Por Gabriela Flores fecha septiembre 20, 2014@Gaby3_0
Tras el exhorto que aprobó este viernes la Comisión Permanente del Congreso del estado, para que el gobierno estatal incremente la vigilancia en Zacualpan, Comala y evitar así la intromisión de “grupos ajenos” en asuntos de la comunidad, la coordinadora general de Bios Iguana Esperanza Salazar Zenil dijo que eso viola los derechos tanto de la organización y los habitantes a quienes asesoran.
Dicho exhorto, fue aprobado por los siete diputados del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza que integran la Comisión Permanente, luego de que hace una semana unos 40 habitantes y comuneros de Zacualpan se manifestaran en el Congreso, para exigir entre otras cosas la salida de Bios Iguana de su comunidad, cuando esa organización ha estado asesorando legalmente al otro grupo que rechazó la instalación de una mina de oro.
Entrevistada vía telefónica, Salazar Zenil quien se encuentra fuera de la ciudad, mencionó que le parece una irresponsabilidad y una acción totalmente absurda la de los legisladores a quienes acusa de no conocer el trabajo que les corresponde ni la legislación nacional e internacional.
“Existe en nuestro país una ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que contempla acciones de prevención y protección para garantizar la vida de los defensores, su seguridad su libertad y ellos -los diputados- en lugar de estar pidiendo que acosen a los defensores de derechos humanos deberían estar protegiéndonos”, apuntó.
Pero también recordó que se tiene la declaración de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que fue firmada por México y ratificada por el Senado de la República.
“Entonces nos damos cuenta de que los legisladores están totalmente perdidos, no saben cuál es su tarea en realidad”, insistió.
Así mismo, recordó que se cuenta con el pacto internacional de derechos civiles y políticos “donde también tenemos nuestros derechos, y te puedo decir que en esta declaración dice que se debe dar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos”.
Expuso que en ese sentido, el gobierno del estado y los municipales tienen la obligación de protegerlos y apoyarlos, toda vez que tienen el derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente, como asegura que lo han estado haciendo.
La ambientalista hizo una llamado al gobierno del estado que encabeza el priista Mario Anguiano para que revise este caso de Zacualpan, así como cuáles son sus atribuciones y obligaciones en materia de derechos humanos.
Porque aseguró que tanto gobierno del estado como los legisladores y los presidentes municipales tienen la obligación de garantizar que toda persona sometida a su jurisdicción pueda disfrutar en la práctica de todos sus derechos y libertades sociales económicas políticas y de otra índole.
Luego mencionó que el trabajo que Bios Iguana ha estado haciendo en defensa del ambiente y de los derechos humanos de la gente “es total y absolutamente legítimo”.
A los diputados les recordó que tienen la obligación de adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole, necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los derechos humanos.
Pero además dijo que el trabajo que la organización ha estado haciendo le corresponde también a los gobiernos y no lo han estado haciendo.
“Y por lo mismo ellos tienen la obligación también de proteger y de apoyar el trabajo que nosotros estamos realizando…Tienen que adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a cualquier tipo de violencia, amenaza represalias, discriminación o cual otra acción arbitraria que resulte del ejercicio legítimo de nuestro trabajo”, enfatizó.
Esperanza Salazar expuso que desde hace un año han estado denunciando la violación a los derechos de la organización, el secuestro de su presidente Gabriel Martínez y las amenazas de muerte que han recibido algunos miembros.
“Y ahora resulta que nos van a poner una policía para que no entremos a la comunidad, eso nos parece un ridículo de los legisladores (…) verdaderamente lamentable que gente como ellos puedan estar en ese lugar donde se toman tantas decisiones”, se quejó.
Mencionó que para realizar ese exhorto los diputados no tomaron en cuenta que es una minoría la que se está manifestando frente y no están tomando en cuenta todo el contexto de lo que está sucediendo en esa comunidad.
Adelantó que interpondrán un recurso en contra de los legisladores porque están violentando la legislación, pero además exhorta al gobierno del estado para que no cumpla con este exhorto “que es violatorio de los derechos humanos”.
Y precisó que no solamente viola los derechos de la organización sino también los de las personas de Zacualpan que están siendo asesoradas por ellos, “porque ellos también dentro del trabajo de la defensa de los derechos humanos tienen su derecho a ser asesorados y eso está en la legislación”.
La ambientalista pide a la comunidad y la opinión pública que se mantenga muy atentos ante estas violaciones que están cometiendo los gobiernos en contra de los derechos que asegura se han ganado con mucho trabajo.
“No solamente están ahí en la legislación nacional e internacional porque los gobiernos nos los han otorgado, estos son derechos que nos hemos ganado las organizaciones por años y años de lucha de muchas organizaciones a lo largo del tiempo, entonces no podemos dar marcha atrás porque los diputados lo digan” concluyó.
