entrevista a Marianne Moore, publicada en el Espectador sobre el tema del Informe El Lado Oscuro del Carbón.
Marianne Moor, coordinadora del Programa para América Latina de Pax. / Liz Durán
‘El lado oscuro del carbón. La violencia paramilitar en la zona minera del Cesar, Colombia’ es el título del estudio realizado por el movimiento de paz holandés Pax, que desde hace 25 años trabaja procesos de paz y convivencia en Colombia. Este informe plasma el impacto de la minería en la seguridad del departamento y la situación de derechos humanos en una zona donde hacen presencia tres compañías dedicadas a esa actividad: Drummond, Prodeco y Colombian National Resources (CNR). Sin embargo, la última no fue tenida en cuenta para el análisis ya que no tiene alta incidencia en la exportación a Europa.
El informe está dirigido a las empresas de energía que compran carbón a las dos compañías mencionadas y que, como dice la presentación del informe, tienen “una obligación de diligencia debida a la cadena de suministro del carbón”.
Pax pretende abrir un debate social sobre las actividades de estas dos compañías y sobre los consumidores europeos que se llevan aproximadamente el 50% de este recurso, para que elijan informadamente dónde obtienen su energía. Objetivo que ya está alcanzando resultados, pues algunos de los beneficiarios en Holanda, Alemania y Reino Unido, los tres países que más consumen el recurso colombiano, han comenzado a escribir cartas a las dos compañías exigiendo la verdad sobre su posible vinculación con grupos armados en la región.
La violencia paramilitar se le atribuye al frente Juan Andrés Álvarez de las Auc, que comenzó a reclutar hombres en 1996 con el propósito de derrotar los grupos guerrilleros de la región. Desde ese año y hasta 2006, este frente paramilitar dejó una preocupante cifra detrás: 2.600 víctimas de asesinatos selectivos, 500 víctimas de masacres, 240 víctimas de desapariciones forzosas y 55.000 víctimas de desplazamiento forzado.
El informe se realizó con la documentación elaborada en los últimos cuatro años por Pax en el Cesar, para la cual se acudió a los testimonios de exparamilitares juzgados por la Ley de Justicia y Paz, a entrevistas realizadas en la zona a exempleados de las compañías, antiguos contratistas de las mineras, abogados, empresas de seguridad, movimientos sindicales y población víctima de la violencia en la región.
Nueve testigos han hablado de los pagos que realizaban las empresas a los paramilitares. “En los primeros años eran en efectivo, luego a través de los contratistas. Por ejemplo, el señor Jaime Blanco Maya durante varios años ha canalizado casi un millón de dólares a través de sus contratos”, afirmó Marianne Moor, coordinadora del Programa para América Latina de Pax.
A eso se suman los testimonios que demostrarían que los contratistas de Drummond tenían los teléfonos de los comandantes paramilitares. “Libardo Duarte, alias Bam Bam, dijo que contratistas de seguridad de Drummond llamaban directamente al paramilitar cuando veían personas sospechosas cerca del ferrocarril, para, como dicen ellos, ‘solucionar el tema’”, agregó.
