Un accidente -y no el error humano- estuvo detrás del derrame de más de 40,000 metros cúbicos de solución de cobre al arroyo Tinajas y a los ríos Bacanuchi y Sonora, en las instalaciones de la mina de Buenavista, de Grupo México.
Han pasado 70 días del suceso y los directivos de la empresa de Germán Larrea siguen con la chequera abierta, para atender las necesidades de los pobladores de la región afectada, al tiempo de que rechazan las “acciones punitivas” anunciadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Esta historia oficialmente comenzó a escribirse la tarde del pasado viernes 8 de agosto, cuando Víctor Andrés del Castillo Alarcón, supervisor de medio ambiente de Grupo México, notificó a la delegación estatal de la Profepa del incidente ocurrido en el represo Tinaja 1, en el interior de la mina, ubicada en Cananea.
“Aproximadamente a las 10 de la mañana del 6 de agosto se detecta un lagrimeo de solución de cobre en el sobrederrame del represo poniente que forma parte del nuevo sistema de lixiviación ‘tinajas’ y que conecta con el represo Tinaja 1, ocasionado por un incremento del nivel, por exceso de agua pluvial y escorrentías provenientes de aguas arriba”, avisó del Castillo, en su reporte, fechado el jueves 7.
Desde las primeras indagatorias, los peritos de la Profepa detectaron que el sistema hidráulico construido para desfogar los excedentes hacia el represo Tinaja 1 estaba inutilizado por obras de mantenimiento, y esa fue la causa principal del derrame. “El tubo o conducto se encontraba abierto, de tal manera que el fluido se salió sin control hacia el cauce del arroyo”, según consta en el oficio PFPA/32.5/2C.27.1/1093-14, que fue la primera notificación de la autoridad a Grupo México, hace dos meses.
Buenavista del Cobre se vio obligada a suspender actividades en esa zona de la mina, -denominada “de nuevos proyectos”-, aunque no se vio afectada la producción de cobre en las instalaciones en operación. Antes, la empresa había desplegado a cuadrillas de trabajadores para levantar un bordo de contención en el arroyo Rastritas y colocar en varios tramos, hasta Tahuichopa, 250 toneladas de caliza, así como 30,000 litros de lechada de cal.
El 12 de agosto, la Profepa concedió un mes de gracia a Grupo México para realizar la evaluación de los daños ambientales y comenzar su remediación “a través de personal de reconocida experiencia o instituciones educativas o de investigación relacionadas con la materia ambiental”. Entre el 20 y el 27 de agosto, en primera instancia, y después entre el 10 y el 14 de septiembre, inspectores de la Profepa especializados en impacto ambiental, manejo de residuos peligrosos y en atmósfera acudieron a Buenavista.
La empresa procedió a la limpieza de los cauces del arroyo Tinajas y de los ríos Bacanuchi y Sonora y mientras la autoridad ambiental termina con la verificación del cumplimiento de estas tareas, el procurador Guillermo Haro Bélchez estuvo en Hermosillo, para cumplir con una gira de trabajo. El funcionario peñista concedió audiencia a directivos de Buenavista del Cobre, quienes le presentaron un reporte sobre el cumplimiento de la primera fase de limpieza y recolección de desechos contaminantes a lo largo de los cauces del arroyo Tinajas, del río Bacanuchi y del río Sonora. Y reiteraron que presentarán los resultados de la caracterización del sitio afectado en el plazo fijado, que vence dentro de 10 días.
En la víspera, la autoridad ambiental había notificado de los tres acuerdos de emplazamiento derivados de las visitas de inspección. Y en curso está un cuarto procedimiento administrativo, a cargo de Jorge Carlos Flores Monge, delegado de la Profepa en Sonora.
Para el manejo de esta crisis, la empresa de Germán Larrea se alejó de los esquemas tradicionales y además de la asesoría de Zimat Comunicaciones, de Bruno Newman, recurrió a comunicólogos formados en el calderonismo y al cabildeo de Andrés Antonius, presidente de la firma Plan B, cuyos buenos oficios con legisladores y la cúpula peñista lograron frenar la embestida contra la minera.
Aunque es sólo un asunto de tiempo: la Profepa podrá imponer por cada infracción cometida una multa de más de tres millones de pesos. Y la PGR continúa en el proceso de integrar la averiguación previa, para consignar a los responsables del mayor delito por daño ambiental cometido en la historia contemporánea.
EFECTOS SECUNDARIOS
BLOQUEADOS. “De manera informal”, en la capital panameña, sesionó un grupo de empresarios centroamericanos, concesionarios de televisoras de paga, con el único objetivo de construir un frente común para enfrentar las “ventas atadas” y las “prácticas de discriminación de precios” implementadas por los proveedores de contenidos transnacionales, como Disney-ESPB, FOX Networks, Discovery Networks y Televisa Networks. Entre los asistentes estuvieron: Roy Salazar y Carlos Leyva, de Costa Rica; Juan Carlos Espinoza, Rogelio Deras, Carlos Francon y Roberto Milla, de El Salvador; Bader Dipp, de Honduras, y Salomón Padilla, de México, quienes también se quejaron por otro fenómeno: la transmisión forzosa de comerciales vendidos e insertados por el programador, sin que los operadores accedan a descuentos.
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