La práctica de la minería tiene consecuencias positivas y negativas, como toda actividad industrial extractiva, pero en nuestro país esta práctica es ejercida con leyes a modo en el mejor de los casos y, en otros, violando toda legalidad. La experiencia en la minería terrestre ha sido desastrosa a lo largo de nuestra historia y ha tenido un altísimo costo social y medioambiental, sólo comparable con las riquezas que les ha generado a unos cuantos empresarios nacionales y a las grandes trasnacionales, sobre todo a las canadienses que en los últimos años han acaparado ese rubro. Si lo anterior ha sido la cotidianidad de la minería terrestre, para la cual se tienen ciertas consideraciones en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se cuenta con la Ley Minera de 1992 (aunque ésta fue confeccionada muy a modo para permitir la entrada de las trasnacionales y que éstas practicaran una minería a gran escala), por sentido común debemos prever un escenario más catastrófico en el rubro de la minería submarina, pues esta práctica no está específicamente legislada en México. Por lo anterior, el trabajo periodístico en este tema es fundamental, pues si el gobierno desconoce la materia y su práctica aún no está legislada es muy conveniente que en un asunto de tal envergadura se tomen en cuenta todas las voces concernientes; y es aquí donde el trabajo de un reportero y su medio de comunicación son fundamentales para la comunidad y para el gobierno mismo.
