En Jalisco, Colima y Michoacán, el crimen organizado ha entrado al lucrativo negocio de la explotación de hierro, dejando pasivos ambientales y sociales
Por Alejandra Guillén. Primera de dos partes
27 de noviembre de 2012.- A la Sierra de Manantlán entraron armados. Tiraron árboles. Abrieron brecha. Avanzaron camiones gigantes. Inmensos. Como para cargar pedazos de cerros. Los traxcavos llegaron a los límites de la Reserva de la Biosfera, metieron máquinas, arañaron la tierra, la reventaron, encontraron hierro y lo treparon por toneladas a las tolvas.
La escena se repitió en varias ocasiones en los alrededores del Área Natural Protegida, especialmente en 2010 y 2011. Los mismos años en que se registró la misma problemática en municipios como La Huerta, Pihuamo y Cuautitlán de García de Barragán, Jalisco; en Minatitlán, Colima; y en la sierra de Michoacán.
La mayor parte del hierro extraído de manera ilegal ha salido por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, con destino a China, el país que en el mundo más consume este metal.
Todo empezó con la crisis financiera global de 2008: el precio de los minerales escaló a la estratósfera y empresas trasnacionales escanearon el mundo para encontrar países con yacimientos atractivos y legislaciones flexibles. México cumplió con los requisitos. Así que originarios del dragón asiático llegaron por el Pacífico mexicano para embarcar miles de toneladas de hierro con rumbo a los puertos chinos Qingdao y Tianjin.
“Ellos vienen con dinero, mucho, compran todo sin importar de dónde se sacó”, cuenta un joven que tiene un patio a poca distancia del puerto de Manzanillo, Colima. En patios como ese el metal se almacena para embarcarse al extranjero.
Con estos ríos de dinero, la codicia se activó y provocó un boom de minería ilegal.
En 2008 se escucharon los primeros casos de explotación ilegal en Jalisco: en Tapalpa, los habitantes detectaron que por el Pueblo Mágico pasaban camiones (traxcavos mano de chango marca Caterpiller) cargados de pedacera de cerro desgajado, que contenía hierro cotizado en millones de pesos en el mercado legal.
Cuautitlán de García de Barragán también recibió denuncias de los nahuas, quienes frenaron la entrada de una empresa china que había comenzado a explotar sus tierras de manera ilícita.
El panorama se complicó en 2010 y 2011, cuando comenzaron a detectarse grupos armados que extraían minerales para venderlos al país asiático.
El ejemplo más mediático fue en octubre de 2010, con la detención de cuatro integrantes del cártel La Familia, por exportar a China un millón 100 mil toneladas de hierro ilegal por un valor de 42 millones de dólares.
El boletín que en esa fecha envió la Procuraduría General de la República (PGR) acusaba a este cártel de tener relaciones comerciales con por lo menos tres importantes empresas internacionales establecidas en México y dedicadas a la exportación del mineral hacia el país asiático.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) detectó que se trataba de una red internacional de lavado de dinero. Cuando los detuvieron, los cuatro integrantes del cártel portaban armas producidas en China, un rifle de asalto con la leyenda “la Mafia no perdona” y una pistola con la palabra “Killa”.
Fotos: Armas chinas aseguradas por la PGR a presuntos integrantes de La Familia
El subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Sergio Herrera Torres, señala que en 2010 y 2011 se exportaron cuatro millones anuales de hierro desde los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, y en menor medida de Topolobampo, Sinaloa.
“Detectamos que la mayor parte de lo que se fue (a Asia) era ilegal, que se había extraído sin contar con cambios de uso de suelo ni autorización de impacto ambiental. Incluso no tenían ni siquiera los títulos de las concesiones y aun así se pudo vender a otros países”.
La PGR tiene cuatro investigaciones por extracción ilegal de hierro en el municipio de Colima (entre 2010 y 2012) y una en Michoacán del año 2010, de acuerdo con la solicitud de transparencia 0001700132212 formulada a la dependencia federal.
La minería ilícita echa raíces
El despojo a causa de las ambiciones que despierta la minería ya es costumbre vieja. Tan vieja como la época colonial en América.
La diferencia es que antes llegaban con barras, picos y marros, no con explosivos y máquinas devoradoras de cerros, se quejaba en enero de 2008 el comunero Lino Roblada Flores, de la comunidad de Ayotitlán, en Cuautitlán de García de Barragán, Jalisco, a propósito de que un día de buenas a primeras se metieron a sus tierras en busca de minerales y a cambio le dejaron árboles muertos, suelo sin vida, rocas revolcadas, un río muerto y rabia en toda la comunidad.
Lino Roblada muestra los daños a su predio. Foto: La Jornada
El desastre lo ordenó la empresa Gan-Bo Comercializadora Internacional de Minas, que días después quiso negociar directamente con el nahua Roblado Flores, pidiéndole que firmara un convenio en chino, ¡en chino mandarín! La comunidad indígena de Ayotitlán se sulfuró aún más y demandó por despojo.
