“Seré pobre, seré analfabeta, pero yo sé que nuestras lagunas realmente son nuestros tesoros” (Maxima Acuña de Chaupe”

Maxima vive en Tragadero Grande, una pequeña comunidad en las altas montañas del distrito de Sorochuco, departamento de Cajamarca, norte de Perú. Su hogar es uno de los pocos que permanecen en la cercanía de la Laguna Azul. Maxima ha vivido ahí por los últimos veinte-cuatro años y ha sido propietaria del terreno desde 1994.

Desafortunadamente para Maxima, su terreno es deseado para el proyecto minero de oro y cobre, ‘Minas Conga’^[1] de la empresa minera Yanacocha, propiedad de Newmont Mining Corporation de los EE.UU., Compañía Minas Buenaventura del Perú y Banco Mundial^[2].

2014 comenzó para Maxima con mucha presencia de policías y trabajadores de la mina quienes regularmente se posesionaban afuera de su hogar, grabándola en sus actividades cotidianas. En numerosas veces, policías armados entraron a su propiedad para decirle que debería salir de ahí o para prevenir que cultive la tierra, alegando que era terreno de Yanacocha. Adicionalmente, Maxima recibió una amenaza de muerte a su celular personal “sal de tu propiedad o te matarán’. El 26 de enero ella fue acorralada por tres miembros de la comunidad quienes la amenazaron ‘no hables a la gente sobre la minería’.

Pero Maxima hizo lo contrario, y en marzo 2014 ella viajo acompañada de su hija mayor Ysidora a Francia, Suiza y Bélgica donde juntas denunciaron frente a la Comisión Europea, las Naciones Unidas y organizaciones de apoyo como Amnistía Internacional, sus experiencias de atentados desalojos forzosos, violencia física, y acoso por representantes del estado y de la empresa. Además, como miembros de la Red ULAM, Maxima e Ysidora también hablaron sobre la situación de mujeres defensoras de la región quienes están siendo perseguidas por solo defender la tierra, el agua y los derechos humanos de los impactos de la industria extractiva.

Al regresar a Perú, Máxima tuvo que enfrentar el rechazo de su comunidad, con el único bus entre la comunidad y la cuidad negándole sus servicios ya que al viajar con Maxima significaba estar expuesto a demoras en las tranqueras establecidas por Policías y ‘falsos’ ronderos. Maxima alega que estas tranqueras monitorean sus movimientos y en ocasiones han detenido a personas quienes la acompañaban para prevenir que su situación se difunda. Al no poder movilizarse en bus, Maxima estuvo expuesta a más riesgos teniendo que caminar seis horas para llegar a la ciudad más cercana donde podía tomar otro carro a Celendin o Cajamarca, para asistir audiencias, vender su productos o visitar a familiares.

En agosto 2014, el caso legal lanzado por Yanacocha en contra de la familia inició por una segunda vez[3]. Lleno de lagunas y de postergaciones de audiencias, las vidas de los miembros de la familia fueron perjudicadas dado a que el proceso legal no los dejaba planificar su futuro o comprometerse a un trabajo. Maxima no podía tejer ya que sus días se desperdiciaban viajando a las audiencias. Esta situación continuó hasta noviembre cuando la Corte Unipersonal de Celendin falló en contra de la familia, declarándolos culpables del uso de violencia para ocupar el terreno de la empresa minera. Maxima y su familia fueron sentenciados a dos años y ocho meses de prisión suspendida, pagar los gastos del proceso legal, pagar reparación de 5,500 soles a la empresa minera y a salir del terreno – en efecto dejándolos en la calle.

Maxima y su familia inmediatamente apelaron la sentencia en la Corte de Justicia de Cajamarca. Durante este periodo de alta incertidumbre, la salud de Maxima y de su familia empeoró como resultado de la continua presión psicológica. Aparte de dolores crónicos en el cuerpo y en la cabeza, Maxima ya no podía dormir y hasta en una ocasión se desmayó.

Finalmente, el 17 de diciembre la corte declaró a Maxima y a su familia inocentes y los hechos estipulados por Yanacocha falsos. Aunque la familia esperaba que esto sea el final de la larga lucha y que el estado Peruano y la empresa minera transnacional respeten la decisión de la corte, la empresa mantiene que el terreno es propiedad de ellos[4] y sus abogados presentaron un recurso de casación. Aún peor, Maxima reporta que martes 20 de enero 2015, quince policías armados y personal de la empresa privada de seguridad ‘Securitas’ de Yanacocha entraron a su terreno sin permiso, alegando que era propiedad de Yanacocha.

Maxima afirma que ella seguirá adelante hasta que sus derechos sean respetados.

Por ser votada la ‘Defensora del Año 2014’, ULAM entregará a Maxima una pequeña contribución económica y facilitará la producción de un cortometraje sobre su lucha.

ULAM es una red de grupos de mujeres de base de distintos países de America Latina. Nosotros aplaudemos a Maxima y seguiremos apoyándola a ella en su defensa de los derechos humanos y justicia. La empresa Yanacocha continua con sus planes para el proyecto Minas Conga, sin re-evaluar su impacto en las comunidades que serán afectadas, y en particular en las mujeres. Aún más, la empresa todavía no ha ofrecido a Maxima y a su familia reparación apropiada por los impactos negativos que les han ocasionado en los últimos años.

