AGENCIA REFORMA/EVLYN CERVANTES / MÉXICO, D.F. / Publicada el 16/06/2014
La meta de la Profepa al 2018 es inspeccionar la totalidad de las empresas mineras en el País y tener la certeza de que todas operan legalmente. Foto: Agencia Reforma
El combate a la extracción ilegal de minerales quedó rezagado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
A 22 años de entrar en funciones, en 1992, la Profepa apenas ha realizado 2 mil 300 visitas de inspección a un total de mil 252 instalaciones del sector minero registradas en el País.
Guillermo Haro, titular de la Profepa, explicó que al asumir su cargo encontró abandono y corrupción en el tema minero sobre todo en entidades como Michoacán, donde se extrajeron al menos 700 mil toneladas y que fueron decomisados apenas por la Procuraduría.
“Una corrupción y una complicidad generalizada de autoridades de todo orden. Es imposible creer que ninguna autoridad haya observado lo que significa extraer 700 mil toneladas de mineral de hierro. Esto equivale a un daño cercano a los 70 millones de dólares”, dijo el funcionario.
El Procurador anunció que, durante este año, la Profepa se encuentra en un rediseño institucional que contempla desde mejores salarios para los inspectores hasta reformas jurídicas y una estrategia definida por entidad federativa.
La meta al 2018, precisó, es inspeccionar la totalidad de las empresas mineras en el País y tener la certeza de que todas operan legalmente.
Mientras tanto, en los últimos siete años, personal de la Profepa concretó 69 clausuras.
Puebla encabeza el mayor número de clausuras con 43 empresas, le sigue Colima con 18, Querétaro con 4, Jalisco con 3 y Chiapas con una clausura.
Por las multas la dependencia recabó 32 millones de pesos.
Las principales irregularidades halladas son: afectación de los recursos naturales, falta del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), ineficiente manejo de los residuos peligrosos e incumplir con sus obligaciones en los patios de trituración.
Del total de industrias el 18.2% son mineras de hierro y el mayor número se encuentra concentrado en Colima con 62, Michoacán con 31, Jalisco con 24, Puebla sólo 12, y Baja California con 10.
Otro 10.5% pertenece a la minería de oro, 9.6% se dedica a la extracción de plata, 8.3% labora con zinc y plomo.
Además, un 25% se dedica a minerales no metálicos y un 28.3% a otros materiales como la extracción de piedra caliza, carbón, cobre, níquel, sal, piedra de yeso, arcilla de uso industrial entre otros minerales metálicos no ferrosos.
Rebasa crimen organizado a supervisión
La extracción ilegal de mineral de hierro en Michoacán, Colima y Guerrero es controlada por el crimen organizado, cuya operación sobrepasa las capacidades de la Procuraduría, admitió Arturo Rodríguez Abitia, subprocurador de Inspección Industria de la Profepa.
El funcionario consideró necesario fortalecer el intercambio de información a partir de labores de inteligencia como se hizo apenas para asegurar más de 7 mil toneladas de mineral entre Michoacán y Colima.
Las dependencias con las que se requiere trabajar de cerca, dijo, son las fuerzas armadas, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria y los gobiernos locales.
“Realizamos actos de autoridad de carácter administrativo, nosotros no tenemos personal armado ni para catear domicilios. Ni siquiera siquiera podemos detener vehículos en las carreteras por esa razón es que nosotros requerimos el trabajo organizado con las autoridades que sí tienen facultad para hacerlo”, precisó Rodríguez Abitia.
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