Un año después, la misma empresa solicitó otras concesiones mineras en la misma región nahua, pero en el ejido Tequesquitlán. La Secretaría de Economía (SE) las otorgó sin ningún obstáculo, a pesar de que Gan-Bo nunca reparó el daño del predio de Lino Roblada.
La compañía del chino Liantuan Wu volvió a la zona serrana, incluso con dos autorizaciones de abril de 2012, una para exploración y otra del cambio de uso de suelo. En el expediente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se incluye el pago del trámite, por 46 mil 687 pesos, y un convenio de arrendamiento por el lote conocido como El Ratón.
El ejidatario con el que “negoció” no sabe leer y escribir. Sólo aparecen sus huellas dactilares que “autorizan” la transacción de siete mil pesos al mes a cambio de que acaben con sus tierras para extraer hierro. Es decir: el campesino recibiría unos cuantos miles de pesos por un par de años y ni un solo ser vivo le quedaría entre tanto desecho minero, pues esta actividad deja inerte la tierra por cientos de años.
Aunque la empresa cuenta con los permisos ambientales, en lo agrario hay irregularidades, ya que ningún ejidatario puede otorgar un permiso de este tipo; se necesita la autorización de la Asamblea, la máxima autoridad agraria.
Y es que la ilegalidad en la minería se da tanto por no contar con la concesión minera o con los permisos ambientales, como por despojar a las comunidades de su territorio.
La Cámara Minera de México (Camimex) menciona en su Informe anual 2012 que hasta hace un par de años no había problemas de minería ilícita o se encontraba muy focalizada; sin embargo, a raíz de los altos precios alcanzados en las cotizaciones de los metales, “esta mala práctica” ha venido creciendo en la minería del carbón (en el Norte del país) y del fierro.
En Jalisco, dicha práctica es común en el Eje Volcánico Transversal y en la Sierra Madre del Sur, ya que es donde se encuentra la mayor parte de los depósitos férreos en el país.
En esta región, la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán es la más cotizada: a mayor riqueza biológica, mayor posibilidad de tesoros férreos.
En junio de 2011 la delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró una mina en el área de amortiguamiento de la Reserva del Área Natural Protegida, en el ejido El Terrero, en Tolimán.
La dependencia nunca había tenido tantos procedimientos administrativos por minería como en ese año. Entre los años 2000 y 2005 sólo registró tres casos, en 2006 hubo tres y en 2007 aumentó a cuatro expedientes. El siguiente año subió a seis, en 2009 llegó a nueve; en 2010, cinco; y en 2011 se abrieron 11 expedientes, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de transparencia 1613100061311.
De esta última cifra, tres fueron en Cuautitlán de García de Barragán, donde se encuentra la mayor parte de la Reserva de la Biosfera.
Foto: Profepa / Clausura a mina ilegal en El Terrero
En Manzanillo, Colima, circulan todos los días camiones (con tolvas) repletos de mineral. En las colonias de los alrededores hay cerca de 50 patios en los que se tritura y se almacena el hierro, pero en la mayoría no informan para qué empresa trabajan o el origen del material.
Una vez cargadas las tolvas, cruzan la aduana y descargan el producto en alguna de las tres grandes terminales portuarias. El producto ya procesado puede trasladarse a granel o en contenedores y tarda alrededor de 15 días en llegar a China.
El mercado asiático es tan importante que por la zona hotelera se ven más escuelas de aprendizaje de chino mandarín que de inglés.
–¿Hay muchos chinos por aquí?
–¡Uhhh! tamos llenos… ya tienen varios años por acá– responde el trabajador de uno de los patios cercanos a la aduana.
“Los chiquillos malos” brincan a la minería
Mientras que el Gobierno federal presume que este año habrá una inversión récord de más de mil millones de dólares en el sector minero, los empresarios comienzan a angustiarse por la incursión del crimen organizado en esta actividad económica.
Además de ser un negocio millonario, permite lavar dinero, se realiza en zonas apartadas (donde se complica la entrada de las autoridades) y es una actividad menos perseguida que el trasiego de drogas.
El hierro además se vende más fácil que el oro y la plata, porque requiere menos procesos químicos.
Un empresario local relata que antes “los chiquillos malos” sólo pedían que se respetaran los plantíos. Cada quien en su negocio, advertían.
“Pero la cosa se ha puesto tan fea que muchos costaleros tuvieron que empezar a huir y vieron que en los minerales podían encontrar dinero rápido y fácil. Algunos solo piden cuota, pero otros han visto que ellos mismos pueden tener el negocio, así que roban maquinaria y explotan a la mala”.
Un comerciante de Manzanillo confirma que el crimen organizado está “metidísimo” en este mercado, principalmente en Pihuamo, Jalisco, en la sierra de Michoacán y en Colima.
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El portal de periodismo de investigación In Sight Crime (Organized Crime in the Americas) publicó el 17 de julio pasado que en los últimos años los cárteles han comenzado a incursionar en la industria minera.
