En caso de que el Grupo México, que maneja la mina de Cananea, “no cumpla con los damnificados, la regulación ambiental y garantice condiciones de seguridad en su operación”, la comisión especial de la Cámara de Diputados, que lleva a cabo la investigación del derrame de sulfato de cobre acidulado en los Ríos Bacanuchi y Sonora, podría “analizar los términos de concesión” que se le otorgaron a la empresa minera.

El grupo legislativo pedirá, además, al gobierno federal ‘‘una sanción ejemplar, tanto penal como administrativa, en contra de la empresa minera Grupo México’’, una vez que los representantes de todos los partidos comprobaron la semana pasada que “la subsidiaria Buenavista del Cobre mintió sobre el origen del derrame y escondió el hecho al menos dos días”.

La comisión designada de San Lázaro informa además, en un documento de trabajo que permitirá elaborar el informe final, mismo que será entregado el 17 de septiembre a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), “que el tubo del cual se derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ‘no ha sido arreglado”, por lo que la fuga continúa.

Fue la semana pasada cuando los diputados de la comisión especial realizaron un sobrevuelo en helicóptero por la zona afectada.

Entre las propuestas que incluye el documento, que servirá de base del informe final, se plantea “constituir un fideicomiso tripartito entre el gobierno federal y estatal, así como Grupo México, para que puedan pagarse las indemnizaciones a 24 mil 48 habitantes afectados de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, Baviácora, San Felipe de Jesús y Ures“.

La comisión especial insiste, de esta manera, en que el Grupo México, a través de su subsidiaria Buenavista del Cobre no dijo la verdad desde el principio de los hechos ocurridos.

‘Mintió desde un primer momento, ya que pasaron varios días en que tuvo conocimiento del derrame y no avisó a las autoridades correspondientes, dejó que se siguieran contaminando las aguas y después señaló que el derrame fue a causa de las lluvias, lo que fue desmentido por la Comisión Nacional del Agua (Conagia) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)’’, dice el informe de la comisión especial, al cual tuvo acceso el dario La Jornada, mismo que compartió en su portal.

El informe agrega que el grupo minero y su subsidiaria Buenavista del Cobre reflejaron “indolencia” ante el grave problema, por lo cual pusieron y siguen poniendo en peligro a las poblaciones afectadas “y no cabe la menor duda de que han incurrido en delitos en materia ambiental’’.

‘‘Esta comisión especial detectó diversas irregularidades por parte del Grupo México, ya que durante el sobrevuelo en la región se observó que no se han realizado las reparaciones necesarias a la infraestructura de represos de lixiviados de la minera Buenavista del Cobre, los cuales ocasionaron el derrame de sustancias tóxicas’’, indica el informe.

En su contenido se explica que el pasado 6 de agosto, ante una falla en la tubería de salida de un represo de la mina, se registró un derrame grande de más de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de cobre (CuSO4), cadmio, arsénico, cromo, mercurio y ácido sulfúrico en las aguas del Río Bacanuchi, el cual es afluente del Río Sonora.

Al día siguiente, los habitantes de la región informaron a la Unidad de Estatal de Protección Civil del gobierno de Sonora de la coloración inusual que reflejaban las aguas del río, pero la empresa informó de estos hechos hasta el 8 de agosto vía telefónica, aunque formalmente lo hizo hasta el 12 de agosto.

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