Esto significa que ya hubo algún arreglo entre Germán Larrea y Enrique Peña Nieto, a fin de frenar el descontento ciudadano y evitar que se compliquen más las cosas. Todo indica que así habrá de suceder, pero sólo mientras pasa la crisis por las afectaciones del derrame de productos altamente contaminantes en dos ríos sonorenses. Lo importante en este momento es acallar a la opinión pública y evitar que la reforma energética se enrede en un conflicto que puede crecer en forma dramática.
Se le quitará la mina de Cananea a cambio de nuevas y más jugosas concesiones, seguramente. No hay que perder de vista que la familia Larrea es de las consentidas por el clan salinista, lo que significa que seguirá depredando a la nación con el apoyo gubernamental. No cabe descartar que incluso Grupo México sea “obligado” a resarcir los daños a las comunidades afectadas por el derrame ocurrido el pasado 6 de agosto. Esta medida será parte del acuerdo, al fin que el monto no saldrá de los bolsillos de Larrea, para eso existen subterfugios fiscales y otro tipo de medidas que permiten una inquebrantable protección a miembros destacados de la oligarquía.

Esta grave afectación al medio ambiente no es la única que lleva a cabo el Grupo México, como lo denunció Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Informó que en abril pasado hubo en San Luis Potosí un derrame de aguas tóxicas más fuerte que el de Cananea. Se denunció el caso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin que a la fecha haya presentado resultados. Dijo que esta dependencia “es una institución falsa. Sus funcionarios son unos cómplices de las empresas y es tardía en sus inspecciones”.

Este nuevo daño ambiental, que afectó a siete municipios sonorenses, salió a la luz pública con el fin de que Grupo México sea más cuidadoso en lo sucesivo. Es una medida preventiva orientada a evitar situaciones que pudieran reflejarse negativamente en la marcha de los jugosos negocios ya en marcha al amparo de la reforma energética. En este momento es fundamental crear un ambiente favorable a la entrega de nuestros recursos energéticos a las grandes trasnacionales petroleras, por eso se están gastando millones de dólares en propaganda engañosa que pretende crear una opinión favorable a la desaparición de Pemex como empresa del Estado.

Con su voracidad y total falta de escrúpulos, Larrea puede cambiar el sentir de la opinión pública y echar a perder el gasto y el trabajo que representa la extraordinaria campaña en los medios en favor de la reforma energética. Más siniestros en las minas concesionadas a Grupo México pondría en entredicho las “bondades” de las leyes secundarias de la madre de todas las reformas neoliberales. La ciudadanía se está dando cuenta que con la gravísima corrupción existente en las altas esferas gubernamentales, es prácticamente imposible hacer cumplir las leyes. El Estado mexicano es rehén de los grandes grupos de poder, los cuales mueven los hilos de las instituciones con el flagelo de la corrupción.

La Profepa no es un caso aislado, sino uno más de los muchos que se dan en los tres niveles de gobierno, aunque el que marca los límites y posibilidades del flagelo es el federal. Por eso Rosario Robles está al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, desde la cual se da curso a una amplia gama de corruptelas orientadas a favorecer al grupo en el poder. Como agente de la derecha infiltrada en las filas de la izquierda hizo una magnifica labor de zapa que se le reconoció ventajosamente en esta administración.

De ahí que no sea mera casualidad que el aventurero argentino, Carlos Ahumada Kurtz, salga de su ostracismo para demandar la devolución de los 400 millones de pesos, más 120 millones por intereses devengados, que dice le prestó al PRD cuando la hoy flamante secretaria era presidenta del partido. No debemos olvidar que la descomposición del mismo se produce en ese lapso, gracias a la señora Robles, quien hoy tiene la oportunidad de mover enormes cantidades de dinero corruptor.

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