Miércoles 24 septiembre, 2014
En Sonora un río fue contaminado.
Por Rafael Pérez Cárdenas
Desde hace poco más de una década, la industria minera vive un inusitado boom entre inversionistas nacionales y extranjeros que han encontrado en México algo más que un paraíso: beneficios fiscales, trato preferencial y una evidente omisión de cuidado en materia de seguridad social, laboral y preservación del medio ambiente. Según estimaciones del Inegi, el daño ambiental provocado por las mineras le cuesta al país 8 por ciento del producto interno bruto.
El crecimiento del sector ha sido espectacular en los últimos 15 años, en el contexto de reformas de libre mercado orientadas a la captación de inversión extranjera directa y alentada por el aumento de precios de los minerales. Al amparo de las autoridades, la minería en México –una de las actividades productivas más contaminantes– se ha convertido al mismo tiempo en un próspero negocio de un grupúsculo de empresas y en una veta inagotable de muerte y depredación.
Son muy largas las jornadas laborales.
México es un territorio atractivo para los inversionistas ya que es el primer productor mundial de plata, undécimo y duodécimo de oro y cobre, respectivamente. También es el segundo mayor productor de fluorita, el tercero más grande de bismuto, y el quinto más grande de plomo. La producción minera de México se divide en 21% oro, 20% plata, 14% cobre, 8% zinc y el resto en otros minerales, según datos de la Secretaría de Economía.
Sin embargo, la riqueza ha sido inequitativa y el costo ambiental generalizado. De Pasta de Conchos a Cananea, la industria minera es una radiografía de impunidad frente a la muerte de obreros y la depredación al medio ambiente que se vive a diario. Las minas en el país, dicho por expertos nacionales y extranjeros, no reúnen condiciones de seguridad, además de que sus instalaciones y técnicas obsoletas no son adecuadas para la labor metalúrgica.
En lo que va del año, el sector minero ha registrado 16 accidentes de trabajo, de los cuales 11 reportaron decesos, según la Secretaría del Trabajo (ST). Los accidentes más socorridos han sido por motivo de ruptura de los cables del malacate y de la guía de la calesa, desprendimientos de rocas, derrumbes y caídas.
Minas de Grupo México, Minera del Norte, Excellon Resources, Minera Tizapán, entre otras, figuran dentro del listado de empresas con accidentes registrados por la Secretaría del Trabajo de enero a julio de 2014. Sin embargo, esta cifra es menor al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 27 accidentes en minas.
No respetan los derechos laborales.
En gran parte del país pero, sobre todo, en Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Sinaloa, Colima y Jalisco, “la actividad minera ha generado por décadas gran cantidad de desechos” y contaminación, señala el Instituto Nacional de Ecología en su estudio “Tecnología de remediación para sitios contaminados”.
El 19 de febrero de 2006, la explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos, en Coahuila, causó la muerte de 65 trabajadores. Luego de ocho años y medio, los responsables siguen sin reparar el daño a las familias de los occisos. Más de ocho años en los que tragedias como la ocurrida en San Juan de Sabinas se han repetido en diversas zonas mineras del territorio mexicano, que vienen a completarse con el peor desastre ecológico ocurrido en Sonora. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los culpables se mantienen impunes.
En Sonora, según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), hay 22 mil personas afectadas por los residuos tóxicos vertidos en los ríos Bacanuchi y Sonora. Mikel Arriola, titular de la Cofepris, dio a conocer que cinco personas (cuatro hombres y una mujer) presentaron “intoxicaciones” en días posteriores al derrame de materiales tóxicos a los ríos Bacanuchi y Sonora, mismas que después de ser atendidas fueron dadas de alta de su atención hospitalaria.
Minería, la nueva forma de colonización
Durante las dos administraciones panistas, el gobierno federal decidió apostar al costo-beneficio en una forma de colonización disfrazada. Por primera vez en la historia, México captó inversiones superiores a mil millones de dólares en exploración de minerales en el 2012, informó la Cámara Minera de México (Camimex). Con ello, ocupó el cuarto lugar mundial en la atracción de capital para la exploración, superado sólo por Canadá, Australia y Estados Unidos.
México tiene un gran atractivo para inversiones en nuevos proyectos, luego de que la captación de capitales creció más de 100% en los últimos cuatro años, y podría incrementar aún más a partir de la reforma estructural en materia energética. Sólo en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa la inversión extranjera directa en la industria minera aumentó más de 224% que el sexenio anterior, informó entonces la Secretaría de Economía (SE).
La fiebre de la minería extractiva no sólo embruja a los inversionistas nacionales y extranjeros, que ya se dividen la industria en 60 y 40 por ciento, en cada caso, también es atractiva para los jóvenes que deciden trabajar para los grandes emporios de minería extractiva, no obstante los daños a la salud por la inhalación prolongada de compuestos químicos.
