Minería y naturaleza

por | Ago 31, 2014 | 0 Comentarios

 

JULIA CARABIAS / Publicada el 30/08/2014 12:00:00 a.m.

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El derrame de sustancias químicas peligrosas en los ríos Bacanuchi y Sonora provocado por la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, es una tragedia. Los daños ambientales y sociales descritos ampliamente por especialistas y la cobertura que han dado los medios de comunicación dan fe de su magnitud. Miles de personas, habitantes de la cuenca, están siendo severamente afectadas. La contaminación permanecerá mucho tiempo y, aun cuando la calidad físico-química del agua se recuperara, algunos de los daños ocasionados en la flora y fauna de los ríos serán irreversibles. Las autoridades no pueden más que actuar con extremo rigor y energía y aplicar un castigo ejemplar. Se requieren medidas eficaces de atención a la emergencia y de remediación, además de multas y clausuras, entre muchas otras acciones.

Este dramático episodio, que puso nuevamente de manifiesto las enormes tensiones sociales y ambientales provocadas por el desmesurado -y fomentado- crecimiento de la actividad minera en nuestro país, no debe limitarse a la atención de la coyuntura. Es el momento para hacer un alto y reflexionar profundamente, gobierno y sociedad, sobre las consecuencias de la falta de una política pública minera nacional; en realidad, la política minera ha sido la no política y el dejar hacer.

En efecto, a partir de la recuperación de los precios de la minería metálica ocurrida en la primera década de este siglo, se reactivó un modelo extractivista de desarrollo, a la vieja usanza, sin ninguna planificación. El subsuelo del país se ha concesionado poco a poco, en particular en la última década, sin respetar siquiera las áreas naturales protegidas y prioritarias por su biodiversidad y servicios ambientales. Las exorbitantes ganancias, que benefician sólo a unos pocos, se logran porque no se invierte en tecnología, ni en el bienestar de las poblaciones humanas. Las migajas que las empresas entregan a las comunidades no compensan el deterioro de sus tierras y de su salud. Los enfrentamientos entre las comunidades dueñas de la tierra y los concesionarios de las mineras se acrecientan. Las manifestaciones de impacto ambiental son un mero trámite y no un instrumento preventivo de las contingencias. Predomina la retrógrada visión de que el daño ambiental es el costo del desarrollo.

Los abundantes y diversos recursos minerales de México pueden constituir una contribución al desarrollo económico nacional, siempre y cuando el interés público prevalezca sobre los intereses privados, ya que se trata de recursos naturales de la nación. Es ineludible establecer una política pública minera, bajo los principios de la sustentabilidad -ambiental, económica y social- y de los derechos humanos, que además planifique el ritmo de extracción del recurso minero; recurso no renovable. El tema ambiental, hoy visto como un obstáculo, debe convertirse, mediante los instrumentos normativos preventivos y de evaluación del impacto ambiental, en la garantía de una actividad limpia, moderna, con tecnología de punta, responsable y en salvaguarda para evitar las catástrofes y, por medio del ordenamiento ecológico, identificar las áreas de exclusión minera.

Todo esto requiere el fortalecimiento del marco jurídico que norme las acciones necesarias para evitar los daños ambientales y sociales. Las empresas mineras extranjeras no tienen por qué beneficiarse de una legislación más laxa con respecto a la de sus países. Asimismo, será necesario fortalecer la capacidad de gestión del gobierno para hacer valer dicho marco normativo, prevenir desastres, monitorear y evaluar y obligar a la remediación y a la rendición transparente de cuentas.

Existen diversos lineamientos internacionales sobre los criterios que deben integrarse en una política pública minera sustentable. Por ejemplo, los «10 Principios del Consejo Internacional de Minería y Metales», las «Líneas Directrices para Empresas Multinacionales» elaboradas por la OCDE, la «Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas», los «Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos», entre otros.

México debería ser un ejemplo de cómo promover la industria minera moderna y sustentable, que respete al medio ambiente y a los derechos humanos, contribuya al desarrollo regional integral y promueva una distribución justa de los beneficios. Mucho bien le haría a la nación y a los países en desarrollo. Lamentablemente, estamos muy lejos de adoptar estos principios y se ha optado, erróneamente, por un crecimiento desmesurado e insustentable.

 

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