La ‘Defensora del Año’ es una iniciativa de ULAM para difundir las luchas de mujeres Defensoras de la tierra, agua y derechos humanos de los impactos de la industria extractiva. Cada mes publicamos un perfil de una Mujer Defensora de Derechos Humanos quien esta en peligro por solo defender sus derechos. Para más información, por favor visitar www.redulam.org

[1] Expansión del proyecto de oro Yanacocha, mina de oro mas grande en Sur America.

[2] 51.35 por ciento propiedad de la Estaudinense Newmont, 43.65 por ciento de la Peruana Minas Buenaventura, y 5 por ciento del Banco Mundial.

[3] Following the dismissal of the first trial as the previous judgement containing contained errors of law and fact and that it had ignored the consideration of fundamental evidence that was favourable to the family. First victory for the Chaupe Family! , Congaconflict.wordpress, 2013

[4] Wilby Cáceres, gerente de asuntos legales de la empresa “Consideramos que en el proceso obran pruebas contundentes que demuestran que Yanacocha es legítima propietaria y posesionaria de los terrenos en litigio” grufidesinfo.blogspot.com

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ENGLISH VERSION

ULAM’s Defender of the Year 2014: Maxima Acuña de Chaupe

Maxima Acuña de Chaupe has been voted ULAM’s Defender of 2014. The public, from seventeen countries across five continents read the stories of valiant Women Defenders nominated from across Latin America and chose Maxima as their Defender of the Year.

Maxima, whose name throughout Peru has become synonymous with strength and resilience in ‘La Defensa de los derechos’ endured a challenging 2014. She received death threats, was subject to regular intimidation and surveillance by DINOES (Special Division of the National Police) and fought a lengthy court battle where Yanacocha Mining Company accused her and her family of ‘aggravated usurpation’. Facing these threats, many would have faltered but Maxima has shown great courage and has continued in her fight to protect the land and water so crucial to the survival of her family and of many others in the region.

“I may be poor. I may be illiterate, but I know that our mountain lakes are our real treasure” (Maxima Acuña de Chaupe)

Maxima lives in Tragadero Grande, a small community high in the hills of the Sorochuco district, in the department of Cajamarca, Northern Peru. Her family home is one of the few remaining houses opposite the Blue Laguna. She has lived there for the past twenty-four years and has owned the land since 1994.

Unfortunately for Maxima, her land is wanted for ‘Minas Conga’, a gold and copper mining project^[1] of the Yanacocha Mining Company, majority owned by US-based Newmont Mining Corporation and backed by the Peruvian ‘Compañia de Minas Buenaventura’ and the World Bank^[2].

2014 began for Maxima, with a high presence of police and mine workers who regularly positioned themselves outside of her isolated home. They frequently filmed her as she carried out her daily activities. On numerous occasions, Police entered her property telling her to leave and to stop sowing the land, the family’s source of income. In addition Maxima received an anonymous death threat, telling her “leave your property or be killed”. On the 26^th January she was cornered by three community members who threatened her “not to speak to people about mining”.

Maxima did the opposite, in March 2014, she travelled alongside her eldest daughter Ysidora to France, Switzerland and Belgium, where she addressed the European Commission, representatives of the United Nations and various organisations including Amnesty International. She denounced her own experiences of attempted forced evictions, physical assault and intimidation by personnel of both the State and the Company. As a member of ULAM she also spoke on behalf of the many defenders throughout the region who are facing persecution due to their defence of land, water and human rights from the impacts of the extractive industry.

When Maxima returned to Peru she was confronted with rejection from her community, with the only bus that went from the city to her home refusing to transport her. This was a result of community members not wanting their trip to be delayed as travelling with Maxima meant that the bus would be stopped at checkpoints set up by police and ‘false’ ronderos. Maxima claimed that the checkpoints monitored her movements and stopped anyone who accompanied her in an attempt to limit the exposure of her situation. This further isolated Maxima and exposed her to more risks as for many months she was forced to walk for six hours to reach the nearest town where she could get a bus to Celendin or Cajamarca, to attend court hearings, sell her products or visit her family.

In August 2014, Maxima and her family were once again forced to defend their innocence in court, as the legal proceedings launched by Yanacocha against the family began for a second time[3]. Flooded with legal loopholes and hearing re-schedules, the family’s lives and financial income was severely disrupted, as they could not plan ahead or commit to employment. Maxima could no longer make her garments as she wasted days travelling to the court hearings. This situation dragged on until November when the Unipersonal Court of Celendin ruled against the family, declaring them guilty of using violence to strip the land from the mining company. Maxima and her family were given a suspended prison term of two years and eight months, ordered to pay the costs of proceedings, a civil reparation of 5, 500 Soles to the mining company and to vacate the plot of land –which would in effect render the family homeless.

Maxima and her family appealed the decision at the Court of Justice of Cajamarca. During this uncertain time, the health of Maxima and her family took a toll as a result of the continuous psychological strain caused on them. After many month of complaining about bodily pains, Maxima could no longer sleep and fainted on one occasion.

Finally, on the 17^th December the court cleared Maxima and her family of all charges and acknowledged that none of the acts alleged by Yanacocha Mining Company took place. Although the family hopes that this will be the end of Maxima’s ordeal and that the transnational mining company and the Peruvian state will respect the court’s decision, the company maintains that the land is theirs[4] and its lawyers have filed an appeal. Even worse, Maxima reports that she continues to be regularly recorded and monitored by mining staff and that on 20th January 2015, fifteen armed police and personnel from Securitas, Yanacocha private security company entered her land . Telling her to stop working the land and intimidating both her and her husband who feared that they would be attacked.

Maxima confirms that she will continue until her rights are respected. You can hear her appreciation of the votes here:

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