Y pese a que la sección 65 del gremio sindical presentó un reporte a la Profepa, aseguraron, la dependencia determinó que no existía ninguna anomalía
Y pese a que la sección 65 del gremio sindical presentó un reporte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, aseguraron, la dependencia determinó que no existía ninguna anomalía.
«En 2009, ese mismo represo que fue el que derramó los 40 mil metros cúbicos a principios de agosto, empezó a lagrimear, a derramar», dijo Jesús Verdugo, presidente del Comité de Huelga del comité seccional.
«Nosotros interpusimos una serie de denuncias que nos contestó la Profepa en 2011, donde decía que no había nada que arreglar, que estaba todo bien. Sobre aviso no hubo engaño y pasó esto», añadió tras sostener que cuentan con oficios enviados y recibidos.
La mina reportó el 6 de agosto una fuga de químicos sobre arroyos que fluyen al Río Sonora, generando una contingencia en siete municipios del Estado.
César Lagarda, delegado en Sonora de la Comisión Nacional del Agua, reconoció en días pasados que el represo tenía un problema estructural que la mina debió identificar desde mucho antes.
«Esta falla tenía tiempo, mucho tiempo», dijo Lagarda.
«Estoy seguro que empezaron a detectarla días antes. Una falla estructural de esta manera debió haberse empezado a fugar por el lado del tubo poco a poquito. No es de un jalón. Los ingenieros tenemos experiencia y sabemos que esto debió darse poco a poco».
A raíz de los peritajes, la dependencia determinó que Grupo México deberá destruir el represo, además de enfrentar multas y sanciones por construirlo sin autorización, y sin permiso de ocupar un cauce federal, como lo es el sitio, sobre el cauce del arroyo Las Tinajas.
Respuesta tardía
Para activistas, la Procuraduría ambiental es cómplice de la industria minera y sus delitos ambientales.
Alejandro Villamar Calderón, miembro fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, indicó que la inspección a las mineras es tardía.
«En abril hubo en San Luis Potosí un derrame más fuerte del que vemos hoy en Sonora y que está contaminando el acuífero. Y a la Profepa se le demandó que hiciera la investigación y sin embargo, los excusó.
«La Profepa es una institución falsa. Sus funcionarios son unos cómplices de las empresas y es tardía en sus inspecciones», manifestó.
Por su parte Gustavo Alanis, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), señaló que la atención a la emergencia derivada del derrame de tóxicos al río Sonora, fue tardía en función de la falta de comunicación que hubo inicialmente por parte de la empresa.
No obstante, subrayó que tanto la Profepa como la Semarnat son responsables de atender el tema a partir de una mejor coordinación.