México, DF. Integrantes de la misión internacional y nacional de observación sobre el caso de la explotación minera en la comunidad indígena nahua de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, denunciaron que elementos de la policía estatal y judicial junto con un grupo de cerca de 30 personas siguen bloqueando la carretera estatal por la que se accede a dicho lugar, lo que impide que lleven a cabo su labor.
Dicha acción, asentaron en un comunicado urgente, “constata la acción cómplice del gobierno del estado y la impunidad con que el grupo minoritario ejerce ilegalidades y delitos federales con el apoyo y protección de ese gobierno. En otras circunstancias y ante grupos de población que no le sean afectos, el gobierno no hubiera dudado en aplicar la ley, por lo que se evidencia la doble cara en el ejercicio del Estado de Derecho”.
Los observadores expusieron que informaron con anterioridad a las autoridades estatales de su visita, sin embargo los uniformados – cerca policías y judiciales que llegaron a bordo de 20 vehículos-permanecen en el lugar sin intervenir para “hacer cumplir el derecho de libre tránsito, y atestiguaron las agresiones físicas y verbales contra los integrantes de la misión de observación”.
“La omisión y comisión de los actos de autoridad de la policía y del representante del gobierno del estado que se apersonó, demuestran fehacientemente su complicidad en contra de la decisión mayoritaria de la población de Zacualpan, que se ha opuesto sistemáticamente y en diversas instancias a la apertura de una mina a tajo abierto en su territorio y también por el control del balneario Ojo de Agua”, expusieron.
Agregaron que la situación revela que el problema “no reside en una lucha interna de la comunidad sino en el apoyo gubernamental a un grupo minoritario que le confiere impunidad a sus acciones delictivas”.
Los ejidatarios destituyeron a Carlos Guzmán Teodoro como representante de la comunidad, y nombraron a Taurino Rincón Lorenzo Lucio Santos Olivares y Gregorio Fuentes Guzmán como sus representantes, y quienes también reclamaron a las autoridades estatales la “protección” que brindan a dicho grupo.
Los integrantes de la misión asentaron que intentaron dialogar con el grupo que bloquea el acceso a la comunidad pero a cambio recibieron “insultos y dos de ellos fueron agredidos físicamente”,sin que los policías ni judiciales intervinieran. Exigieron al gobierno estatal brinde las garantías suficientes y necesarias para el libre tránsito de la misión y cumpla con lo que marca la ley.
El factor de tensión, explicaron, es debido a la pretensión de la apertura de una mina de tajo abierto, a la cual se oponen la mayoría de los ejidatarios por la contaminación que ello genera.