El secuestro de trabajadores y la extorsión les representa 37 mil dólares (casi medio millón de pesos) mensuales en cuotas de seguridad a cada una de las empresas y el robo de los recursos para vender en el mercado negro.
El 1 de mayo pasado el diario nacional Excélsior publicó que los cárteles de la droga en México ahora abarcan el robo de oro y plata para usarlo como moneda de cambio entre organizaciones trasnacionales, así como para elaborar joyas y armas, y lavar dinero.
La fuente de la nota es la PGR e informa que de 2008 a 2011 han consignado a 163 personas por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El 31 de julio de 2012 el Centro de Investigación Periodística Chile (Ciper) publicó una serie sobre la industria minera en Colombia, en la que la periodista María Teresa Ronderos da cuenta de cómo grupos paramilitares y el narcotráfico han incursionado en el negocio minero. El mismo fenómeno se comienza a resentir en México.
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“Los que nos dedicamos a esto sabemos que los chiquillos malos siempre van a llegar a pedir su cuota”, relata un minero local que incluso ha tenido que abandonar yacimientos por las amenazas de secuestro y extorsión de algunos grupos criminales. Cuenta que a cada lugar al que llega, “ya sabemos que tenemos que negociar con los ‘dueños’ de la plaza para que nos dejen trabajar”.
En Jalisco hay zonas del Sureste, del Norte y de la Costa Sur donde algunos empresarios formales de plano ni entran, aunque tengan yacimientos millonarios. En los sitios donde sí es posible, negocian con los grupos criminales el pago de “cuota” de un dólar por tonelada (aunque hay versiones de que llegan a pedir tres dólares por tonelada).
El mismo empresario cuenta que integrantes del cártel que controla la zona limítrofe de Jalisco y Michoacán le han pedido que además del “impuesto” por dejarlo trabajar, les dé empleo a las comunidades donde se explotarán minerales. “Por eso los quiere la gente, a veces el narco los protege más que las autoridades, desafortunadamente”, lamenta.
Minas importantes como El Encino, en Pihuamo, Jalisco, extraen dos mil 500 toneladas al día, revela el Panorama Minero de Colima 2011 que publica la Secretaría de Economía. Suponiendo que una empresa que opera en ese municipio pagara “derecho de piso”, el monto sería de mil 500 dólares diarios (casi 20 mil pesos).
Ante el riesgo que implica entrar a zonas aisladas de centros urbanos y trasladar los minerales, las grandes empresas comienzan a contratar elementos de seguridad privada.
Un ex transportista, que ahora vive en Manzanillo, afirma que los camiones de hierro casi siempre van escoltados por grupos armados hasta los dientes.
“Yo era chofer, pero me salí de ese negocio porque ya me sacaron varios sustitos, me han robado toda la carga en tres ocasiones; la última vez nos pararon unos fulanos en el ‘Triángulo de las Bermudas’ (por la carretera a Ciudad Guzmán, a la altura de las gasolinerías Las Cuatas, en Tlajomulco) y me dejaron amarrado a un árbol, con la boca tapada con cinta canela. Ya sentía que no la hacía… Me encontraron allá por Poncitlán, de milagro me dejaron vivir. Y ya no quiero volverme a arriesgar”.
A los “fleteros” se les paga un dólar por tonelada por kilómetro de transportación, porque su trabajo es considerado el más peligroso en esta cadena de producción minera.
“Son los más extorsionados. Sabemos de casos en el Sureste de Jalisco y los municipios colindantes de Michoacán de robos de góndolas y asesinatos de algunos fleteros. Entonces resulta que también comienzan a controlar el traslado a los puertos”, revela el ex transportista.
El hierro que le interesa a China es justamente el que se extrae de zonas cercanas a los puertos, porque la transportación eleva los costos. Hay productos como la barita, que se usa en la explotación petrolera, que sale por algún puerto del Pacífico y se envía por Panamá con rumbo a Veracruz, ya que sale más barato y menos peligroso que transportarlo por tierra en México.
México, inseguro para la minería
La Cámara Minera Mexicana plantea en su informe de 2012 que uno de los mayores retos que enfrentan los empresarios mineros es la “inseguridad”, por tratarse de una actividad que mayormente se realiza en zonas apartadas de las ciudades. “La exploración minera es uno de los sectores industriales más vulnerables ante el crimen organizado”.
En 2011, el sector gastó 74 millones de pesos en seguridad y este 2012 prevén que será de 107 millones de pesos.
El Fraser Institute, publica cada año el informe denominado Survey of Mining, informe que indica los países donde hay mayor seguridad física (se consideran las amenazas de grupos de ataque: terroristas, criminales, guerrilleros, etcétera). Desde 2010, México salió mal parado en el número 67 de 79 países, lista que encabeza Suecia como el más seguro para invertir. En 2011, la situación se agravó y pasamos al número 85 de 93 posiciones, incluso por debajo de Colombia.
