente de aceptar el proyecto minero, y lo amenazó de muerte diciéndole: “al gobierno nada le costaba mandarte matar, a ti y a tu familia”. En ese mismo mes, Guzmán Aranda detuvo a Dilva Peña Velázquez, de la misma comunidad, la agredió verbalmente y la trató de prostituta. Por su lado, Guzmán Teodoro y el Delegado Municipal de Zacualpan, Enrique Carpio, en conferencia de prensa en el Congreso del Estado de Colima, acusaron a Bios Iguana de dividir a la comunidad y generar un clima de violencia. Ese mismo día los comuneros y comuneras entregaron una solicitud con 100 firmas a la Delegación de la Procuraduría Agraria en Colima para que se convocara a nueva asamblea con tres puntos: Destitución del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia, y Rechazo a la Instalación de la Mina.
En otro momento Carlos Guzmán impidió que la organización Bios Iguana, a solicitud de miembros de la comunidad, presentaran información en el parque público sobre los efectos de la mina. El Comisariado Municipal llamó a la policía e inmediatamente cuatro patrullas detuvieron al Presidente de la organización Bios Iguana. Ante el cuestionamiento de los niños y las niñas de que “¿por qué se lo llevan, si él sólo viene a contarnos cuentos?”, uno de los policías responde a una niña: “tú vete de aquí porque te puedo tirar un balazo”. Sin embargo, los niños corrieron detrás de la camioneta blanca sin placas que llevaba esposado al inculpado gritando “¡se llevan al contador de cuentos, se llevan al contador de cuentos!”. Sin embargo, comuneros y comuneras salieron al camino, detuvieron a la camioneta y liberaron al Presidente de Bios Iguana. El Presidente Municipal de Comala prometió dar disculpas públicas por el hecho.
En el mismo mes de Diciembre los diputados del Congreso Estatal aprobaron un punto de acuerdo en el que solicitan al gobierno federal, estatal y municipal a no otorgar los permisos para la instalación de una mina, así como revocar cualquier permiso que ya se hubiera otorgado. Por su lado, la Delegada Díaz Rivera se negó a recibir a los comuneros y comuneras para dar respuesta a su solicitud de convocar a una nueva Asamblea. Luego argumentó que la solicitud debería estar firmada por los Comuneros y Comuneras registradas en el Padrón, requisito que cumplieron al día siguiente. Tres días después la Delegada negó la solicitud agresivamente argumentando que era necesario depurar el primero el padrón. Un joven de la comunidad le cuestionó que así se hicieron otras Asambleas -incluso con su presencia- y no argumentó lo mismo. La delegada solicitó a la guardia policiaca sacar al joven de sus oficinas y a los acompañantes de Bios Iguana. Al final corrió a todos los comuneros. Violando la Ley Agraria y contradictoriamente a lo que había dispuesto anteriormente la Delegada se presentó el 02 de febrero de 2014 acompañada por policía ministerial y judiciales federales, a una “segunda Asamblea” convocada por el Presidente de Bienes Comunales, y de la “primera” nadie se enteró, donde en el orden del día no estaban incluidos los puntos que la mayoría de los comuneros y comuneras demandaban. La Delegada se negó a incluirlos. En ese mismo mes los comuneros y comuneras fueron los anfitriones del Foro Nacional de Afectados por la Minería en la Comunidad de Zacualpan. En ese contexto la Delgada afirmó a la prensa y a los medios televisivos que gente de Michoacán había invadido las Asambleas comunales de Zacualpan y que ella ha llevado a la policía federal para proteger a los comuneros de esa gente de Michoacán (Video que la televisora Megacable, a través del conductor David Campos, se negó a entregar). Por su parte Guzmán Teodoro y Faustino Velázquez, el día 14 de febrero en Meganoticias declararon que Bios Iguana está armando autodefensas. Ante tales manipulaciones y difamaciones, los comuneros y comuneras realizaron una manifestación pacifica afuera de las oficinas de la Procuraduría Agraria de Colima, por lo que la Delegada respondió a los medios en contra de la organización Bios Iguana criminalizándolos y solicitó la intervención del Gobierno del Estado de Colima y de la Procuraduría Estatal de Justicia para que “esa gente salga de ahí” y que «los de Bios Iguana son los delincuentes, extorsionan a los comuneros y los amenazan, viven de la gente a la que presionan, a los de Bios Iguana no les conviene que yo vaya a ver ciertos sembradíos en ciertos lugares que ellos tienen ya pedí la intervención del gobierno del Estado y de la Procuraduría de Justicia». Fuera de las oficinas de la Procuraduría Agraria, los funcionarios el Visitador Lic. Carlos Soulé Díaz (hijo de la Delegada), Verónica Casas y un sujeto bajo los efectos del alcohol, agredieron física y verbalmente a hombres y mujeres miembros de Bios Iguana. Estos mismos funcionarios siguieron intimidando en otras calles de la ciudad a los miembros de dicha organización. Incluso el Lic Soulé Díaz amenazó a uno de ellos diciéndole: «que ya estas advertido que te van a matar si sigues participando en las protestas contra la Procuraduría Agraria, ya déjate de mamadas».
El 3 de Febrero el presidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, convocó a otra Asamblea y un día antes la suspende. Sin embargo, los comuneros y comuneras, ya cansados de esta situación, deciden llevar a cabo la Asamblea con la presencia de 97 comuneros y el Notario Público Pablo Castañeda. Destituyeron al Comisariado, nombraron a uno nuevo y decretaron su territorio libre de minería.
Con temor fundado a que las amenazas continuaran, se interpuso una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Colima. En una visita dicha Comisión, personal de Bios Iguana se encuentra con el comisariado depuesto y su grupo. Rubén Guzmán Arandas, hijo del destituido Presidente de Bienes Comunales abordó a un miembro de la organización y le advirtió: «Ya te cargó la verga, ahora sí nos vas a conocer, a chingadazos, a patadas los vamos a sacar, pinche mariguano, a ti, a tus amigos iguanos mariguanos a patadas los vamos a sacar, ya hartaron al pueblo, la próxima vez que los veamos allá los vamos a sacar a patada, somos 1,500 que ya les queremos caer, ya se los cargó con sus sembradíos ahora sí, te metiste a mi casa sin permiso, se metieron a nuestra casa, si no aprendieron por la buena, ahora van a aprender por la mala, te vamos a enterrar a ti y a tus amigos mariguanos». Usando los mismos argumentos que la Delegada de la Procuraduría Agraria. En ese mismo mes a través de las redes sociales (facebook) José Vázquez Lorenzo, hijo del actual Secretario de la H. Junta Municipal de Zacualpan, amenaza de muerte a José Martín Peña, integrante del Consejo por la Defensa del Territorio de Zacualpan.
El ex presidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán Teodoro, ha amenazado: “todos los que andan por delante de la lucha en contra de la mina, saldrán encostalados uno por uno ”. Así mismo el Sr. Enrique Carpio Rincón, Comisario Municipal ha dicho refiriéndose a la recién inaugurada oficina del Consejo Indígena: “Se le va aprender fuego a la oficina donde se encuentran documentos, archivos y personas que estén dentro”.
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