Tras lo ocurrido en el estado Sonora, en donde se arrojaron sustancias tóxicas de una mina propiedad del Grupo México al cauce de dos ríos y una presa, el titular de tema de Minas y Contratos de Exploración de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Ricardo López Pescador, consideró que se deben establecer sanciones más severas.

Al ser cuestionado sobre lo que ha sido considerado por diversos organismos como el peor ecocidio en el país, el funcionario federal reconoció la gravedad del problema ambiental y dijo que, en su opinión, es un asunto que ya se ha dicho que existe una responsabilidad de la empresa, reconocida por ella y en donde se establece un fideicomiso para apoyar a la población: «este es un asunto que se ha canalizado por las vías institucionales ya establecidas».

Sin embargo, afirmó que cada vez se tienen que aplicar medidas, reglas y sanciones más severas porque el daño ecológico que se registra es un daño que no solo afecta a los seres humanos, sino a su patrimonio y al suelo que se hereda.

Dijo: «ya se aplican las sanciones correspondientes respecto al caso particular, pero sí debería legislarse acorde a las situaciones que se puedan presentar en el tema minero».

CASO DURANGO

En el caso de Durango, el funcionario federal refirió que no se han tenido conflictos en la minería, salvo uno que se presentó en la Unidad Minera Cerro de Mercado y otra en el municipio de Mapimí, donde había una problemática menor que ya fue resuelta.Aseguró que en la entidad se trabaja normalmente, sin conflictos mayores. «Y afortunadamente hay un auge de este sector, porque Durango después de Sonora y Zacatecas, es el primer productor de metales y se vive un buen momento en este sector», relata.

ATENCIÓN

Ricardo López Pescador señaló que al ser la minería la cuarta actividad económica en el país, el Gobierno Federal está atento a las situaciones que se pueden presentar dentro de la misma.Lo anterior al enfatizar que los conflictos en la industria minera son de diferentes clasificaciones: laborales, de carácter ecológico y de carácter social. Todos son atendidos, algunos a través de la vía jurídica en los tribunales agrarios y los que tienen alguna problemática social por la Sedatu, como por la Secretaría de Economía, concluye.

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