Al establecerse una empresa minera en una localidad del país, es prioridad por encima de cualquier otro uso que se le pudiera dar a dichas tierras.
Así lo establece el artículo 6 de la Ley Minera que a la letra dice: “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno…”.
El control de las compañías mineras sobre las tierras es mayor en los estados del poniente y noroeste. En Colima, por ejemplo, éstas tienen la concesión de 255 mil hectáreas, es decir, de 44% de todo el estado.
Más de un tercio del territorio de Baja California, Jalisco y Zacatecas también está en poder de una minera. Lo mismo sucede con 32% de Sonora, 30% de Sinaloa, 27% de Durango y la cuarta parte de Coahuila y Nayarit.
En contraste, menos de 1% de Campeche, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán se destina a este tipo de actividades. No se tienen registros en Quintana Roo ni en el Distrito Federal.
Para estimar la superficie concesionada a cada titular se empleó la base de datos hecha por la empresa de análisis geoespacial Cartográfica, que extrajo la información de la Cartografía Minera que publica la Secretaría de Economía. El porcentaje del área concesionada (nacional y estatal) se calculó tomando como referencia la superficie total del país y de cada estado, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Seis grupos mineros concentran un área de 8.4 millones de hectáreas, esto es, un territorio similar al de Sonora y Jalisco juntos. A la cabeza de estas empresas se encuentra Altos Hornos de México, con 3.2 millones de hectáreas.
Le siguen en superficie Fresnillo Plc, con 1.9 millones de hectáreas e Industrias Peñoles, con 953 mil. Completan la lista Minera Frisco (889 mil), Grupo Cascabel (749 mil) y Grupo México (607 mil).
Minerales Monclova, perteneciente a Altos Hornos de México, es la empresa que tiene la mayor superficie concesio-nada: 2.4 millones de hectáreas, una extensión casi del tamaño de Tabasco.
El caso Blackfire
Llama la atención que en los registros de la SE aparecen dos personas físicas que tienen concesionadas grandes extensiones de tierra. Se trata de Jorge Jiménez Arana, quien cuenta con ocho permisos que le conceden una superficie de 580 mil hectáreas —área similar a la del estado de Colima— en los munici-pios chiapanecos de Acapetahua, Mazatán, Pijijiapan y Tapachula. Él, sin embargo, no es quien explota estas tie-rras.
Jiménez Arana es representante legal de la minera canadiense Black-fire Exploration México, una compañía que también cuenta con concesiones en el estado de Chiapas. En entrevista reconoció que él sí aparece temporalmente como titular de las concesiones en tanto se traspasan a la compañía que representa.
Un informe elaborado por United SteelWorkers, Common Frontiers y MiningWatch Canada detalla el problema que tuvo Blackfire. Según el documento, el gobierno mexicano clausuró su proyecto llamado Payback en Chiapas por infringir normas ambientales.
El reporte también señala que en ese contexto hubo otros dos escándalos. “1. Una semana antes de la clausura, Mariano Abarca, activista antiminero local, fue asesinado; 2. Días después, en los medios informativos canadienses se presentaron acusaciones en las que señalaban que la empresa había participado en la corrupción del presidente municipal de Chicomuselo”.
