Boletín de prensa 23 de septiembre de 2014

El día 19 del presente el pleno del congreso del estado de Colima acordó un exhorto para solicitarle al ejecutivo del estado que dé las instrucciones para que la seguridad pública del estado impida que “grupos ajenos a la comunidad indígena de Zacualpan” entren a esta comunidad.

Dicho exhorto, fue aprobado por los siete diputados del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza que integran la Comisión Permanente, luego de que hace una semana unos 40 personas se manifestaron en el Congreso, para exigir la salida de Bios Iguana del poblado de Zacualpan.

Frente a estos hechos Bios iguana A.C. manifiesta que:

Bios Iguana A.C. es una institución legalmente constituida, con un objeto social, domicilio y sin ningún fin político o religioso, somos una organización ciudadana con personalidad jurídica para promover la defensa de los derechos humanos en materia ambiental, acompañar procesos de conflicto socio ambiental a personas, comunidades, empresas, grupos o instituciones públicas o privadas que requieran o lo soliciten.

Somos una organización que durante los últimos 20 años ha hecho sus acciones y sus planteamientos de manera abierta y pública, hemos tenido coincidencias con instituciones públicas o privadas, así como también discrepancias en materia de conservación, cuidado, manejo, gestión, política y aprovechamiento ambiental. Hemos hecho públicas y del dominio público críticas  a la función pública, a empresas privadas o ciudadanos que violentan el marco legal ambiental en materia de derechos humanos, han sido públicas las denuncias penales que hemos emplazado y han sido los tribunales quienes nos han negado o dado la razón.

El reciente exhorto al ejecutivo del estado contraviene cualquier ánimo de convivencia jurídica y anima a la violencia de estado como única forma de dirimir diferencias, emitiendo juicios de valor así como una condición ética totalmente contraria a las aspiraciones de una sociedad democrática, que en su seno reconoce la diversidad política, ideológica y cultural de la composición de la sociedad; sin estos principios la convivencia social seria compleja y difícil, por lo que las instituciones y las leyes son el mejor mecanismo para regular los abusos, las omisiones y en general cualquier intento que ponga en riesgo el interés público.

El comportamiento de las fracciones parlamentarias que aprobaron un exhorto de esa naturaleza es un acto de irresponsabilidad y una acción de abuso de autoridad por parte de los legisladores, que solo ponen sus interés facciosos, por encima del interés público, sin llamar a las partes del conflicto, se hacen jueces a oídas y emiten acusaciones dolosas de franca practica “fascista y autoritaria” ya superada hace muchos años por la sociedad y del estado mexicano.

Existe en nuestro país una ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que contempla acciones de prevención y protección, además de acuerdos internacionales que garantizan la vida de los defensores, su seguridad y su libertad. Los diputados lejos de impedir la transgresión de la ley justifican el acoso, la violencia y sobre todo omiten nuestros derechos humanos colectivos más elementales, queriéndonos privar del ejercicio público a manifestarnos libremente, el libre tránsito, la libre asociación y la libre manifestación de ideas.

Desconocen o deliberadamente omiten la protección de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que fue firmada por México y ratificada por el Senado de la República.

El gobierno federal, del estado y los municipales tienen la obligación de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, de lo contrario se estaría solapando a delincuentes. Por lo que les demandamos públicamente a los legisladores que si tienen pruebas de sus afirmaciones las presenten ante el ministerio público y no sean cómplices de la manipulación política mediática que los partidos políticos practican como condición de ejercitar una “cacería de brujas” contra quienes disienten de sus prácticas clientelares y corporativas.

Somos ciudadanos convencidos de la acción política de manera pacífica de eso da cuenta dos décadas de acción social, hemos transitado defendiendo la ley y las instituciones; no tememos al poder de los partidos pues por encima de ellos está la sociedad que los eligió, no le tememos ni al poder ejecutivo o al judicial pues nosotros somos sus soberanos, sus patrones, a quienes se deben.

Queremos expresar públicamente los riesgos que corremos los ciudadanos, frente a legisladores con un perfil tan bajo y que operan por comisión política de manera sectaria, dolosa, facciosa y solo por consigna electoral.

Si de algo sirve, llamamos al gobernador del estado a poner en orden a la fracción política de su partido, a enderezar la conducción del estado, a gobernar para todos y no solo para los priístas del estado, a abrirse al dialogo de frente, evitando enviar a personeros que solo provocan la violencia, la confusión y la incertidumbre.

El problema de Zacualpan se escapó de su control desde la oficina del gobernador y ahora tratan de cobrarnos la factura de la ingobernabilidad, del abandono a los pueblos indígenas, de una marginación y exclusión social histórica de los pobladores nahuas de Zacualpan.

Que no estén de acuerdo con nuestras posturas, de nuestras gestiones, de la acción de acompañamiento a personas en condición de vulnerabilidad, de la asistencia jurídica y técnica para su autodefensa es entendible, pero querernos equiparar como delincuentes eso no se los permitimos, antes bien buscaremos los instrumentos legales, institucionales nacionales o internacionales para hacer valer nuestros derechos humanos y de los pobladores de Zacualpan que han solicitado nuestra ayuda.

Nuestra acción es legal, legitima y los diputados tienen la obligación de adoptar medidas legislativas, financieras, administrativas o de otra índole, necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los derechos humanos.

Los integrantes de Bios Iguana A.C. hemos sufrido permanentemente agresiones mediáticas, injurias oficiales, expresiones dolosas de medios de comunicación privadas y oficiales y agresiones físicas como el secuestro de su titular Gabriel Martínez Campos y las amenazas de muerte a varios integrantes de nuestra organización. Desde hace un año hemos denunciado en los tribunales así como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos las violaciones de nuestros derechos individuales y los derechos como organización, han sido persistentes las amenazas que han recibido otros miembros de Bios Iguana.

Finalmente queremos dejar constancia de nuestra voluntad por animar a la concordia en la comunidad, a la pacificación y la tranquilidad que se merece la población indígena nahua de Zacualpan, pero debe ser bajo condición de respetar sus usos y costumbres, su territorio y sobre todo sus formas de organización.

Hacemos responsables de nuestras vidas a los diputados que votaron y enviaron un exhorto al gobernador para privarnos de nuestros derechos, les solicitamos una disculpa pública, a retractarse de su exhorto y los conminamos en lo sucesivo a no manifestarse tan irresponsablemente para con otros ciudadanos del estado de Colima.