Al gobierno le conviene atraer más inversiones.
Otra de las situaciones que propician la aparición de empresas extranjeras en el país es el régimen fiscal mexicano, que es altamente permisivo para los emporios mineros ya que el Gobierno no cobra derechos sobre productos minerales. Las mineras tampoco pagan impuestos estatales ni municipales.
Henry Veltmeyer, profesor investigador en Minería Extractiva en la Universidad Autónoma de Zacatecas, afirma que “por presiones del Banco Mundial en México se eliminó por completo el régimen de regalías de la Ley de Minería desde 1991, el cual es común en la industria en todas partes del mundo. Y el sistema impositivo en México sólo impone el pago de 1.2% sobre el valor del producto exportado”. Encima, no hay evidencia alguna de que las empresas transnacionales hayan cumplido con el pago de impuestos.
Desde estos cambios a la ley minera, miles de concesiones han sido repartidas por el gobierno mexicano en su mayoría a empresas canadienses. Estas empresas trabajan con tecnologías altamente eficientes en términos económicos, aunque fuertemente destructivas para el medio ambiente.
Así, desde el principio de este siglo, las minas han sido capaces de extraer el doble de oro y la mitad de plata, comparado con lo que se extrajo en los 300 años de conquista y colonización, según datos de la Unidad Académica de Desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Historia trágica que se repite
El reciente derrame tóxico en Sonora demostró una vez más que la actividad minera en el país es una explotación sin control de los recursos naturales, precisamente por falta de políticas y regulaciones del gobierno, donde éste obligue a las empresas mineras y metalúrgicas a cumplir con la conservación de aguas, suelos, subsuelo, bosques, atmósfera, plantíos, cañaverales y pastizales donde se destruye la biodiversidad.
Los casos de Pasta de Conchos y Cananea en Sonora se suman a una larga lista de irregularidades y siniestros ocurridos no sólo en el norte del país sino en el territorio nacional en su conjunto.
Hace ocho años tuvo lugar una de las peores tragedias del sector minero, cuando una explosión dejó sepultados a 65 mineros que trabajaban dentro de la mina de Pasta de Conchos, Coahuila. En ese entonces, los gobiernos federal y local se culparon mutuamente: nadie sabía a quién atribuirle la responsabilidad, si al concesionario, a los grupos de búsqueda, a las condiciones de seguridad o al mismo Gobierno del Estado. Por su parte, Vicente Fox, entonces presidente de México, jamás hizo acto de presencia.
Son graves los daños al medio ambiente.
El informe especial sobre Pasta de Conchos detalla que del más de medio centenar de mineros fallecidos después del siniestro hay tres averiguaciones abiertas y ninguna de ellas ha concluido; tampoco hay responsables porque “el gobierno de Coahuila controla los contratos de compra de carbón para la Comisión Federal de Electricidad, por lo cual cobra hasta 50 pesos la tonelada sin rendir cuentas, sin transparentar el uso de recursos.
Es decir, no se investiga, no se castiga, “porque representa una pérdida de recursos ilegítima y corrupta de ese gobierno”, manifestó Cristina Auerbach, abogada de la Familia Pasta de Conchos.
Según el V Informe de Pasta de Conchos: Dime Desde Allá Abajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió un dictamen en el que señala que el gobierno tuvo responsabilidad por negligencia en la muerte de los mineros de Pasta de Conchos y en su rescate. Se dijo también que, presuntamente, la administración de Humberto Moreira emitió actas de defunción “ilegales” para los mineros para con ello “facilitar” laudos que dejaron pensiones de 2 mil 600 a 3 mil 200 pesos mensuales para sus familias.
El 1 de febrero de 2007, el periódico La Jornada reveló que 19 meses antes de la explosión de la mina, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) detectó 34 irregularidades que ponían en riesgo la salud y la vida de los obreros, pero fue hasta siete meses antes del accidente que la dependencia exigió a la compañía propietaria del yacimiento, Industrial Minera México (IMMSA), que realizara diversas adecuaciones, mismas que nunca se efectuaron.
Uno tras otro, los accidentes se siguieron sucediendo. En 2011, ahora en Sabinas, 14 mineros quedarían atrapados en su lugar de trabajo. Ante el percance, el gobierno federal prometió hacer “todo lo posible” para lograr el rescate de los trabajadores. Dijo también que en su administración estarían “muy atentos” a la evolución de la situación y “prestando todo el apoyo posible” para auxiliar a las víctimas y a sus familias. A pesar del esfuerzo, los obreros murieron.
