Zacatecas.- Investigadores de diversas universidades del país y extranjeras se manifestaron a favor de que haya un nuevo modelo de regulación en la minería que contemple a los habitantes de las comunidades para definir las acciones tendientes al desarrollo local.
Ojalá las conclusiones se traduzcan en regulaciones de las leyes estatales y nacionales para que efectivamente se consolide el desarrollo local sustentable y los capitales no sólo se salgan de Zacatecas”
Esto fue planteado durante el Seminario Internacional de Megaminería y Extractivismo en América Latina, mediante el cual se buscarán estrategias para que efectivamente las compañías incidan en la calidad de vida de los pueblos cercanos adonde se asientan.
Miguel Rodríguez Jáquez, secretario académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), indicó que si bien en años anteriores Sombrerete tenía hasta cinco empresas grandes, a la fecha no se cuenta con un hospital como el de Fresnillo o de la zona conurbada que atienda los males derivados de la actividad minera.
Recordó que actualmente hay un marco jurídico que protege desde el derecho a la tierra hasta los temas ambientales, pero “debemos desempolvarlo”, agregó.
“Ojalá las conclusiones se traduzcan en regulaciones de las leyes estatales y nacionales para que efectivamente se consolide el desarrollo local sustentable y los capitales no sólo se salgan de Zacatecas”, afirmó.
Entre las preguntas que responderán se encuentran los daños ambientales que podría generar la actividad minera, las afectaciones al agua potable así como plantear otro mecanismo de apoyo a las comunidades.
Al respecto, Rodolfo García Zamora, investigador de la Universidad, consideró que los apoyos de vehículos y alimentos, entre otros, son de carácter asistencialista, pues no detonan un verdadero desarrollo de la comunidad respectiva.
“¿Ese 5 por ciento, que en su primer año se estima para Zacatecas en 300 millones de dólares, será suficiente para enfrentar la situación en 15 ó 20 años, cuando se agoten los yacimientos y las minas a cielo abierto dejen severos daños ambientales?”, se cuestionó.
“No estamos contra la minería, sino contra un modelo que no es sustentable ni genera desarrollo económico”, aclaró el investigador.
Incluso consideró que la pregunta debe ser si el 5 por ciento del impuesto a las utilidades mineras servirá para hacer ese cambio de modelo, en el que los habitantes de las comunidades determinen qué se necesita y hasta dónde deben llegar los convenios que suscriban las mineras.
En el evento se contó con académicos de otros países sudamericanos, quienes dieron a conocer su experiencia en materia de regulación minera; el encuentro concluye hoy.
Sin embargo, el trabajo pretende realizarse en un plazo de cinco años, lo que contempla la visita a municipios como Mazapil para conocer qué piensan sobre el agua que se destina a las actividades mineras o sobre las tierras exploradas.
Inicia UAZ gestiones para recursos extra
Durante el evento, Rodríguez Jáquez advirtió que el rector Armando Silva Cháirez inició esta semana las mesas de trabajo para ver si existe la posibilidad de acceder a recursos extraordinarios.
Por ello se le planteó a la Secretaría de Educación Pública tanto el número de plazas que no están reconocidas como los recursos necesarios para el pago de las prestaciones laborales.
