Con López Dóriga
03 de Octubre, 2014
Si Grupo México no subsana las principales fallas y las medidas impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), estaría en juego la concesión para seguir explotando la mina más importante del país y, de retirar su capital, habrá otras empresas interesadas.
Foto: Notimex
El Secretario del Trabajo y Comisionado Especial para investigar el derrame tóxico de una mina de cobre concesionada a Grupo México y que contaminó ríos en Sonora, Alfonso Navarrete advirtió que las medidas impuestas por la autoridad para subsanar las fallas de la empresa no están a sujetas a negociación.
Y aseguró que si Grupo México no subsana las principales fallas y las medidas impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), estaría en juego la concesión para seguir
explotando la mina más importante del país.
Ante las declaraciones de funcionarios de Grupo México, quienes advirtieron que de ocurrir esto retirarían su capital, el funcionario dijo que en caso de ser así, habrá otras empresas interesadas en explotar la mina.
El responsable de la comisión presidencial para atender el desastre ambiental que provocó un derrame de tóxicos, dijo que no ha concluido la investigación y aunque se cerró el acta de inspección a la mina Buenavista del Cobre, el órgano que encabeza continúa trabajando.
Entrevistado por Joaquín López Dóriga confirmó que se han pagado 512 millones de pesos iniciales de un fideicomiso que, en principio, va a tener dos mil millones y apenas se está atendiendo a la población de manera eficaz.
«Lo que terminó ayer es una inspección laboral donde tuvimos que ordenarle a la empresa que tuviera medidas por 267 causas distintas y si no las corrigen en breve tiempo se hará acreedora a sanciones», dijo al tiempo que agregó que si no se cumplieran aquellas que son muy graves se pone en riesgo la concesión de la planta y en esa vertiente le toca a la Secretaría de Economía determinar lo conducente», aclaró.
Navarrete Prida dijo que la comisión a su cargo está ordenando las 267 medidas que al igual que el seguimiento se hará público.
Refirió que se trata de una planta grande que estaba en expansión pues de mil 700 empleados estaba creciendo a siete mil 200, y a eso hay que acumular «un conflicto viejo, que tiene ya algunos años, sindical con los dueños de Grupo México y que esta también ha traído como consecuencia que baje la producción, lo cual no justifica que no se cumplan con las medias mínimas de seguridad e higiene y de condiciones generales de trabajo al interior».
Lo anterior, insistió no es excluyente, es simplemente explicable, y la empresa tiene que cumplir con las medidas que se han ordenado.
«Lo que nosotros detectamos como más grave es que no ha habido un monitoreo serio para la práctica de exámenes médicos a trabajadores ocupacionalmente expuestos y hay evidencia documental de que no han hecho una sustitución de equipos de protección, ni han exhibido un estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas que se utilizan al interior de la planta y la presentación de un estudio que tiene que hacerse para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas presentes ya en el centro de trabajo.
«Si esto no lo presentan a la brevedad, junto con las medidas que la Profepa les ha determinado del plan de remediación ambiental, si serían causas muy graves con respecto al otorgamiento de la concesión», advirtió.
mej
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