OCTAVO DÍA | 16.06.2014 19:49 hrs.
La minería, es una actividad productiva primaria, estrechamente vinculada al desarrollo económico de México. Desde la etapa colonial, nuestra independencia, el Pofiriato, la época posrevolucionaria, y hasta nuestros días en pleno siglo XXI, esta rama de la economía nacional, fundó pueblos, creó mercados locales, integró regiones, abrió fuentes de empleo, le pagó al fisco, transfirió tecnologías, formó todo un oficio, el de minero, y por supuesto, perfiló empresas especializadas en estos trabajos. Pero no todo estuvo exento de problemas.
Las primeras luchas sindicales, las organizaron los mineros, al exigir aumentos salariales, y sobre todo, mejores condiciones de higiene y seguridad, y hasta la fecha, este es un tema inacabado, sin restarle importancia, a los grandes avances logrados, por los sindicatos que practican el sindicalismo social –capacitación permanente, promoción educativa, defensa laboral–. El otro gran tema, es el impacto negativo ambiental de la minería, y su efecto social.
Desde el 2010, estamos viviendo el boom minero mexicano, debido al incremento de la demanda mundial de metales –preciosos, siderúrgicos, industriales no ferrosos– utilizados en diversos procesos de producción industrial, al aumento considerable del precio de los metales preciosos y de uso industrial, y a nuestra, estabilidad macroeconómica y laboral, sumándole las facilidades administrativas para la inversión de riesgo en esta rama.
En nuestro país, existen tres grandes grupos empresariales mineros, con dimensiones competitivas: FRISCO, del magnate Carlos Slim; Grupo México, de German Larrea; Grupo Peñoles, de Alberto Bailleres; pesos pesados, del capital mexicano. Entre las extranjeras, esta GoldCorp de origen canadiense, con una importante experiencia en el sector. Estas cuatro corporaciones privadas, participan fuertemente, en algunos de los 757 proyectos de exploración o franca explotación y aprovechamiento, que se tienen contemplados en México. Parecen muchísimos, pero sólo se ha explorado el 30% de los posibles yacimientos, el 70% restante sigue en proyectos de exploración y posible explotación, esto es lo que le da potencial al sector minero mexicano.
De acuerdo con la Cámara Minera de México (CAMIMEX), en el 2011 las exportaciones del sector llegaron a los 22 mil 526 millones de dólares, lo que nos coloca, en primer lugar en exploración y explotación minera, en América Latina, sólo por debajo de Canadá, Estados Unidos, y Australia, los países líderes de la industria minera. Eso sí, tenemos el primer lugar en producción de plata, y nos mantenemos, en el Top Ten en extracción de oro, bismuto y plomo.
El 63% de la producción se concentra en oro 21%, plata 20%, cobre14% y zinc 8%, el 37% restante se distribuye en otros metales, lo que permite crear, 328 mil empleos directos, y 1 millón 600 mil indirectos. Por eso su importancia estratégica, para la economía nacional, y de ahí, las facilidades administrativas y fiscales que el Gobierno Federal ha dispuesto para su instalación, lo que nos convierte en un buen destino para este tipo de inversiones.
Quizás en materia fiscal, cabrían algunas modificaciones, como otorgarles participación a los gobiernos estatales y municipales, para que cobraran algún derecho sobre productos minerales, ya que las compañías mineras sólo tributan al fisco federal. Si dejan importantes ingresos, a los gobiernos locales que tanto los requieren, creo que cambiaría la lógica del comportamiento político de los gobernantes locales, con respecto a la industria minera.
Lo malo de esta industria: De entrada, choca con los intereses turísticos; puede tener un costo ambiental alto –suelo, subsuelo, atmósfera, cuerpos de agua–; y en ocasiones, las comunidades autóctonas ofrecen resistencia por no ser tomadas en cuenta, como propietarias originarias de las tierras. Lo primero es entendible, no va un desarrollo turístico con cualquier tipo de desarrollo industrial, menos el minero, y de alguna manera, esto es lo que subyace en la discusión sudcaliforniana, en torno a la minería en el municipio de La Paz.
En cuanto al costo ambiental, el debate en México, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, se centra en el tratamiento de los residuos peligrosos, y en bajar los consumos energéticos y de agua. Se busca darles un tratamiento integral que permita administrar racionalmente los desechos mineros, con el objetivo de reducir al máximo su impacto negativo. Por eso se estudian modelos alternativos de procesamiento de residuos, que utilizan tecnologías de punta, para lograr costos ecológicos aceptables. Y luego, el otro debate, ¿Qué es un costo ecológico aceptable? y así, por los siglos de los siglos, cuando menos aquí en Baja California Sur.
En cuanto algún problema con los lugareños –San Antonio, El Triunfo, Los Planes, La trinidad, etc.–, aquí en La Paz creo que ninguno, sino tienen empleo, sus condiciones de vida se vuelven cada día más precarias, sus tierras no valen, sus casas se deterioran por falta de ingresos, sus ranchos ganaderos producen poco, y su única alternativa es migrar a las ciudades. Luego entonces, cómo no van apoyar las inversiones mineras, si en ellas ven oportunidades de empleo, negocio, y crecimiento económico general.
Otra historia, es la mina El Boleo en Santa Rosalía, propiedad de la compañía minera Baja Mining, que busca producir 55 mil toneladas de cobre, 1.5 mil de cobalto, y 6 mil de zinc. En el pueblo se ve el circulante, al elevarse el consumo de bienes, servicios y alimentos, lo que ha mejorado todos los indicadores económicos de aquella cabecera municipal. Ciertamente, casi nadie piensa en invertir turísticamente en ese puerto, por eso, no hubo un álgido debate púbico en torno a la reapertura de la mina El Boleo, símbolo industrial de aquel municipio y su gente.
Si se tiene, un empleo público, donde se ganan más de 50 mil pesos al mes, además de prestaciones, como un vehículo de modelo reciente, viáticos, oficina confortable, teléfono, y la posibilidad de grillar con empresarios turísticos, mineros y ambientalistas, como el delegado federal de SEMARNAT, la visión sobre el problema es muy cómoda, y se opta por lo fácil, cancelar proyectos de inversión, y se acaba el problema, es decir, se evita todo desgaste político, que toda decisión de gobierno responsable, pero impopular, trae consigo. Cierto es, que de momento, se ganen el contentillo de los grupos ambientalistas que saben hacer presión mediática, es también muy legítimo argumentar valores ambientales intocables, y por supuesto, se tiene todo el derecho de pactar con quien convenga más hacerlo.
Lo que no me queda claro, es cómo promocionar que el municipio de La Paz, está libre de la minería tóxica, y el municipio de Mulegé, está apto para la minería toxica. Habría que preguntarle al Señor Burns, Montgomery Burns, propietario de la planta nuclear de Springfield y símbolo del capitalismo despiadado, qué opina al respecto. Y ¿porqué al Señor Burns?, pues porque, toda esta historia de más de cuatro años, sobre la minería en el municipio de La Paz, es una caricatura muy bien montada, donde todo parece ser real pero no lo es, como en Los Simpson.
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