*Solicitan al vicepresidente de la empresa en México, Horacio Bruna Orchard, que acuda personalmente porque los apoderados locales les dicen que no tienen la capacidad de decisión para resolver las demandas de los dueños de las tierras

Redacción

El presidente del Comisariado Ejidal de Carrizalillo, Roberto Guzmán Montiel afirmó que los ejidatarios de Carrizalillo esperan una respuesta al pliego petitorio que el 31 de marzo terminó el contrato con la empresa minera Gold Corp.
Dijo que no han sido convocados para reunirse, pero que están dispuestos a negociar sus peticiones, o a acordar un cierre definitivo de la minera para que cumplan la ley porque “no vamos a cambiar empleo por la destrucción”.
“Estamos en la misma situación, meramente no ha habido avances”, respondió al ser consultado vía telefónica del conflicto, y afirmó que el jueves los ejidatarios enviaron por segunda ocasión un documento dirigido al vicepresidente de Gold Corp en México, Horacio Bruna Orchard, solicitándole que acuda a dialogar con los ejidatarios, porque los apoderados locales de la empresa les dicen que no tienen la capacidad de decisión necesaria para resolver el bloqueo a la minera que comenzó hace 13 días, tras la conclusión del convenio de explotación por cinco años que tenía la empresa hasta la medianoche del 31 de marzo.
Explicó que están dispuestos a negociar con la empresa minera para llegar a un acuerdo sin tener que proceder a una demanda y que “estamos conscientes de que no todo lo que pedimos nos lo van a dar”, pero consideró que si no se logra cumplir con el pliego petitorio, los ejidatarios también están dispuestos a acordar el cierre definitivo de la minera porque “no tiene caso nada más tener una renta de un pago” ya que los pobladores sufren muchas carencias, necesitan el agua limpia que les prometió la empresa para cancelar un manantial que los abastecía, así como mejores condiciones de salud, servicio médico, educación para sus hijos, becas, obras sociales, y empleos para los pobladores dentro de la empresa que garanticen la derrama económica.
A pregunta expresa sobre la reunión que anunció el delegado federal del Trabajo en Guerrero, Erik Catalán Rendón, para mañana lunes al mediodía, Guzmán Montiel dijo que los ejidatarios se enteraron por la nota publicada en estas páginas el jueves y no han sido convocados formalmente, pero si ésta se realiza asistirán para tratar de negociar con la empresa.
Sobre las declaraciones de Catalán Rendón en las que señaló que los ejidatarios deben flexibilizar sus demandas y hacer un pliego petitorio “coherente”, para evitar la perdida de 2 mil 600 empleos, Guzmán Montiel reprochó que “no sé de qué empleos habla, aquí en mi comunidad son como 300, yo no sé de dónde vayan a traer los 2 mil, son de afuera, quién sabe si son extranjeros, yo no sé de donde sean”, y criticó que el funcionario hable sobre las demandas de los ejidatarios si las desconoce.
Guzmán Montiel dijo que aunque el delegado del Trabajo y el secretario del Medio Ambiente del gobierno del estado (Semaren), Tulio Estrada Apátiga, acudieron a Carrizalillo, ningún otro funcionario estatal o federal ha atendido a los ejidatarios, y consideró que si durante el transcurso de la semana no hay una respuesta por parte de la empresa, los ejidatarios tomarán medidas más drásticas porque los pobladores están preocupados por la contaminación del agua y temen que las lagunas de lixiviados se salgan de control durante la próxima temporada de lluvias.
Al preguntarle si buscarán que otra dependencia, como la Profepa, analice la contaminación del agua ya que en un boletín de prensa la Semaren afirmó que el lunes verificó el “buen funcionamiento” del sistema de lixiviación, el presidente del Comisariado Ejidal dijo que esperarán que la Semaren regrese a realizar los estudio del aire, polvo y agua que acordaron tras el recorrido.
Finalmente, agregó que en caso de que se acordara el cierre de la empresa minera, los ejidatarios han considerado que demandarán que ésta cumpla con la ley, que los lixiviados sean limpiados y controlados, y que se pague una indemnización para los ejidatarios.