A más de seis años de la Tragedia de Pasta de Conchos se han perdido 101 vidas en accidentes mineros ocurridos dentro del territorio nacional. Explosiones y derrumbes han sido los causantes de los decesos, como sucedió en Sabinas: alrededor de las 8:00 horas estalló una bolsa de gas grisú dejando atrapados a 14 trabajadores. Además, resultó lesionado de gravedad un adolescente de 15 años.
El accidente tuvo lugar en el pozo Tres de la empresa Binsa en un tiro vertical de 60 metros de profundidad con cuatro túneles, que llevaba 15 días de operación. Todos los mineros fallecieron.
Mineros recuerdan lo sucecido en la mina Pasta de Conchos.
En mayo del mismo año, en Jalisco, se registró un derrumbe en la mina de ópalo Pata de Gallo, ubicada en el municipio de Hostotipaquillo. El saldo del percance fue de tres personas muertas. En los primeros reportes, los rescatistas informaron que las personas estaban con vida, pero con el paso de las horas no tenían la certeza de su estado.
El caso daría un vuelco luego de que la Secretaría de Economía diera a conocer que los fallecidos no eran mineros. El titular de la dependencia, Bruno Ferrari, señaló que se trataba de ladrones que se introdujeron en la mina después del horario de trabajo para presuntamente extraer ópalo.
Un año después, el derrumbe de una mina de Cantera ubicada en la colonia El Temayo, en el municipio de Tlalnepantla, dejó dos personas muertas y dos heridos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), rescatistas de Protección Civil Municipal y de la Cruz Roja acudieron al lugar donde lograron rescatar aún con vida a los dos lesionados que fueron trasladados al hospital.
Nuevamente en Coahuila, ahora en mayo de 2012, cerca de la una de la tarde dos mineros realizaban excavaciones cuando de pronto una bolsa de agua inundó la mina en la que trabajaban. El accidente ocurrió en el pozo de carbón denominado “El Hondo”, ubicado a 25 kilómetros de la cabecera municipal de Sabinas, entre el municipio de Juárez y el rancho conocido como Pueblo Nuevo. Tras el percance, se hallaron los restos de dos mineros
Como se dijo en un principio, en lo que va del año, el sector minero ha registrado 16 accidentes de trabajo, de los cuales 11 reportaron decesos, informó la Secretaría del Trabajo (ST).
Concesionado a mineras, 26% del territorio nacional
Paradójicamente, uno de los más célebres críticos de la actividad minera en el país ha sido Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato de mineros, quien huyó a Canadá luego de que la administración de Felipe Calderón lo acusara de un millonario desvío de fondos de los trabajadores.
En febrero de 2012, apenas iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, Gómez Urrutia describió con crudeza la situación que vivía la industria minera del país, haciendo una denuncia profética de lo que estaría por venir. El líder sindical criticó la explotación desmedida del trabajo humano que con frecuencia se da en la actividad minera del país, a la que hay que sumar desde hace mucho tiempo la devastación del medio ambiente que se produce en los sitios de extracción o beneficio de minerales y metales.
“La actividad de algunas de las empresas minero-metalúrgicas que actúan sin responsabilidad social, especialmente las más poderosas, va acompañada por el daño, hasta hoy irremediable, que se ocasiona a los sistemas ecológicos en las áreas de trabajo minero. Y si muy frecuentemente las empresas no ofrecen las condiciones básicas de seguridad, higiene industrial y salud a sus propios trabajadores, tampoco lo hacen en materia de protección al medio ambiente”, denunció en un artículo publicado en La Jornada.
Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato de mineros.
Gómez Urrutia denunció entonces que en los dos “gobiernos conservadores surgidos desde el año 2000” se han otorgado concesiones mineras a manos llenas, sin ninguna limitación, al grado que las dos administraciones panistas han entregado 26 por ciento del territorio nacional a empresas tanto del país como de capital foráneo, y en los últimos años han aprobado 757 proyectos extranjeros para extracción minera.
Esto significa, explica en su artículo, que han cedido a grupos empresariales de la minería un total aproximado de 56 millones de hectáreas, en una dimensión territorial de 200 millones de hectáreas de toda la extensión nacional. El gobierno otorga a unas cuantas empresas mineras y metalúrgicas mexicanas concesiones escandalosamente lesivas al interés nacional, como es el caso del Grupo México, responsable de la operación de la mina de Cananea.
En ninguna de estas concesiones otorgadas ha habido un compromiso ambientalista serio, mucho menos de respeto a los derechos laborales y humanos, sino que la protección de la ecología sólo se quedó en las intenciones escritas pero difícilmente verificadas o evaluadas. El peor desastre ambiental en la historia de la minería en México vino a confirmarlo.
http://formato7.com/2014/09/
