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Norberto de Aquino/
Jueves, 21 de Agosto de 2014 a las 14:08 hrs.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha dado un paso importante al demandar a Grupo México, vía una de sus filiales, tras el derrame de productos tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi.
El problema derivado de la acción de Complejo Minero Buenavista es por supuesto, muy grave. Y las primeras acciones de la autoridad han sido, en el mejor de los casos, temerosas. Pero el que Profepa demanda, abre la puerta para muchas explicaciones.
El Grupo México no ha sido el actor empresarial más serio del país. Ni el mejor patrón. Y su historial está muy lejos de ser algo respetable. Su tradición en los negocios no es algo como para presumir. Pero sí lo es su capacidad de ganancia y de control sobre los problemas que puedan surgir en su accionar.
Tal vez ahora, con la presión social creciente y con la amenaza de que varios alcaldes de las zonas afectadas por el derrame demandarán a la empresa y además exigirán que se entreguen cantidades de dinero como indemnización para los habitantes de las áreas dañadas, el grupo minero de Germán Larrea pueda ser realmente puesto en orden.
El grupo México es el mismo que quedó atrapado en la tragedia de Pasta de Conchos en febrero 19 del 2006. Y es el mismo que, sin importar discursos y advertencias, resultó ileso del problema, por más que todas las investigaciones realizadas sobre el caso dejaron ver que los trabajadores en la citada mina no contaban con el equipo necesario para su labor.
Este grupo industrial es el mismo que entró en negociaciones que quedaron a la vista con la tragedia en Coahuila, con el gobierno y el sindicato encabezado por Napoleón Gómez Urrutia. Y de acuerdo a la investigación realizada por la Cámara de Diputados en aquellos años, en el suceso había responsabilidad del gobierno vía las Secretarías del Trabajo y de Economía, sin olvidar por supuesto, todo lo relacionado con las decisiones políticas.
Grupo México forma parte de las alianzas político económicas que se formaron con la privatización de los ferrocarriles promovida por Ernesto Zedillo. Y es claro está, beneficiario de que en el Senado de la República se encuentre detenido el proyecto, ya aprobado por los diputados, para que el control sobre esos ferrocarriles sea aliviado mediante la obligación de permitir el uso de las vías por otros interesados.
De esta manera, la demanda presentada por Profepa y las posibles demandas de varios alcaldes, abre la posibilidad, seria, de que ahora sí, el Grupo México pase a dar las explicaciones que todo mundo exige.
Y dentro de esas explicaciones, por supuesto, habría que encontrar las relaciones de las empresas del señor Larrea con funcionarios públicos; la violación constante a las leyes ambientales y del trabajo y muchas otras cosas más.
La autoridad tiene ante sí una oportunidad especial para dar vida al discurso de Enrique Peña Nieto, al inicio de su gestión, de que se lucharía en contra de los grupos de poder para garantizar el accionar democrático en el país.
El derrame tóxico sobre ríos al norte de la República no es más que la muestra palpable de la forma en que Grupo México trabaja. Lo único que importa es el nivel de las ganancias.
Ahora, se puede demostrar que esa línea de acción ha dejado de tener valor. O por el contrario, que todo lo que ha cambiado es al discurso. Y eso, sólo en ocasiones.
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